Editorial
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Europa vuelve a creer

La ayuda a España supone una doble apuesta de la Unión por el euro y el proyecto europeo

El Gobierno pidió ayer el apoyo de Europa para afrontar las ingentes necesidades de recapitalización del sistema bancario español y el Eurogrupo se apresuró a facilitarlo. Más allá de la perentoria necesidad a la que se había abocado España, que amenazaba no solo su estabilidad sino también la del conjunto de la Unión, la operación constituye una apuesta doblemente europeísta. Por una parte, España consigue los recursos necesarios para estabilizar su sistema financiero. Al tiempo, Europa se rescata a sí misma con un manifiesto apoyo al euro. La crisis económica y financiera entra así en una nueva fase, decisiva para España, pero también para el futuro del proyecto europeo. Sin la decisión valiente de ayer, no solo los bancos españoles y España en su conjunto hubiesen afrontado una previsible bancarrota, sino que la moneda única, aun a falta de las decisivas elecciones griegas del domingo que viene, hubiera estado condenada a la ruptura y la desaparición. Esa tragedia, de momento, se ha evitado.

El mecanismo acordado es el apoyo exterior al sistema bancario español a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que ha puesto a disposición un importe de hasta 100.000 millones de euros. Será el FROB el que reciba e intermedie los recursos financieros de Europa, en concepto de préstamo. Del acierto en la petición de la cuantía suficiente, en su instrumentación, y desde luego en su asignación por entidades, dependerá el definitivo alejamiento de las amenazas que penden sobre la economía española y la sostenibilidad de su deuda pública. El presidente Rajoy perdió ayer una oportunidad magnífica para explicar todo lo anterior y mostrarse ante los ciudadanos en un día histórico, aunque doloroso, para la sociedad española.

Ese acuerdo del Eurogrupo se produce una vez conocido el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Financial Stability Assesment, que no deja lugar a dudas sobre las necesidades de recapitalización del sistema bancario, especialmente a la luz del continuado deterioro de las condiciones económicas. No hay sistema bancario, por aceptable que sea su solvencia inicial, que resista cinco años de crisis económica y financiera. Y el sistema bancario español, además, iniciaba esta crisis cargado de activos inmobiliarios, particularmente vulnerables a la desaceleración del crecimiento. El FMI, que tendrá un papel en el seguimiento del rescate bancario español, critica con razón la estrategia excesivamente gradualista de las autoridades al abordar las decisiones conducentes al saneamiento bancario. Las necesidades de recapitalización que esta institución ha estimado inicialmente, en torno a los 40.000 millones de euros, no contemplan los efectos derivados de la continuidad de la recesión económica, o de su profundización, a tenor de la desaceleración económica global.

El apoyo exterior era de todo punto necesario para neutralizar la extensión del tumor arraigado en algunas entidades. La creciente erosión de la solvencia del conjunto del sistema bancario fue consecuencia de los excesos de la fase expansiva de la economía española, previa a la emergencia de la crisis hipotecaria estadounidense y su rápido contagio a Europa. El peso específico de los activos inmobiliarios en el balance de bancos y cajas, en especial la abultada cuantía de los créditos a promotores inmobiliarios, ha acabado por constituirse en el principal factor de erosión de la solvencia, agravado por la contracción en el ritmo de crecimiento económico. La tardía respuesta de las autoridades, consecuente con la infravaloración de las amenazas, no facilitó la adaptación a lo que ha terminado siendo la más severa crisis bancaria de la historia, coincidente con la crisis económica más amenazante desde la Gran Depresión.

La definición de objetivos adicionales al saneamiento estricto de las entidades, como la obsesión por la conversión en bancos de las cajas de ahorros y su salida a Bolsa, en el peor de los momentos, no facilitó el directo saneamiento y la neutralización de las amenazas. Bankia fue un caso representativo de esa confusión de prioridades: una fusión amalgamada de entidades sin sanear y una salida a Bolsa en condiciones precarias, que derivaron en la nacionalización traumática. Las necesidades de capital requeridas por su nuevo presidente han sido en cierta medida una forma de denuncia de las graves carencias de recursos propios del conjunto.

La excepcional cuantía de los recursos disponibles debería permitir una capitalización suficiente de todos los bancos que lo precisen. Las evaluaciones encomendadas a compañías externas, apoyadas como es lógico por los servicios del Banco de España, determinarán la asignación a cada una de las entidades. Dada la cuantía disponible, no tendría sentido limitar esos apoyos a las entidades hoy más expuestas. En escenarios de continuidad de la recesión económica, hasta los más solventes del momento presente pueden precisar del fortalecimiento de sus recursos propios. Y esta es la condición necesaria para alejar de una vez por todas cualquier conjetura sobre la estabilidad financiera en nuestro país.

Aun cuando el déficit público no ha dejado de aumentar desde el inicio de la crisis como consecuencia de la pronunciada caída de ingresos, y con ella la deuda pública, el problema de España no requiere un rescate como los hasta ahora practicados en la eurozona. La condicionalidad propia de esos rescates no debe ser aplicada a las finanzas públicas, sino al sector bancario. Las decisiones que las autoridades han adoptado desde mayo de 2010 no son muy distintas en orientación e intensidad a las de economías intervenidas. Además, la deuda pública española sigue siendo inferior a la alemana o francesa. Pero el endeudamiento privado, en particular el bancario, tiene una contrapartida en el exterior, con acreedores del resto del mundo, cuya sostenibilidad es muy difícil sin apoyo exterior.

La cuantía ahora disponible es de magnitud suficiente como para que el Tesoro español no aumente su exposición a unas subastas en el mercado primario de deuda pública, en el que desde hace tiempo ha quedado explícita la falta de confianza. Con la llegada del nuevo Gobierno no solo no se redujo la prima de riesgo de nuestros bonos públicos, sino que ha aumentado de forma significativa. El carácter contractivo de las decisiones adoptadas y, muy especialmente, la precipitación demostrada en relación al sector bancario no han favorecido el fortalecimiento de la confianza.

Ese apoyo no es la condición suficiente para que la economía española aleje todas las amenazas, pero sí era de todo punto necesario. La nueva dirección del Banco de España ha de asumir errores pasados y centrarse en lo prioritario: el estricto control de los bancos, propio de un sistema nacionalizado. La reanudación del crédito a empresas y familias será, además de la eliminación del riesgo del sector bancario, la señal que marque el final de la mayor crisis concebible. A partir de ahora cabe imaginar un futuro en que la pesadilla vivida por el continente comience a quedar atrás, aunque aún quede mucho sufrimiento en términos de paro, sacrificios y vidas rotas.

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