Airada desesperación

El ciudadano de a pie de este país se había ido acostumbrando a una secuencia que llevaba repitiéndose desde hace unos meses, y que bien pudiéramos denominar las cuatro fases del desdecirse.

Primer momento: el partido llamado a ocupar el poder negaba rotundamente en campaña electoral la pretensión de la medida X (referida, pongamos por caso, a recortes especialmente sensibles, como sanidad, educación, pensiones o subsidio de paro, a la subida del IVA, a la solicitud de rescate a Europa o cualquier otra medida de gran importancia).

Segundo momento: ya en el Gobierno, algún miembro del Ejecutivo o un alto cargo deslizaba la posibilidad de reconsiderar lo negado con vehemencia en campaña electoral. De inmediato se le desmentía con el argumento de que se trataba de “una reflexión personal en voz alta” de la persona en cuestión, sin más valor político que ese.

¿Alguien podrá volverse a creer en el futuro una sola promesa formulada en la campaña electoral?

Tercer momento: cuando, al cabo de no demasiado tiempo, reaparecía el asunto a través de una oportuna filtración, pasaba a afirmarse que el mismo “no está en este momento encima de la mesa”. La ciudadanía barruntaba lo peor, al tiempo que empezaba a darlo por descontado.

Cuarto (y último) momento: el asunto se ponía, esta vez sí, encima de la mesa del Consejo de Ministros y terminaba adoptándose la medida rechazada al principio. Las circunstancias eran otras, argüía el portavoz de turno, y no ha habido más remedio que tomar tan dolorosas medidas.

Hasta que, a mediados de julio, llegó el gran recorte, y pasamos directamente de la mentira más o menos enmascarada a la desfachatez más desenvuelta. La lista de gestos protagonizada por nuestros políticos desde entonces sería demasiado larga para intentar siquiera resumirla aquí, aunque hay que reconocer que ha sido el propio presidente del Gobierno el que mejor ha sintetizado la evolución hacia una nueva actitud. De aquel “haré lo que sea, incluso lo que he dicho que no iba a hacer” ha pasado al actualmente en vigor “hago lo que me obligan a hacer, aunque no me gusta”.

Antes de proseguir, dos observaciones —casi tan obvias como inapelables— no pueden dejar de hacerse: si la primera de las dos frases señaladas cuestionaba profundamente el sentido de la actividad política por entero (¿alguien podrá volver a creerse en el futuro una sola promesa formulada en campaña electoral?), la segunda convierte en absolutamente innecesarios a la totalidad de nuestros políticos, que pasan a presentarse como los gestores de la nueva fatalidad que nos viene de fuera. El corolario ya lo han empezado a pensar muchos ciudadanos: si las cosas son así, bastaría con que quienes de verdad deciden enviaran a nuestro país a sus comisionados.

Mientras ellos se dedican a vociferar en sede parlamentaria “¡que se jodan!”, otros, tan cargados de razón como de ira, empiezan a reclamar en la calle “¡que se vayan!”

Consolémonos pensando en que, por lo menos, esto ha convertido en obsoleto uno de los argumentos favoritos de Rajoy, a saber, el de que tanto los recortes que imponía como cualesquiera otras iniciativas que iba promoviendo eran de “sentido común” (incluso, por cierto, cuando entraban en contradicción con las que él mismo había propuesto el día anterior, que también habían sido defendidas apelando al “sentido común”). Está claro que el presidente ya no se puede seguir atribuyendo el poder omnímodo de fundar, de instituir, el sentido común, convencimiento al que tal vez se debía que encontrara por completo innecesario proporcionar explicaciones y efectuar comparecencias públicas. Es de suponer que si ahora no comparte las medidas que se ve obligado a aplicar, será porque no las considerará “de sentido común” (aunque la pregunta que se desprende de esta última consideración es, si cabe, más inquietante que las anteriores: ¿qué hace entonces este hombre aplicando medidas que juzga, de acuerdo con su propio razonamiento, como insensatas?).

Señalado esto, valdrá la pena destacar algunos matices específicos de la situación que nos está tocando vivir. Un primer matiz, en el que quizá no valga la pena detenerse demasiado a estas alturas, es el de la generalización del tópico de la responsabilidad compartida (ya saben: ¿quién, en épocas de presunta opulencia, no se permitió algún exceso que ahora no nos queda más remedio que pagar?). En cualquier caso, el viejo tópico según el cual “todos somos responsables”, aplicado a nuestras actuales circunstancias, además de desdibujar la responsabilidad de los más poderosos, contribuye a generar insolidaridad entre los desfavorecidos, que tienden a achacar la culpa de su situación a esos otros iguales —tan desfavorecidos como ellos— que “vivieron por encima de sus posibilidades” o se endeudaron más de lo debido.

Otro matiz específico de nuestro presente, aunque directamente conectado con el anterior, es el de la invisibilización de los auténticos responsables del caos actual o, si se me permite formularlo con una cierta verticalidad, la separación, en el imaginario colectivo, de los antaño denominados ricos y ese nuevo agente económico constituido por los mercados. Estos últimos son líquidos, anónimos, inidentificables y, por tanto, en esa misma medida irresponsables. Por añadidura, en la medida en que los mercados en cuestión acostumbran a ser ubicados imaginariamente en un fantasmagórico “exterior”, fácilmente pueden quedar identificados con alguna variante de enemigo exterior y, en la misma medida, servir para una artificiosa cohesión interna que ponga a los políticos a salvo de la crítica.

Por su parte, los ricos, aunque de un tiempo a esta parte prefieren no dejarse ver demasiado, han sido también en gran medida liberados de casi toda exigencia de responsabilidad por la irrupción de ese nuevo sujeto anónimo. Sin demasiada explicación, se ha ido difundiendo la imagen de que han obtenido su riqueza merced a una lógica (herencia, brumosas cualidades como emprendedores, etc.) distinta a la de los mercados, pero que , en todo caso, da lugar a análogo resultado, que no es otro que el de convertir a los adinerados en tan poco responsables como a aquéllos.

La generalización de ambos convencimientos está contribuyendo a ocultar la realidad alarmante de que nuestros actuales gobernantes, no solo tenían una agenda oculta, que se cuidaron muy mucho de mostrar para acceder al poder, sino que disponen de una hoja de ruta que señala a dónde quieren ir a parar, hoja de ruta que esconden con el efectista argumento de las urgencias del momento, pero que está comprometiendo severísimamente el futuro de las próximas generaciones con decisiones de largo alcance. No la mostrarán ni que les aspen, pero habría que recordar, como mejor argumento para no cejar en la exigencia, que la medida de la rebeldía la proporciona la dimensión de aquello contra lo que uno se rebela. Concédanme, se lo ruego, el exabrupto final: mientras ellos se dedican a vociferar en sede parlamentaria “¡que se jodan!”, otros, tan cargados de razón como de ira, empiezan a reclamar en la calle “¡que se vayan!”

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona y premio Jovellanos de Ensayo 2012 por el libro Adiós, historia, adiós.