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LA COLUMNA

Del estatuto a la independencia

35 años han transcurrido desde la histórica Diada de 1977. Eran algo más de uno por cada cinco catalanes los que salieron a la calle. Los 5,5 millones de entonces son ahora dos millones más

Treinta y cinco años han transcurrido desde la histórica Diada de 11 de septiembre de 1977, la del millón de personas (quizá un cuarto menos) que aquel día salieron a la calle en clamorosa exigencia de Llibertats, Amnistia, Estatut d’Autonomía, como rezaba la convocatoria oficial; de autodeterminació, de independenzia, como se podía leer en otras pancartas. Una impresionante multitud, enarbolando la bandera cuatribarrada, pero también infinidad de banderas rojas del PSUC, del PSC, y sindicales, de Comisiones, de UGT, y alguna de Andalucía, del País Vasco. Al frente, dirigentes de diversas fuerzas de la oposición política y sindical.

Eran algo más de uno por cada cinco catalanes los que salieron a la calle. Han pasado 35 años, los 5,5 millones de entonces son ahora 7,5, dos millones más. Los que han salido a la calle habrán sobrepasado el millón (quizá también un cuarto menos de lo que dicen). Lo que ha cambiado de verdad no es el número, impresionante en las dos ocasiones; son las consignas, las pancartas, las banderas: llibertat de entonces es freedom ahora; de la amnistía mejor olvidarse; estatuto es independencia; las banderas cuatribarradas se pierden entre las esteladas y las rojas han desaparecido: de estas no queda ni una. Y en la cabecera, nadie de la oposición, todos del poder o de sus aledaños.

¿Qué ha pasado? Como estamos en tiempos de arbitrismos, no faltan quienes buscan la razón de este cambio en algo mal hecho hace 35 años, como respuesta a la demanda catalana. Es el mito del reparto del café como origen de los males del Estado español, una y otra vez repetido, sin caer en la cuenta de que Consell y Assemblea de Catalunya y Coordinación Democrática se comprometieron el 26 de mayo de 1976 —en un nuevo Pacto de San Sebastián, aunque por escrito— “a apoyar para las restantes nacionalidades y regiones del Estado español el derecho al reconocimiento de su personalidad y de los correspondientes derechos políticos”. O sea, que la generalización de las autonomías fue un acuerdo firmado por toda la oposición dos años y medio antes de promulgarse la Constitución.

Mejor, pues, buscar la explicación en otra parte. Una pista la da el color que domina la manifestación: no hay banderas rojas, el PSUC ha desaparecido y el PSC anda como el artista bajo la carpa, perplejo. Con ellos, desaparece de la calle una parte sustancial del pacto de 1976 y la fórmula que sostenía el acuerdo entre catalanes y de Cataluña con el Estado: la Constitución que, con los estatutos, recogió aquellos acuerdos. Hoy nadie da un duro por los estatutos y mentar al Estado de las autonomías como un logro suscita cachondeo. Lo peor es que con el desastroso resultado de la última reforma estatutaria se perdió la oportunidad de lo que en verdad importaba: la reforma constitucional en dirección federal, anunciada en 2004.

Un pacto fiscal, demanda ahora el presidente de la Generalitat, y si no, freedom, que es como llama a la independencia cuando se dirige a Europa desde la esclavitud española. ¿Un pacto fiscal? ¿Y por qué no? Aunque con una condición: que el pacto incluya responsabilidad recaudatoria. Lo que la experiencia de los últimos años nos ha enseñado es que nula responsabilidad en ingresos y toda (o casi) autonomía en gasto no es, por decirlo suavemente, la mejor de las fórmulas posibles. Y como en cuestiones de gasto funcionamos ya como un Estado federal, ¿por qué no también en cuestiones de ingresos? Que la Generalitat catalana recaude, como tendría que haber recaudado el Gobierno vasco, una parte sustancial de los impuestos que hoy ingresa el Estado: habríamos desembocado en un Estado federal por el tortuoso camino del Estado autonómico.

Y si esto no es posible, habrá que ir pensando en plantear de verdad, no solo en la calle, sino en los programas de los partidos, la cuestión del referéndum por la independencia. En tal caso, quizá convenga, para restar un gramo de dramatismo al asunto, esperar un poco, tres, cuatro años, hasta que la gran medicina que catalanes y madrileños han decidido administrarse para salir de la crisis deje sentir sus efectos. Porque no más lleguen los miles de millones destinados a construir grandes casinos, grandes hoteles, grandes superficies de ocio a un tiro de piedra de Madrid y Barcelona, se aclararán las mentes, se rebajará el cabreo y todos saludaremos la independencia de Cataluña o, en su caso, su permanencia en un Estado federal, con mejor humor y más claro entendimiento.

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