Compás de espera

La sugerencia de una acción combinada del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Europeo de Rescate para comprar deuda de los países con dificultades financieras, y la advertencia de Mario Draghi, respaldada después por Alemania y Francia, de que el BCE hará todo lo necesario para sostener el euro, están enfriando la tensión en los mercados de deuda y de valores. Los diferenciales de deuda caen, las Bolsas se recuperan y los inversores parecen convencidos de que esta semana las autoridades políticas y monetarias europeas concertarán un plan para actuar en los mercados primarios y secundarios de deuda. Existen fundadas esperanzas de que Bruselas, Berlín y Fráncfort hayan entendido por fin la diferencia entre las urgencias que impone la supervivencia de la moneda única y las necesidades de dotar a Europa de una estructura homogénea bancaria y fiscal, capaz de enfrentarse a una crisis compleja, pero con un ritmo de tramitación demasiado largo como para desactivar las alarmas presentes.

El día decisivo será probablemente el jueves: una nueva subasta española, con cuyos resultados podrá medirse mejor el grado de convencimiento de los mercados en las palabras mágicas de Draghi o el compromiso alemán, coincidirá con una nueva reunión del Consejo del BCE. De ese consejo se espera alguna precisión sobre las acciones del Banco y el Fondo y, por qué no, una declaración de que dicha acción será rápida, puesto que, según Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, ya no hay tiempo para reflexionar. Si se cumpliera este escenario óptimo (demorado casi hasta el último minuto) e Italia y España obtuvieran el compromiso de una acción veloz, empezará a desatarse el nudo de un coste asfixiante de refinanciación que atenaza a ambos países.

Ahora bien, una acción como la que se preconiza requiere un pulso político y legal muy preciso para atar los cabos. Exige, por ejemplo, que la acción del Fondo esté respaldada ilimitadamente por el BCE; o aclaraciones complementarias sobre si tal acción modificaría el memorándum del rescate bancario y, en caso afirmativo, cuáles serían los cambios requeridos. Pero sobre todo obliga a una aclaración política a los ciudadanos. Cualquier acción del Fondo de Rescate, en su modalidad actual o en la renovada, se producirá a petición del Gobierno interesado, en este caso España, si llega el caso; la petición implica una condicionalidad macroeconómica estricta, más amplia y general que la impuesta a cambio del rescate bancario; por tanto, una intervención del Fondo para comprar deuda equivaldría a una suerte de intervención de la economía española.

Intervención matizada o blanda, si se quiere, puesto que el Tesoro español no queda retirado de los mercados, y España no quedaría en la misma situación que Grecia, Irlanda o Portugal. Pero la política económica del país estaría teledirigida desde las autoridades económicas europeas y su grado de ejecución, estrechamente vigilado. Así debería explicarse.