Por sus obras les conoceréis

Una forma, la más objetiva probablemente, de evaluar la reforma laboral consiste en exponer sus resultados y examinar la correspondencia de estos con sus pretensiones iniciales; ni la exposición ni la comparación arrojan conclusiones halagüeñas. La EPA del cuarto trimestre ha superado los peores pronósticos: la destrucción de empleo, de 363.000 personas, es la más abultada de las registradas en un cuarto trimestre desde 2009; la ocupación baja ya a niveles de 2004, por debajo de los 17 millones, con el correspondiente y doloroso impacto sobre las cuentas de la Seguridad Social. La tasa de desempleo está ya en el 26% y probablemente aumentará hasta el 27% en este trimestre, mientras sigue creciendo el desempleo de larga duración.

Como era previsible, a corto plazo la reforma ha traído más desempleo, hasta rozar los seis millones de parados, mal que le pese al presidente de la patronal, Joan Rosell, un abaratamiento del despido y una presión añadida para reducir los salarios, una función esta última que solo será beneficiosa para aumentar el empleo en el momento que se inicie la recuperación económica, no antes. Pero, a cambio, no hay muestra alguna de que haya descendido la dualidad del mercado de trabajo, que se supone era otro de los objetivos del cambio legislativo. La tasa de temporalidad es pertinaz. Ahora no es inferior a 2007, cuando la construcción residencial estaba en su apogeo. El número de contratos indefinidos sigue sin aumentar (entre otras cosas porque el empleo fijo no es función directa de la flexibilidad legal) y los empleados temporales siguen cargando con un volumen mayor de despidos. No debe olvidarse tampoco que un mal diseño legal de la nueva norma ha elevado considerablemente la litigiosidad. Con demasiada frecuencia, las supuestas ventajas que obtienen las empresas de un despido más barato (porque de eso se trataba) se pierden en los tribunales, en tiempo y en dinero.

El examen anterior bastaría para confirmar con hechos los análisis más escépticos que se hicieron sobre los beneficios de la reforma laboral en el momento de su aprobación. Había y hay una objeción de orden político: el cambio sustancial para aspirar a una recuperación económica es la recuperación del crédito, es decir, la reforma financiera; el retraso en aplicarla condiciona el momento de la reactivación económica. Por definición, una reforma laboral no crea empleo, como ha acabado admitiendo (a regañadientes) el equipo económico de Rajoy. La condición fundamental para generar empleo está en el buen funcionamiento del sistema financiero.

La conclusión es que el balance de la reforma laboral no es bueno; es imposible sustraerse al crecimiento continuo del paro, al crecimiento avasallador del desempleo juvenil. Los problemas del mercado laboral permanecen enquistados donde estaban antes de la reforma y aunque se sabe el modo de atajarlos no se ha dado con la clave de compaginar una política monocorde de austeridad a la alemana con una acción inversora contundente para favorecer el empleo juvenil. Hoy como ayer el mejor tratamiento para crear puestos de trabajo en recesión es un plan inversor de choque. Con dinero europeo, porque los recursos públicos españoles brillan por su ausencia.