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El debate sobre la inmigración

Zapatero advierte de que no permitirá "trucos" para dejar a inmigrantes sin escuela o sanidad

Alonso asegura que "el único contrato de integración es la Constitución".- Valencia introduce la cuestión en el debate reivindicativo.- Aguirre avala la actuación ilegal de Torrejón

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha terciado en la polémica suscitada por la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar a los sin papeles y ha asegurado que no va a permitir que se "menoscaben los derechos" de los inmigrantes. "Estamos hablando de personas y de derechos inalienables. El país que presido no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin atención sanitaria o escuelas", ha afirmado en la rueda de prensa en Estrasburgo tras comparecer ante el Parlamento Europeo.

"Que un presidente diga que hay que defender los derechos de los inmigrantes no debería llamar la atención", ha asegurado, para concluir que "si llama la atención hay motivos para preocuparse".

Zapatero responde así a la táctica del Partido Popular que ha utilizado la polémica para ensayar la que será su principal baza electoral de cara a los comicios venideros. Si la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, presentaba ayer su precampaña centrada en la lucha contra la crisis, la delincuencia y el fin de la inmigración irregular, hoy la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recuperado una de las grandes bazas que esgrimió Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008 que perdió: el contrato de integración.

Según Sáenz de Santamaría, el PP defiende la misma posición desde hace mucho tiempo. Una posición que ha resumido en declaraciones a Onda Cero en la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal y en dejar claro que "a nuestro país se llega con papeles", es decir, con un contrato de trabajo.

La portavoz popular, además, ha recuperado una idea que ya esgrimió en las pasadas elecciones generales Mariano Rajoy: el llamado "contrato de integración" que obligaría a los inmigrantes a comprometerse a "respetar nuestros valores constitucionales", según ha recordado Sáenz de Santamaría.

El PSOE ha respondido poco después por medio de su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, quien ha acusado al PP de hacer "electoralismo" con la inmigración y de "olvidarse de que hablamos de seres humanos". Alonso ha asegurado que el único contrato de integración que existe en España es "la Constitución" y las leyes que emanan del Congreso. Además, ha pedido a la oposición en qué consiste su propuesta de contato de integración.

Alonso ha declarado que el Gobierno actúa para expulsar a los inmigrantes sin papeles pero que "mientras tanto deben ser tratados con arreglo a las leyes" y ha reiterado que, en esta cuestión, el PP se sitúa "con la derecha más dura de la Unión Europea.

Nuevas elecciones, vieja receta

La recuperada idea del PPentronca con la precampaña lanzada ayer por su partido en Cataluña, donde su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, aseguró que "el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal" y avisó: "En Cataluña y en España no cabemos todos".

Camacho avanzó que el PP catalán pedirá a su dirección nacional una reforma de la Ley de Extranjería. Precisamente, a finales de 2009 el Congreso aprobó cambios en dicha normativa y el grupo que dirige Sáenz de Santamaría no presentó ninguna moción referente al empadronamiento de inmigrantes sin papeles.

En sentido parecido se ha pronunciado la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien en una entrevista en TVE ha asegurado que no van a abanderar "el incumplimiento de una ley" con la que están "en desacuerdo" y que, según ha asegurado, quieren cambiar.

También ha hablado al respecto el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, quien ha argumentado que su partido no es el que ha sacado el debate de la inmigración. "No vamos a quitar el mérito a quien lo ha sacado; pónganle la medalla al Ayuntamiento de Vic. Nosotros no estamos en esa alcaldía", ha explicado Montoro. "En Cataluña hay una crisis seria pero hay quien habla de identidades nacionales e inmigración en vez de hacerlo de la crisis", ha añadido.

La presidenta del PP catalán, que no quiso concretar qué cambios exigiría en la legislación, sí negó que su partido vaya a negar asistencia social a los inmigrantes sin papeles. Sin embargo, para ello el padrón es imprescindible, algo que recordó ayer la Federación Española de Municipios y Provincias, organismo que además indicó que el padrón es "un registro de situaciones de hecho y no de derecho".

Valencia se suma; Aguirre avala la ilegalidad

En total sintonía con el argumentario del PP nacional, los populares valencianos introdujeron ayer la inmigración en el debate político. Eso sí, con una particular vuelta de tuerca. Y es que además del caladero de votos que, en general, puede suponer esta cuestión para el partido conservador, en el territorio valenciano tiene un valor añadido si se disfraza de reivindicación valenciana y se suma a la lista de los agravios con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "castiga" a los valencianos.

El PP parece haber recuperado su línea más dura en la política de inmigración. Ayer, el principal gobierno popular, el de la Comunidad de Madrid, avaló la discriminación ilegal que Torrejón de Ardoz inflige a los inmigrantes.

Su vicepresidente, Ignacio González, defendió ayer que el municipio, dirigido por su partido, ponga trabas al empadronamiento de inmigrantes ya que, dijo, su objetivo es "evitar los pisos patera".

A los sin papeles se les exige que vivan en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas. El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.