Rajoy busca chivo expiatorio

España ha construido su estructura político-administrativa en un proceso largo, que se remonta a los albores de la Transición, y que está jalonado de consensos, concesiones y difíciles equilibrios. Cuando la sociedad pide consensos sobre las diversas reformas pendientes, quizá sea esta la que podría escenificar mejor el impulso político que España necesita. Una reforma que agilice las estructuras, que evite solapamientos y que facilite a los ciudadanos la visualización de la relación entre cada nivel político, las competencias que desarrolla y los impuestos que las financian.

Sin embargo, creo que conviene aclarar algunos puntos previos. El primero es una evidencia mil veces repetida, pero que es necesario situar en el inicio de este tipo de debates: la crisis no ha sido causada por el déficit público, sino que había superávit, y es la crisis, derivada de excesos de todos conocidos, la que ha devenido en un problema para la financiación pública. Conviene insistir en ello, porque si la crisis proviniera de excesos públicos, como se nos quiere hacer creer, los recortes podrían ser una solución, pero como no es el caso, el debate solo permite distinguir entre sacrificios inútiles, aprovechamientos ideológicos y reformas convenientes como la que estamos abordando.

En segundo lugar, la crisis se está utilizando desde algunos sectores para atacar lo público en general y lo autonómico en particular. En mi querida Región de Murcia y en la vecina Comunidad Valenciana hemos sufrido suficientes muestras de la incapacidad y el derroche de algunos Gobiernos autonómicos en pleno epicentro de las políticas que han originado esta crisis, y no seré yo el que defienda esos 17 años de gestión autonómica del PP. Pero de eso no se dice nada. Cuando se ataca a las autonomías se esconde que ellas destinan el 75% de su presupuesto en políticas de cohesión social, mientras que el Estado (Seguridad Social aparte) se sitúa alrededor del 20%. Ocurre además que las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómica han girado en torno al equilibrio territorial y apenas han tenido en cuenta el equilibrio temporal: las comunidades gestionan gastos sociales muy inflexibles a la baja, pero se financian con impuestos muy sensibles al ciclo económico como el IVA o transmisiones patrimoniales, que ha pasado de recaudar 18.300 millones de euros en 2006 a 6.400 millones en 2011, de forma que les cuesta más reducir sus gastos a la vez que sus ingresos caen más que los de la Administración central.

Es pertinente preguntarse si las comunidades autónomas que gestionan una parte sustancial del Estado del bienestar, gasto muy correlacionado con el tamaño de la población y estable en el tiempo, pueden depender de una estructura de ingresos tan cíclicos. Resumiendo, muchos Gobiernos autonómicos podrían haber gestionado de una manera mucho más eficaz, sobre todo si las sucesivas reformas del sistema de financiación hubiesen aumentado su corresponsabilidad fiscal, pero el ataque sistemático a todo el sistema autonómico esconde pretensiones no solo centralistas, sino de desmantelamiento de los derechos sociales básicos, justo cuando más necesarios son.

La crisis está aumentando dramáticamente las desigualdades en España y la política del PP solo aumenta la fractura social emergente

La estrategia de Rajoy está clara. Frente al enorme descontento popular que sus siete meses de gestión han provocado, busca un chivo expiatorio al que culpar de todos los males. Si, de paso, ello le permite obtener sus objetivos políticos de una forma más sencilla que planteándolos directamente, pues mucho mejor. El debate no es entre un Estado grande o pequeño; es entre un Estado eficiente en la provisión de bienes que mejoren la cohesión social y nuestra capacidad para generar entornos competitivos, o un Estado antiguo e ineficiente. Resulta obvio que reducir unos pocos diputados o concejales, para dentro de tres años, no va a mejorar el funcionamiento del sector público ahora ni ayuda a dirigir el debate a los verdaderos cambios, y reformas, que el sector público español necesita. Es solo una cortina de humo, el humo que salía de Roma cuando Nerón lo usaba para desviar las iras del pueblo hacia sus enemigos. Según Rajoy, los parados, que cada vez son más y más desprotegidos, los trabajadores que han visto reducidos los derechos, los enfermos que pagan sus medicinas, los funcionarios, los consumidores en general, los comerciantes y todo el país ya sabemos quiénes son los culpables del incendio: los concejales que no cobran (porque la disminución del 30% no tiene por qué reducir el tamaño de los equipos de gobierno).

Desde la Constitución de 1978 hemos creado instituciones que en general se han sumado a las existentes, sin sustituirlas, generando duplicidades evitables. Así mismo, la gobernanza y la financiación de autonomías y Ayuntamientos también son mejorables. Todas estas cuestiones, junto a otras, deberán formar parte de un gran acuerdo nacional que permita a nuestro país primero salir de la crisis y después transitar en este mundo que nos ha tocado vivir. En ese debate debemos y deseamos participar, pero no en el juego de esconder a los ciudadanos el debate sobre las causas reales de sus problemas y la existencia de propuestas alternativas. La crisis está aumentando dramáticamente las desigualdades en España, y la política del PP, que mezcla amnistías para los defraudadores y recortes de prestaciones básicas para los más débiles, solo aumenta la fractura social emergente. Y en medio de esa tormenta seguimos sin oír propuestas de medidas que orienten el rumbo hacia la salida de la crisis, ni una política económica que genere confianza.

Pedro Saura García es portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso y profesor de Análisis Económico en la Universidad de Murcia.