Desencuentros

Leo a Javier Marías y me preocupa saber que los sucesivos Gobiernos en España hayan aplicado en miles de casos la Ley de Indultos de 1870 por la que se da potestad al poder ejecutivo para indultar discrecionalmente al convicto que se le antoje. Si eso es así, si unimos este hecho al de la lentitud de la justicia –que predispone al olvido público de las causas judiciales–, me parece que va a ser difícil que todos estos casos de corrupción que nos asaltan a diario puedan llegar a una condena para que al menos nos sintamos arropados por la ley y el derecho: el que roba, defrauda, malversa fondos públicos, extorsiona o utiliza el tráfico de influencias desde las más altas magistraturas del poder debería ser castigado para que cunda el ejemplo… pero si los ciudadanos tenemos que esperar la resolución de largos juicios que al final vayan abocados, en los casos que el Gobierno determine, a un indulto, apaga y vámonos. En todos los casos que se nos vienen a la cabeza, el Gobierno actual tendrá que tener especial cuidado en medir las consecuencias de un eventual indulto porque a los ciudadanos solo les faltaría ya la mera sospecha de no estar protegidos por un sistema judicial justo para tirar la toalla y cambiar de país o languidecer.