El grupo Compromís entrega al fiscal 14 gigas de documentación sobre la trama de fundaciones

"Un entramado presuntamente corrupto" en el que los patronos de una fundación han beneficiado con fondos de cooperación a sus propias empresas, que han facturado a una serie de ONG de poca estructura por proyectos en diversos países gestionados a través de esa fundación, es lo que describe con todo lujo de detalles la documentación que esta mañana ha entregado al fiscal anticorrupción de Valencia la diputada del Compromís Mireia Mollà. La documentación, que incluye facturas, correos electrónicos, extractos bancarios y expedientes de los proyectos, se recoge en un pendrive de 14 gigas de memoria, ha explicado la parlamentaria.

La diputada ha entregado la información para ampliar la que ya estaba investigando el fiscal tras la denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado y asegura que su contenido describe una trama "cuya actuación ha tenido por objeto que los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana (nada que ver con la ONG Entrepueblos) fueran los beneficiarios últimos de parte de los fondos obtenidos para apoyar proyectos de cooperación, siendo el promotor de esta actuación la propia Generalitat en connivencia con la fundación mencionada".

Mollà ha asegurado que entre la documentación entregada al fiscal anticorrupción hay correos electrónicos que revelan cómo la fundación actuaba en permanente contacto con el "gabinete técnico" del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.

La operativa denunciada, en esencia, consiste en que la consejería recomendaba a ONG de creación reciente o de escasa estructura que tramitaran sus proyectos a través de la Fundación Entre Pueblos, creada por dos empresas, Arcmed y Dinamiz-E, que incluían abultadas facturas por asesoramientos en los proyectos que subvencionaba Blasco. La empresa Arcmed facturó más de 208.000 euros de asesoríaen cada uno de los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), cuyo objetivo era facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua, pero que sirvió para la compra de dos locales con garaje. Este asunto es el que motivó la denuncia de los socialistas y la apertura de la investigación por parte de la fiscalía.