Muere un joven en un centro de internamiento de menores

Un joven madrileño de 19 años falleció el pasado viernes en el centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta de la localidad de Brea de Tajo (495 habitantes, en la comarca de Las Vegas, en el sureste de la Comunidad de Madrid), según ha informado la cadena SER. Había ingresado en el centro ese mismo día para cumplir una pena de 12 fines de semana de privación de libertad por unos hechos en los que estuvo implicado cuando era menor. Según el Gobierno regional, sufrió "varios ataques de angustia" y un "paro cardíaco" que le provocó la muerte la madrugada del sábado. El avance de la autopsia determina que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Los socialistas madrileños piden más información al Gobierno regional y le han recriminado que este centro sea de gestión privada. El centro tiene 165 plazas, lo edificó en 2006 un empresario de la construcción, que lo gestiona mediante una concesión de 15 años a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso, que posee otros cinco centros en Almería y Cádiz.

La madre niega que estuviera alterado

Según la versión de los hechos facilitados por la Consejería madrileña de Presidencia y Justicia, el joven ingresaba todos los viernes en el centro para cumplir su pena, impuesta cuando era menor de edad por hurto y daños a la propiedad y al mobiliario urbano, y llegó al centro el pasado viernes a las ocho de la tarde acompañado de su madre. El joven presentaba "síntomas no demasiado adecuados para su ingreso". Sin embargo, la madre del joven ha asegurado a este diario que su hijo, que acudía al centro por tercer fin de semana consecutivo, fue por voluntad propia y estaba "tranquilo y bien" en el momento del ingreso.

El Gobierno madrileño explica que en el centro el joven sufrió "varios ataques de angustia" y, más tarde, un ataque al corazón. El personal avisó "inmediatamente" al servicio de Emergencias 112. Cuando el Summa acudió al lugar, le realizaron labores de reanimación pero los efectivos sanitarios sólo pudieron certificar su muerte. Fuentes de la Guardia Civil han precisado a este periódico que los forenses no han apreciado signos externos de violencia y que el avance de la autopsia determina que el fallecimiento fue por causas naturales, informa F. Javier Barroso. La misma fuente del Ejecutivo de Madrid ha precisado que el juez de guardia entrevistó a todos los trabajadores del centro, no apreció indicios de tratamiento inadecuado o de maltrato por lo que no abrió diligencias complementarias. El magistrado ha permitido la incineración del cuerpo pero la familia quiere hacer un segundo análisis del cuerpo y, mientras tanto, enterrarlo.

La madre ha contado que el primer fin de semana que pasó en el centro de internamiento estuvo "muy contento" pero que el segundo, el anterior a su muerte, tuvo "unas palabras de nada" con algún monitor. Tras conocer el caso, la portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández, ha solicitado la comparecencia en la Cámara autonómica del consejero de Asuntos Sociales, Mujer e Inmigración, Salvador Victoria, y de la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. Fuentes del Gobierno regional han contestado a la petición que Plañiol dará todas las explicaciones que sean necesarias para aclarar lo sucedido cuando se conozca la autopsia.

Para Fernández, es "absolutamente necesario" que expliquen qué ha pasado", al tiempo que ha considerado que los centros de internamiento de menores infractores que son responsabilidad la Comunidad de Madrid presentan "una preocupante carencia de profesionales especializados en las áreas pedagógicas, psicológicas y médicas".

La portavoz ha insistido en la importancia de que su gestión la realice directamente la administración pública: "Los centros de menores infractores tienen que contar con profesionales altamente cualificados porque de lo que se trata es de que los adolescentes y los jóvenes se reinserten socialmente en las mejores condiciones y con éxitos en la modificación de conductas". A su juicio, "se tiene que revisar alguna de las políticas en este ámbito". En el caso del trabajo con menores infractores, ha añadido, ha de exigirse "una coordinación máxima entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de Justicia".

La socialista ha destacado que el centro Teresa de Calcuta está gestionado por una empresa privada y es un centro "saturado" y "demasiado grande para el trabajo social que en él se debe realizar". Desde Presidencia y Justicia han apuntado que este centro cuenta con 165 plazas y 46 están desocupadas, por lo que consideran que no se puede hablar de saturación.