Diálogo de verdad

En el balance que hizo de su primer año de Gobierno, Mariano Rajoy apeló ayer a la “comprensión y solidaridad de los ciudadanos” ante las duras medidas que ha tenido que tomar para evitar “la quiebra de España”. Es un cambio de tono que se agradece: muestra que es consciente del sufrimiento que esas medidas están causando. Rajoy insistió en que eran inevitables, dada la grave situación heredada. El problema es que cuanto más tiempo pasa, menos creíble resulta apelar a la herencia. El balance de un Gobierno tiene que basarse en los logros alcanzados en relación no solo a lo heredado, sino a los compromisos electorales. Y desde ese punto de vista, los resultados no son positivos. Con razón habló el presidente de 2013 como año muy difícil.

España está de nuevo en recesión y se han perdido otros 800.000 puestos de trabajo. Es cierto que el Gobierno recibió un déficit público del 9% hace un año y es creíble que, de no haber aplicado drásticos recortes, ahora podría ser, como dijo el presidente, del 11%, lo que sería insostenible. Pero la situación no ha mejorado como para encarar con tranquilidad la refinanciación de los 230.000 millones de deuda que vencerán en 2013. Y la resistencia a pedir un rescate obliga a las empresas a arrostrar un sobrecoste financiero que afecta a su competitividad y, en muchos casos, a su supervivencia. Con una política económica basada casi únicamente en la reducción del gasto, las Administraciones están abocadas a nuevos recortes que agravarán la crisis y que sufrirán con especial crudeza las autonomías. Rajoy fue tajante al afirmar que no tiene “ninguna intención” de suavizar los objetivos de déficit, lo que agravará otro frente que ha empeorado: la relación con el Gobierno de Cataluña y su órdago soberanista.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró ayer su oposición firme y de resistencia al cambio de modelo que, dijo, se está aplicando en educación y sanidad. Pero también ofreció su colaboración para afrontar la cuestión territorial. Rajoy se mostró dispuesto a dialogar con el presidente catalán, y lo propio hizo el portavoz de la Generalitat. Es urgente que todos lo hagan, pero sabiendo que dialogar es algo más que hablar: es estar dispuesto a ceder para llegar a encuentros. España afronta una crisis económica, un deterioro institucional y una fractura territorial que exigen algo más que retórica. El plazo de tres meses que ayer se dio Rajoy para consensuar cambios en el sistema de pensiones es un nuevo banco de pruebas en ese sentido.

Rajoy ha recurrido en exceso al decreto ley para eludir debates parlamentarios incómodos. La comparecencia de ayer no sustituye el debate de la nación que debería haberse celebrado en el Parlamento. Son demasiados, y demasiado graves, los problemas que afronta el país como para que el Gobierno pueda ignorar al resto de las fuerzas políticas. No es admisible que Gobierno y oposición sigan transitando por caminos paralelos que nunca o casi nunca se encuentran.