La fiscalía de Valencia investiga a Blasco por la compra de pisos con fondos de cooperación

La fiscalía de Valencia ha decidido abrir dos nuevas investigaciones que afectan al PP valenciano y en los próximo decidirá qué pruebas practica. El ministerio público, a raíz de las denuncias presentadas por los socialistas, analizará el caso de los fondos de cooperación destinados supuestamente a la compra de pisos y la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, en la que se han destapado numerosas irregularidades.

Así, la fiscalía ha abierto diligencias para investigar la gestión de los fondos de cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco. El PSPV denunció a finales de la semana pasada a Anticorrupción la adquisición de varios inmuebles por parte de la Fundación Cyes (Fundación Cultural y de Estudios Sociales) con subvenciones concedidas para proyectos en Nicaragua. Blasco negó que hubiera irregularidades en los expedientes y también se dirigió a la fiscalía para entregar los polémicos expedientes.

La denuncia la presentó la diputada autonómica del PSPV-PSOE Clara Tirado tras hacerse público que Cyes cobró 1,6 millones de euros de dos proyectos para suministrar agua potable y promover la agricultura en Nicaragua. Los proyectos aprobados incluían la compra de locales en Valencia por más de 800.000 euros. La fundación los adquirió e incluyó las facturas y pagos entre la documentación para justificar el cobro de la subvención. La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía exigió en febrero pasado una devolución de 149.462 euros y 185.762 euros por facturas inadecuadas que no se produjo y que no afectaban a los gastos por al compra de pisos. El 8 de julio, sin embargo, certificó, según un documento sin cuño ni registro esgrimido la semana pasada por el consejero Rafael Blasco, que la Fundación Cyes había justificado los 833.000 euros de cada proyecto con facturas correctas pese a que se le rechazaron 447.000 euros y 530.000 euros por la compra de los inmuebles en cada uno de los proyectos.

En respuesta a la denuncia socialista, Blasco mandó los expedientes al fiscal del TSJ valenciano y arremetió contra el fiscal especial Jesús Carrasco por supuesta "connivencia" con el PSPV-PSOE.

La fiscalía también investigará otro escándalo que salpica a los populares, el de la gestión de la depuradora de Pinedo por parte de la empresa metropolitana Emarsa, ahora en proceso de liquidación con un déficit de más de 16 millones de euros. También en este caso tomaron la iniciativa los representantes socialistas en la entidad metropolitana responsable de Emarsa, encabezada y controlada por el PP, tras desvelarse un cúmulo de irregularidades en la gestión de la depuradora. La junta de gobierno del organismo, compuesta por PP, PSPV y EU, decidió días después trasladar a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas el informe sobre la liquidación de Emarsa.