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Personal de la fundación que compró dos pisos en Valencia fabrica facturas de gastos

El consejero Blasco justifica 133.345 euros de una asesoría domiciliada en la misma sede de Cyes

María Adela Rodríguez Albert y Enrique López Rubio, dos personas que estuvieron cobrando nóminas mensuales de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) hasta abril de 2009, dentro de los proyectos de cooperación en Nicaragua en los que la entidad incluyó la compra de dos pisos con garaje en Valencia, son los administradores de Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, SL, una empresa que suscribe sendas facturas de asesoramiento por 66.672 euros cada una como justificantes de gasto en esos proyectos. Esas facturas las ha dado por buenas la Generalitat Valenciana.

El domicilio social de la empresa, además, está actualmente en uno de los locales adquiridos por la Fundación Cyes con las subvenciones de cooperación que le adelantó la Generalitat. Una adquisición que se produjo dentro de las previsiones del proyecto aprobado, lo que ha levantado un considerable escándalo y ha hecho que los socialistas denunciaran el caso ante el fiscal anticorrupción. Aunque el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, sostiene que cuatro días antes de cerrar los expedientes se justificó el dinero con otro tipo de facturas que la entidad habría aportado al ver rechazadas las de la compra de inmuebles por parte de su departamento.

Fundación Cyes ha cobrado 1,6 millones de euros, de los que sólo una pequeña parte fueron realmente invertidos en Nicaragua
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Dentro de los proyectos, destinados a ayudar a llevar agua potable a 30 familias y a mejorar los cultivos de otras 40 en Totogalpa (Nicaragua), por los que la Fundación Cyes ha cobrado 1,6 millones de euros, de los que sólo una pequeña parte fueron realmente invertidos en esa población del distrito de Madriz, la Fundación Cyes ha incluido facturas por 548.000 euros en concepto de asesorías. 416.000 euros corresponden a dos facturas idénticas de poco más de 208.000 euros de la empresa informática Arcmed. Los otros 133.000 corresponden a otras dos facturas idénticas de poco más de 66.000 euros de Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, una sociedad constituida en marzo de 2009, de la que son administradores María Adela Rodríguez Albert y Enrique López Rubio.

Los dos figuran en la contabilidad de la Fundación Cyes como "personal de la oficina técnica" de los proyectos, actividad por la que cobraron una nómina mensual hasta abril de 2009, cuando recibieron el finiquito. Con fecha de ese mismo mes, su empresa de asesoría, creada un mes antes, cobró las dos facturas. Asesoría y Gestión Integral de Proyectos tuvo su sede social en Canet d'En Berenguer hasta octubre de 2009, en que pasó al entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiàs March, en Valencia, uno de los dos pisos (el otro es el contiguo entresuelo del número 79) que la Fundación Cyes compró tras recibir las subvenciones de Blasco.

Arcmed, la otra empresa que cobró asesoramiento, constituyó en 2008 con la consultoría Dinamiz-E, con la que comparte accionista, la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que se ha convertido en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana. Las dos empresas que están detrás de la Fundación Entre Pueblos han cobrado facturas a diversas ONG y fundaciones en proyectos de cooperación de la Generalitat, pero también han cobrado de otras instituciones valencianas. Así, la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, pagó una factura de 11.994 euros a Dinamiz-E en mayo de 2008 por el suministro de una licencia de un programa de análisis de datos.

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