Una prensa debilitada tras el asedio del gobierno de Chávez

En mayo, durante un programa en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Neptali Segovia, autor de crucigramas del diario de Caracas Últimas Noticias,fue acusado de intento de magnicidio. El conductor del programa afirmó que un grupo de semiólogos y matemáticos habían revelado mensajes codificados en el crucigrama y que los términos “Adán”, “ráfagas” y “asesinar” habían sido interpretados por los expertos como un intento de asesinato contra el hermano del presidente Hugo Chávez, de nombre Adán. Un día más tarde, funcionarios de inteligencia visitaron el diario para indagar sobre Segovia, quien está encargado de los crucigramas desde hace más de 15 años. Si bien Segovia no fue procesado por la justicia, el caso representa un claro ejemplo de la extrema polarización que existe en Venezuela y las consecuencias para periodistas y medios.

Durante más de una década como presidente, el mandatario venezolano Hugo Chávez ha producido una verdadera transformación en la cultura política del país. A través del voto popular, el líder bolivariano fue concentrando poder en el ejecutivo, erosionando la división de poderes y socavando la independencia judicial. El deterioro de garantías constitucionales fue eliminando los contrapesos de la democracia y las instituciones se fueron debilitando en forma gradual.

Pero acaso ninguna institución ha experimentado un cambio tan profundo como los medios de comunicación. El líder bolivariano, quien asumió inicialmente con apoyo de un sector de la prensa privada, se mostró pronto intolerante a las críticas y optó por la confrontación como estrategia. Llegó entonces abril de 2002 y con el agravamiento de la crisis política Venezuela estuvo cerca del colapso. El fallido intento de golpe de Estado dividió aún más al país y multiplicó los riesgos para los periodistas.

En un contexto de marcada intolerancia, y ante la ausencia de partidos políticos creíbles, los medios privados ocuparon ese vacío e ingresaron de lleno a la arena política, promovieron sin reparos la agenda de la oposición, ignorando el profesionalismo y el equilibrio informativo. Tal es así que las cadenas de televisión privadas mostraron dibujos animados en momentos en que masivas manifestaciones en las calles de Caracas clamaban por la restitución de Chávez en 2002.

Desde entonces la presión oficial sobre los medios creció en forma paulatina pero constante. Privó el revanchismo en el gobierno y, con mayoría parlamentaria, el oficialismo aprobó leyes para restringir la crítica y moderar a los medios más combativos, cuya cobertura estaba sesgada a favor de la oposición. La ley de responsabilidad social en radio y televisión, que viola estándares internacionales en materia de libertad de expresión, obligó a los medios audiovisuales a desprenderse de sus programas más críticos. La ley llegó acompañada de cambios en el código penal con condenas más drásticas para los delitos de calumnias e injurias.

El grupo Espacio Público ha documentado más de 40 casos de ataques informáticos contra periodistas

A través de decisiones judiciales, procedimientos administrativos sancionatorios y campañas intimidatorias, decenas de medios audiovisuales han sido cerrados y la censura es cada vez más evidente, tal como revela un reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas. En el caso de Radio Caracas Televisión, conocida como RCTV, el ente regulador no siguió un proceso transparente e imparcial en su decisión de no renovar la licencia en mayo de 2007. Existió, en cambio, una decisión predeterminada y motivada políticamente para sacar fuera del aire al principal canal crítico.

Tras el golpe fallido de 2002, Chávez llegó a la conclusión de que para desafiar el predominio de los medios privados necesitaba un aparato de medios oficiales más desarrollado para influir en la opinión pública. Y no ha escatimado recursos para ello. En la actualidad, el gobierno cuenta con una vasta red de medios del Estado, incluyendo radios, televisoras, medios impresos y digitales, desde donde no sólo se transmite propagada sino que lanzan campañas de descrédito contra periodistas y medios críticos.

A medida que se limita el disenso, los periodistas venezolanos se han volcado a las redes sociales. Y también han sido víctimas del asedio oficial. En los dos últimos años, el grupo de libertad de expresión local Espacio Público ha documentado más de 40 casos de ataques informáticos contra periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición. Las cuentas de Twitter de conocidos periodistas fueron víctimas de piratas informáticos, en muchos casos por un misterioso grupo denominado N33, que simpatiza con el gobierno. El grupo anunció que había sido instituido para lanzar ciberataques contra críticos “irresponsables e ignorantes” de Chávez. Las cuentas de Twitter de periodistas críticos son hackeadas y luego utilizadas para transmitir mensajes de apoyo al gobierno.

En este contexto tan polarizado, algunos de los temas que más preocupan a los venezolanos de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, como la crisis económica, la seguridad y la violencia y hasta la propia salud del presidente, no han recibido cobertura suficiente. No hay posibilidad de análisis neutral, información de contexto y mucho menos equilibro. Uno de los desafíos claves para el próximo gobierno, sea presidente Chávez o Capriles, será fortalecer las instituciones a través de un clima de diálogo y tolerancia donde los medios de comunicación puedan desarrollar su labor sin presiones, acoso e intimidación.

Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).