Vertidos y vertidos
Entre la catástrofe de BP en el golfo de México y la del 'Prestige' hay grandes diferencias de tiempos y de reparaciones
Las comparaciones son odiosas; pero inevitables. Cuando se ha sabido que la petrolera BP acepta los cargos que la justicia de Estados Unidos le imputa y está dispuesta a pagar 4.500 millones de dólares (3.500 millones de euros) más de uno habrá recordado el desastre del Prestige y el chapapote que contaminó las aguas y las costas de Galicia. Solo dos elementos, no menores, inclinan la balanza a favor del vertido del Prestige: el área contaminada fue menor que la causada por el accidente de BP en el golfo de México y aquí el desastre no se llevó por delante 11 vidas humanas. El resto de circunstancias es favorable al desastre de BP, lo que en términos generales puede quedar resumido en lo siguiente: las consecuencias las ha pagado y pagará, fundamentalmente, la empresa que lo causó, mientras que aquí, de momento, son los contribuyentes los que sufragaron el desaguisado.
La explosión de la plataforma de BP tuvo lugar hace poco más de dos años —el 20 de abril de 2010—. El acuerdo mediante el cual la petrolera va a desembolsar un mínimo de 3.500 millones llegará, por tanto, en un tiempo récord, habida cuenta de que el Prestige se hundió hace ya 10 años —el 13 de noviembre de 2002— y solo ahora acaba de empezar el juicio.
BP es una de las petroleras más potentes del mundo, pero tiene enfrente al Gobierno de la primera potencia mundial. De modo que ha gastado ya 14.000 millones de dólares en reconstruir las zonas afectadas y ha establecido un fondo de otros 20.000 millones para indemnizar a los afectados. El fiscal del caso Prestige reclama 4.442 millones de euros por los daños económicos causados que ha afrontado el erario público con una pequeña ayuda de un fondo internacional.
En Estados Unidos, la investigación penal sigue abierta, así como un rosario de casos por la vía civil, pero BP ha asumido su responsabilidad. En España, aún está por determinar quién causó la tragedia y quién, por tanto, debiera pagar. El fiscal cree que le correspondería a la mutua británica del petrolero, The London Steam Ship Owners, y a otro fondo internacional, el Fidac. La primera ya ha depositado en el juzgado una fianza de 22,77 millones.
Lo dicho: odiosas comparaciones.
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