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TRIBUNA

Crisis de Estado, pacto federal

La reforma constitucional es inaplazable para evitar la ruptura entre Cataluña y España

El giro secesionista de CDC, así como la evidencia de que hay una parte considerable de la sociedad catalana que desea la ruptura con el resto de España, nos sitúa en un escenario desconocido. Y que por su gravedad debe calificarse de “crisis de Estado”. Este es el nombre que describe lo que ocurre cuando la fuerza política que gobierna de forma hegemónica un territorio, que en el caso de Cataluña, no lo olvidemos, genera en torno al 19% del PIB español, afirma que su objetivo es ya la independencia.

En la alta política española, la que gira en torno al Gobierno y las Cortes, se ha producido un despertar brusco. Muchos pensaban que la reivindicación del concierto económico no era más que una estrategia de negociación que Artur Mas utilizaba con gran habilidad para neutralizar las críticas de la izquierda a su gestión. Y que, llegado el momento, el conflicto político iba a ser de baja intensidad, pues los apoyos recíprocos entre CiU y PP, tanto en Madrid como en Barcelona, habían sido intensos y, sobre todo, cómplices en cuanto a la política de recortes sociales y laborales.

Tras la manifestación de la Diada, se puso de manifiesto que el giro rupturista en la federación nacionalista se había impuesto claramente. Frente a este envite, el ejecutivo de Mariano Rajoy primero reaccionó desde el desconcierto y ahora parece que sólo se le ocurre apelar a la Constitución, como si creyese que basta con dar un golpe encima de la mesa para cortar en seco la crisis. Ello obvia que el malestar en Cataluña es profundo, más allá de la utilización electoral que hace CiU. El historiador Joaquim Coll y el diputado Daniel Fernández, poco antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, publicaron un libro (A favor de España y del catalanismo), auténtico rara avis en defensa del proyecto hispanista del catalanismo, donde ya alertaban de que en términos históricos, el recurso de inconstitucionalidad del PP abría la brecha más grave en el proyecto común español.

Tras la manifestación de la Diada, se impuso el giro secesionista

La desgraciada sentencia supuso un mazazo incontestable, porque llegó tarde y mal, particularmente por las innecesarias consideraciones barrocas del preámbulo, lo que redundó en el disparate democrático de que unos jueces enmendasen lo que los ciudadanos ya había votado. Es cierto que el Gobierno de Artur Mas ha potenciado el sentimiento de agravio para eludir sus responsabilidades, con la inestimable ayuda de unos medios de comunicación públicos al servicio de un partido. Un ejemplo es el uso propagandístico que se hace de las cifras del déficit fiscal, que siendo excesivo como los socialistas empezamos a denunciar antes que nadie, no puede calificarse de “expolio o “robo”. El cóctel explosivo, que mezcla agravio político y económico, explica que una parte de las clases medias haya abrazado la causa independentista como una utopía activa, milagrosa frente a la crisis.

Ahora bien, la ruptura con el resto de España no puede descalificarse sin más. Los demócratas creemos en la voluntad de las urnas, nos guste más o menos el resultado. Por esa razón, los socialistas catalanes somos partidarios siempre del principio democrático. Ello significa que, al igual que en Canadá, habrá que encontrar una fórmula legal para dilucidar esta cuestión desde el máximo respeto por las formas y los procedimientos. Dicho esto, no nos cansaremos de advertir con toda nuestra energía de que el viaje secesionista puede convertirse en una larga y tortuosa pesadilla, que no nos va hacer salir antes ni mejor de la crisis. Que nadie lo dude, llegado el caso, nuestra posición será inequívocamente contraria a la secesión.

Los federalistas somos optimistas pero no ingenuos. Es decepcionante que el modelo autonómico no haya desembocado todavía, pese a tantas voces y propuestas —como la que emitió el propio Consejo de Estado en 2006— en una estructura plenamente federal.

Las dificultades y oposiciones han sido enormes hasta ahora. No hace falta relatarlas en extenso. Ahora bien, que quede claro que no estamos discutiendo un adjetivo, aunque las palabras también importan (hoy mucho más). Como ya dijo Jordi Solé Tura, lo importante no es el nombre sino la cosa, la sustancia. Y no hay duda de que el modelo descentralizado que el constituyente implantó, y que se ha ido desarrollando con aciertos y errores en los últimos treinta años, tiene una textura inequívocamente federal.

Parte de la clase media ha abrazado el independentismo como utopía activa

Durante todo este tiempo, lo lógico hubiera sido completarla, dotarla de todo su sentido, poniendo al día al conjunto de las instituciones para que todas actuasen entre sí con lealtad, y dando cabida al carácter plurinacional de España. A la nación de naciones que hace fuerte su unidad desde el reconocimiento desacomplejado y explícito de su diversidad.

Pues bien, la crisis de Estado desatada en Cataluña, arroja una primera conclusión: la reforma constitucional es ya inaplazable si de verdad queremos que la triple crisis que vivimos, económica, social e institucional, no desemboque en una ruptura territorial.

Tengo la certeza de que el PSOE y su Secretario General lo han percibido esta vez con meridiana claridad. Porque de este envite sólo podemos salir de dos formas. O tras un largo y agotador proceso, el Estado finalmente se rompe, o, si somos todos capaces de recobrar la altura de miras, el conjunto del Estado sale de esta crisis reformado. Y para ello necesitamos armar un nuevo pacto inequívocamente federal.

En este sentido la reforma constitucional que proponemos debería contemplar al menos los siguientes aspectos:

—El reconocimiento de la identidad nacional catalana, de su singularidad en el marco español, y que se manifiesta especialmente en su lengua, cultura, derecho civil e instituciones de autogobierno.

—Reglas claras que delimiten con precisión los espacios competenciales del Estado y las Comunidades Autónomas y permitan que éstas desarrollen en plenitud las políticas públicas que tienen encomendadas, procurando la máxima proximidad, eficacia y eficiencia, evitando solapamientos y duplicidades.

—La capacidad de las CC AA para representar a nivel europeo e internacional a España en el marco de sus competencias exclusivas.

—La conversión del Senado en un Consejo Federal con presencia de los Gobiernos de las CC AA.

—Un federalismo fiscal en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos corra a cargo de una Agencia Tributaria consorciada entre el Estado y las CC AA, y unos mecanismos de nivelación y solidaridad transparentes que garanticen el principio de ordinalidad.

Todo ello requiere también de otra reflexión sobre qué Europa queremos. Pues de la misma forma que dije que España será federal, o no será, también tengo el convencimiento de que Europa será verdaderamente federal, o es inviable a medio plazo. Para todos los progresistas europeos este es, sin duda, el verdadero reto.

Pere Navarro es primer secretario del PSC y candidato a presidir la Generalitat.

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