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Izquierda Unida pedirá que se limite la gestión privada de los reformatorios

Izquierda Unida quiere limitar la privatización de los centros de reforma de menores delincuentes. Para ello va a presentar en el Senado una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Menor que se está tramitando en las Cortes.

La idea de este partido es que la gestión de los centros de reforma, en los que se cumplen por sentencia judicial medidas de privación de libertad, quede en manos del Estado. La Ley del Menor de 2000 permitió que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro la gestión de los reformatorios. Desde entonces, se ha privatizado el 73%. Así lo han decidido las comunidades autónomas, las competentes en esta materia. Las únicas que mantienen el sistema público al 100% son Cataluña, Extremadura y Ceuta.

"Estamos a favor del modelo catalán", explica Enrique López, asesor del grupo parlamentario de IU en el Congreso. "Con la gestión han surgido negocios paralelos y esto se ha convertido en una actividad empresarial más".

'Sinónimo' de lucro

El asesor de IU entiende que "se ha perdido el espíritu inicial de la ley, que era dar entrada a la sociedad en la libertad vigilada o en los trabajos en beneficio de la comunidad; sin embargo, las gestoras se han convertido en asociaciones sinónimo de lucro". Este partido presentó hace un mes una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la privatización de los centros, que todavía no ha sido respondida.

Un ejemplo de la estrecha relación entre las asociaciones y la empresa privada es el centro de menores de Brea de Tajo (Madrid). Un empresario dedicado a la construcción lo gestiona y edifica a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso. El Gobierno regional asegura que la práctica es legal y se ampara en la Ley del Menor.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida anunciaron ayer que pedirán explicaciones al gobierno de Esperanza Aguirre. El responsable de Justicia de IU en la Asamblea de Madrid, Luis Suárez, señaló que "tienen que explicar si se ha concertado la reinserción de los menores con un hombre con vocación educativa o con un constructor porque da la sensación de que la fundación es un paraguas para llevarse los contratos".

Para la responsable de menores infractores del PSOE en la Asamblea, Carmen García Rojas, el caso de Brea de Tajo es una señal de que el control de las administraciones no está dando resultados. "El número de centros privados se ha multiplicado en los últimos años, pero no así la vigilancia de los poderes públicos", señala. En este sentido, las referencias a los centros de reforma de menores del Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2006-2009 que prepara el Gobierno, según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, no se centran en el debate de la gestión pública o privada sino en el control y evaluación de esta última.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de mayo de 2006