Ajuste de cuentas a las Comunidades Autónomas

La crisis comenzó a finales de 2007. Todo lo malo que pasó a partir de esa fecha tenía un único culpable: José Luis Rodríguez Zapatero. Según el PP, entonces en la oposición, España tenía solo un problema de credibilidad política y de desconfianza porque los mercados no se fiaban del Gobierno ni de su presidente. Con una simpleza que hoy se aprecia como infantil, el PP fue capaz de convencer a los ciudadanos de que cambiando a Zapatero por Rajoy, el problema quedaría amortiguado. Siete meses después del cambio gubernamental las profecías del PP no solo no se han cumplido, sino que los problemas se agravan a medida que pasan los días. Ya no se puede echar la culpa a Zapatero, por lo que el Gobierno trata de echar la culpa al primero que pase por la esquina de La Moncloa, particularmente al sistema financiero y a las CC AA.

Nada que objetar en lo que concierne al sistema financiero. Ya he manifestado en más de una ocasión que es ahí, y no en el supuesto descontrol de nuestro gasto público o en nuestro insostenible Estado del bienestar, donde se encuentra el origen de esta profunda crisis. Respecto a lo segundo, en cambio, discrepo.

Una vez que, desde el Gobierno, se ha identificado a uno de los causantes del desastre de las cuentas privadas, y bien que se ha resistido a hacerlo (el Gobierno, al principio, negaba hasta la posibilidad de que se rescatara a nuestra banca y dijo que podíamos hacerlo solos), ahora queda buscar el culpable del deterioro de las cuentas públicas. Y para ello, ¿quién mejor que las Comunidades Autónomas? Dicho y hecho; mientras Guindos se pasea por Bruselas, Montoro se encarga de responsabilizar a las CC.AA. de los males de nuestra contabilidad nacional. Que buena parte de esas comunidades estén gobernadas por el PP no es un obstáculo para alimentar la estrategia, puesto que todo el mundo sabe que los populares nunca fueron fervientes autonomistas; si no, recuerden por qué se abstuvieron de votar la Constitución. Por lo tanto, convertirlas en chivos expiatorios no solo les resultaba práctico y oportuno, sino también, ideológicamente, tentador. Y lo cierto es que los últimos datos parecerían darles la razón: no en vano se las hace responsables de dos tercios del déficit de 2011, y en este año tendrán que hacer frente a vencimientos de deudas por más de 35.000 millones de euros, a lo que habrá que añadir unos 15.000 millones más para financiar sus déficits. Con tales cifras, no es de extrañar la sumisión con la que se presentaron los consejeros de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de mayo, en el que aceptaron, sin rechistar, un ajuste de nada menos que de 18.349 millones de euros en 2012, que recaerá especialmente sobre los servicios básicos de sanidad, educación y dependencia. Y sin embargo, en mi opinión, su actitud debería haber sido muy distinta.

En Alemania la financiación de los los ‘Lander’ se fija a nivel constitucional, al margen de la pugna política

En realidad, el Estado y las Comunidades Autónomas funcionan como vasos comunicantes, de forma que basta que quien tiene la llave de los ingresos, en este caso el Estado, deje salir más o menos caudal desde su nivel superior para que el déficit público aflore en uno o en otras. Para muestra un botón: el viernes,1 de junio, el ministro Montoro anunció que las Comunidades habían alcanzado el déficit cero en el primer trimestre de este año. Aparentemente esto demostraría el éxito que comenzaba a tener el Gobierno en esta materia, si no fuera por el pequeño detalle de que el Estado les había transferido, previamente, más de 5.000 millones en anticipos a cuenta. Precisamente, una semana antes, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, citaba estos anticipos como uno de los factores que justificaba el aumento del déficit del Estado en este mismo periodo (73,2% respecto a la cifra del mismo período del año anterior). Clarificador, ¿verdad?

A mi juicio, lo que la actual crisis ha puesto de manifiesto es la falta de un verdadero sistema de financiación coherente que garantice, de forma estable, recursos suficientes para el ejercicio de las competencias autonómicas. Lo que tenemos en la actualidad no cumple estos requisitos, ni por su origen ni por su contenido. En cuanto a su origen, todos sabemos que el vigente, aprobado por la Ley 22/2009, sustancialmente lo que refleja es el resultado acumulado de las negociaciones que, en cada momento, se han ido llevando a cabo entre el Estado y los nacionalistas catalanes, en función de cuál era la necesidad de su apoyo para garantizar la gobernabilidad del país. Y esto es así por mucho que lo adornemos con rebuscadas fórmulas polinómicas que, lejos de aportar racionalidad al modelo, lo que hacen es añadirle complejidad y opacidad, y sobre todo una falsa apariencia científica, muy convenientes para la mejor venta del resultado final.

Al PP le resulta práctico, oportuno e ideológicamente tentador convertir a las autonomías en chivos expiatorios

En cuanto a la racionalidad y coherencia del sistema, la cosa ya es de chiste. Por una parte, los tributos cedidos: recaudación completa de los Impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio (estos dos últimos a casi todas las Comunidades parecían sobrarles), 50% de la recaudación del IRPF en la comunidad, 50% del IVA, 58% de Impuestos Especiales de Fabricación, 100% del Impuesto de Electricidad, etc. Y a partir de ahí toda una serie de fondos a medida para que las cifras cuadren: de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Convergencia (de estos además hay dos: el de Competitividad y el de Cooperación), y finalmente el de Compensación Interterritorial. Y al final ¿con qué nos encontramos? Con un sistema absolutamente expuesto a los vaivenes políticos y que, además, hace aguas desde el punto de vista de la suficiencia financiera, porque los ingresos autonómicos siguen dependiendo de un sistema tributario estatal (lo cual en sí mismo no es negativo) pero sobre el que las Comunidades ni pinchan ni cortan.

¿Qué hacer para solucionar esto? Sugiero echar un vistazo al modelo alemán, al que nos hemos ido aproximando desordenadamente. En Alemania, el sistema de financiación de los Länder, se encuentra regulado en la Ley Fundamental de Bonn. De esta forma, la estructura básica del sistema queda fijada a nivel constitucional y al margen de la pugna política. Además, la normativa en relación con los tributos compartidos es competencia federal, pero con el importante matiz de que toda reforma tributaria debe ser votada por el Bundesrat (su Senado), que es una verdadera cámara de representación territorial, y cuyos miembros, 69 y no 266 como en España, son elegidos por los gobiernos regionales. Se evitan así discriminaciones en impuestos que deben afectar a todos los ciudadanos por igual, a la vez que se da a los Länder participación en el diseño tributario federal del que en definitiva dependen. En cuanto a las competencias administrativas, de gestión, inspección y recaudación, son ejercidas por los estados federados, pero bajo la superior autoridad del Estado federal. Tal vez un esquema como este nos ayudaría a reducir la enorme diferencia que, en cuanto a ingresos públicos respecto al PIB, tenemos actualmente con Alemania. Nada menos que 9,6 puntos, equivalentes a unos 100.000 millones de euros cada año (más que todos los ajustes presupuestarios juntos acordados en los últimos tiempos).

Ambas reformas constitucionales, incluir el sistema de financiación y reformar el Senado, solo exigen mayoría de tres quintos de cada cámara, por lo que podría hacerse dentro de esta legislatura si PP y PSOE quisieran atacar el fondo del problema.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.