Pensiones políticas

La subida de los precios en septiembre ha llevado la tasa de inflación medida por el IPC al 3,5%, un aumento de ocho décimas en un solo mes. La inflación no es el principal problema de la economía española, pero una subida tan acusada de los precios debería provocar alguna reflexión en las autoridades económicas. La más inmediata es que las empresas no han absorbido en sus cuentas de resultados parte de la subida tributaria; la han trasladado casi íntegramente a los precios. La estructura de las redes comerciales, mal liberalizada y con costes de transformación impropios en muchos casos de una economía de mercado, ha jugado también a favor de una subida inmoderada del IPC.

La escalada de precios tiene un efecto secundario perjudicial. Si el Gobierno se decide a reconocer la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones causada por la inflación, el IPC de septiembre señala que ese reconocimiento, que deberá calcularse con el IPC de noviembre, costará a las arcas públicas en torno a 5.000 millones (en dos años) para las contributivas. Aunque no sea agradable decirlo, el coste es inasumible. Así como en periodos de prosperidad debe defenderse la revalorización de las pensiones por mínima que sea la pérdida de poder adquisitivo, en la situación presupuestaria actual sería contraproducente aplicarla. Distorsionaría la asignación de recursos, forzaría un recorte añadido en otras partidas y apenas produciría un alivio mínimo en las rentas de los pensionistas, dañadas por otras decisiones mal explicadas, como el copago de los fármacos.

El Gobierno está gestionando este problema con ínfulas de astucia política. No precisa si revalorizará o no las pensiones, pero la ambigüedad en este caso está mal calculada; los ciudadanos advierten con claridad meridiana que se trata tan solo de tomar la decisión después de las elecciones gallegas, cuando no tenga que pagar coste político alguno. Pero este tipo de gestión ya no es creíble. Al contrario, define las intenciones del Ejecutivo como poco transparentes y encaminadas a ocultar las consecuencias de la crisis.

Así pues, sería una decisión errónea revalorizar las pensiones en función del IPC; como es una equivocación autorizar una subida de las pensiones en el 1% para el ejercicio de 2013. Era posible aplicar una política económica que hubiera minimizado el impacto de la recesión sobre las pensiones o sobre otros costes sociales; pero esa no es la que ha elegido el Gobierno. La que sí ha elegido reclama austeridad. No es coherente, ni siquiera recomendable, presentar un programa de estabilidad en Europa en el que se acepta contener el gasto en prestaciones sociales (pensiones y desempleo, sobre todo) en un porcentaje del PIB y después, por razones electorales o de pánico a la opinión pública, proponer una subida de las pensiones cuyo coste equivaldrá a una subida del gasto. Así no se gana credibilidad, ni ante los españoles ni en Europa.