Rescatar a los bancos del 1%, no a los Ayuntamientos del 99%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide aún más dinero público del 99% de la población, para seguir rescatando a la banca controlada por el 1% más rico. Las recientes ayudas concedidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Unicaja para su fusión con Caja Duero España por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, se unen a los 525 millones de euros que ya había concedido el FROB, sumando la escandalosa cifra de 2.500 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes. Estas ayudas públicas tienen como finalidad sanear los activos inmobiliarios “tóxicos” que los bancos han ido acumulando mediante especulación y operaciones de alto riesgo por los que esperaban obtener grandes beneficios para sus accionistas, ese 1%, facilitando así que se externalicen a un “banco malo” que “sanearemos” con el dinero público de todos.

Esta orgía de rescate bancario se une a los 30.000 millones de € con que fue rescatada la banca española en el año 2008, hasta 90.000 millones de € con la creación del FROB, y a los 1,6 billones de euros de dinero público que la banca europea recibió entre 2008 y 2010 y que Joaquín Almunia, Comisario de Competencia, aprobó prorrogar en diciembre de 2011, con la concesión de más ayudas públicas a los bancos por parte de los Gobiernos nacionales.

Hasta la propia Comisión Europea acaba de denunciar que la política del Gobierno español, engordando el fondo que sufraga entidades quebradas, es una ayuda de Estado encubierta con un alto impacto sobre el aumento del déficit público.

Me pregunto por qué siempre los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, encuentran dinero público, de nuestros impuestos, para rescatar a la banca privada cuya finalidad es conseguir más beneficios para sus accionistas y que ha sido la causante de buena parte de esta crisis, y no encuentran dinero para “rescatar” a los Ayuntamientos y administraciones públicas que prestan servicios a 45 millones de ciudadanos y ciudadanas.

La deuda generada por las Comunidades Autónomas la deberán pagar los Ayuntamientos

Quizá sea porque ese 1% que controla los bancos y las grandes fortunas ya no sólo influye en el ámbito político con su riqueza y su presión económica, sino que directamente ha tomado la política. Recordemos que el expresidente de Lehman Brothers España, De Guindos, es el actual ministro de Economía o que Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia, viene de ser vicesecretario del consejo del Banco de Santander, por poner sólo dos ejemplos. Por eso no es sorprendente, como exclama el movimiento “Occupy Wall Street”, que dicha minoría esté tomando las decisiones económicas, políticas y sociales en contra de los intereses de la inmensa mayoría de la población, del otro 99%.

No tenemos más que verlo en Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, que sacó el Ministro Montoro para financiar el pago a las empresas proveedoras de los ayuntamientos españoles. En este decreto el dinero que se presta a las administraciones locales para que puedan pagar a sus proveedores por los servicios que dan a la ciudadanía es un “préstamo envenenado”.

En primer lugar porque es un préstamo a través de los Bancos. Esto le supone a los Ayuntamientos un coste de un interés añadido a la deuda del 5%. Es un “negocio redondo” para los bancos, a quienes les hemos prestado miles de millones de euros al 1% a través del Banco Central Europeo, con el dinero de todos. Se lo hemos dado al 1% y ahora ellos nos lo prestan al 5%, aprovechando la crisis y la situación de endeudamiento, con la complicidad del gobierno del PP que nos da esta “ayuda envenenada” como única solución.

Este plan para pagar las facturas pendientes a los proveedores se saldará así con más deuda pública y el pago de los intereses correspondientes por parte de todos los españoles a través de los presupuestos locales. Se calcula que la banca se embolsará con la operación 6.000 millones de euros, de los que ganará globalmente 4.000 millones. El PP ha decidido por tanto volver a rescatar y sanear las cuentas a los bancos, en vez de “rescatar” a los Ayuntamientos con una Banca Pública que recibiera dinero al 1% y lo prestara a ese mismo 1%.

En segundo lugar, este decreto de “ajustazo municipal”, como ya se le conoce, tiene otra faceta todavía más envenenada. Imitando el peor proceder del Fondo Monetario Internacional en sus peores tiempos, chantajea a los municipios con la situación dramática de endeudamiento que viven. Exigiendo que los propios Ayuntamientos se autoapliquen un “plan de ajuste”, reduciendo servicios o cobrando por los mismos, mediante el copago o la privatización, si quieren recibir dicha ayuda para refinanciar su deuda.

De esta forma el Real Decreto-Ley obliga a aplicar un Plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los Ayuntamientos, que ya han empezado a cerrar o privatizar centros de educación infantil y servicios de atención a la ciudadanía y aumentando las tasas para acceder a ellos. Parece que tras esta decisión está la filosofía de la privatización que preconiza el PP en todo lo público, como argumentó el Ministro Montoro refiriéndose a este Real Decreto: “este plan beneficiará principalmente a las grandes empresas españolas y multinacionales relacionadas con la sanidad, las políticas sociales y la educación, despejando su futuro y su presente”.

Es necesario recordar que una parte de la deuda de los Ayuntamientos proviene de la escasa financiación de las Comunidades Autónomas, de la parte que le corresponde de servicios que prestan los Ayuntamientos, así como del impago de dicha parte en bastantes ocasiones. Eso significa que la deuda generada por las Comunidades Autónomas la deberán pagar los Ayuntamientos. De esta forma, se están aplicando medidas restrictivas y sancionadoras a los Ayuntamientos sin resolver el problema real que es la financiación, pues ni el PP ni el PSOE han querido establecer una Ley de Financiación de las Administraciones Locales. Sólo con una financiación estable, derivada de una recaudación justa y progresiva que frene el fraude fiscal, los ayuntamientos y las administraciones locales podrán tener ingresos suficientes con los que hacer frente a sus gastos cotidianos y corrientes y mantener los servicios que necesitan los vecinos y vecinas.

Este Decreto de Montoro supone que los ayuntamientos queden intervenidos y un asalto a la democracia municipal, viéndose obligados a renunciar a sus objetivos de desarrollo y bienestar social y a sus obligaciones de prestar servicios necesarios a la ciudadanía. Nuestros gobernantes parecen encontrar siempre financiación para rescatar a los bancos, pero nunca encuentran financiación para rescatar los servicios públicos que atienden a las necesidades de la ciudadanía. Se impone así el gobierno del 1% sobre el 99%, socializando las pérdidas al 99% de la población y privatizando aún más los beneficios a favor de ese 1%.