Un empresario construye reformatorios a través de una asociación sin ánimo de lucro

Un empresario dedicado a la construcción gestiona y edifica en Madrid un centro de reforma de menores a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso. La Comunidad le dará para ello 157 millones de euros. El presidente de Ginso tiene una empresa a la que ha encargado el proyecto de obra. La construcción corre a cargo de dos empresas vinculadas a él. El Gobierno regional asegura que esta práctica es legal y se ampara en la Ley del Menor de 2000 que permitió a las comunidades autónomas dejar en manos de asociaciones sin ánimo de lucro el control de los centros de menores condenados a privación de libertad. Este empresario también opera en Andalucía donde ha conseguido la gestión y construcción de dos reformatorios.

Por uno de los centros, en Madrid, la asociación va a recibir 157 millones de euros

La Ley del Menor, de 2000, permitió que se privatizara el sistema de gestión de los centros de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido delitos cumplen medidas privativas de libertad. La norma posibilitó que las comunidades autónomas, las competentes en esta materia, delegaran en entidades privadas la ejecución de las medidas sancionadoras. El requisito ineludible era que se tratara de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro.

Pero en torno a la gestión de los centros hay otros negocios. Uno de ellos, incipiente, la construcción de los edificios que albergan los reformatorios. En ocasiones, las relaciones que unen a las asociaciones sin ánimo de lucro y a las empresas encargadas de la edificación son muy estrechas. Ginso (Asociación para la gestión de la integración social) firmó en marzo de este año un convenio por 157 millones de euros (26.000 millones de las antiguas pesetas) con la Comunidad de Madrid, para construir y gestionar durante 15 años un centro de 130 plazas en Brea del Tajo. El presidente de la asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargó el proyecto y la construcción de la obra a tres empresas con las que está íntimamente vinculado. Una de ellas, Icono Consultores SA., es suya casi en su totalidad. En otra, Prodos Project-Process SL, Santos tiene el 9% de las participaciones sociales. Sus socios en esta empresa son los dueños de Ibadesa, la tercera compañía que construye el centro de Brea.

Santos reconoce estas relaciones y asegura que todo es legal. Incluso explica que la asociación sin ánimo de lucro se fundó en 2001, ya vigente la Ley del Menor, precisamente para construir los centros que las comunidades demandaban. El fin social de Ginso, según su página web, es desarrollar "un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, prelaborales y laborales".

La Comunidad de Madrid no ha querido dar datos sobre el procedimiento seguido para contratar con Ginso (por ejemplo, el pliego de condiciones del contrato de obra o el porcentaje de los 157 millones se va a destinar a la construcción del centro). La Consejería de Justicia afirma que todo es legal. Que se pusieron en contacto con la asociación porque ya gestionaba varios centros en Andalucía y les ofrecían garantías.

En Andalucía Ginso gestiona tres reformatorios. Al menos dos, Tierras de Oria (Almería) y La Marchenilla (Cádiz), han sido construidos con un sistema similar. Pero en este caso, la Junta encargó primero el proyecto de obra a la empresa privada Icono Consultores SA, la compañía de Santos, y después le dio la gestión del centro a Ginso, su asociación sin ánimo de lucro. El Gobierno regional no ha explicado las razones por las que se ha dado esta coincidencia entre constructores y gestores. Tampoco ha especificado si la propiedad de los centros la tiene la asociación sin ánimo de lucro o la Junta La Consejería de Justicia sólo alega la necesidad urgente de nuevos reformatorios tras la entrada en vigor de la Ley del Menor. En febrero de 2004 Ginso recibió el galardón de la Bandera de Andalucía por su trabajo en los centros.

Algunos abogados y jueces consideran que el sistema previsto en la Ley del Menor se ha desvirtuado. Que una norma que se incluyó para permitir la colaboración de entidades de protección de menores en la ejecución de algunas sanciones ha derivado en que las empresas crean asociaciones sin ánimo de lucro para meterse en este negocio. Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, expresa que "la construcción sin ánimo de lucro es algo que suena muy raro y poco creíble". "Antes de endurecer la Ley del Menor quizás habría que mirar primero qué es lo que estamos haciendo, y cómo", añade.