Blasco introduce la inmigración en el debate electoral y reivindicativo

El consejero protesta porque asumirá más competencias sin más financiación

En total sintonía con el argumentario del PP nacional, los populares valencianos introdujeron ayer la inmigración en el debate político. Eso sí, con una particular vuelta de tuerca. Y es que además del caladero de votos que, en general, puede suponer esta cuestión para el partido conservador, en el territorio valenciano tiene un valor añadido si se disfraza de reivindicación valenciana y se suma a la lista de los agravios con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "castiga" a los valencianos.

Esto es lo que hizo ayer el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco con la reforma de la Ley de Extranjería. No es la primera vez que lo hace. Antes, ya había usado la inmigración como arma arrojadiza contra el Ejecutivo estatal por el traslado de extranjeros sin papeles desde Canarias hacia la Comunidad Valenciana. Ayer, el consejero se refirió a la "descomunal carga burocrática" que supondrá la nueva norma, que implicará la elaboración de 80.000 informes. La nueva redacción de la ley "evidenciará que el Consell hace los deberes en materia de extranjería pero el Gobierno sigue sin poner medios ni financiación necesaria para la correcta atención de los inmigrantes".

El consejero dice que no se financia la "descomunal carga burocrática"
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No está claro aún cuántos informes deberán redactar las autonomías -de momento las cifras son estimaciones- para acreditar el arraigo, la integración, los procesos de nacionalización o para emitir permisos de residencia. Además, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración defiende la nueva norma ya que "da más presencia y participación a las autonomías", por lo que "llama la atención que [las comunidades autónomas] se fijen más en la sobrecarga de trabajo que en la mayor participación".

En cualquier caso, la inmigración ya se ha sumado a los clásicos del agraviómetro valenciano como la falta de recursos hídricos, la financiación autonómica, la ausencia de fondos para el nuevo hospital La Fe, las escasas ayudas para el Palau de les Arts, la reducción de las terrazas de los chiringuitos por la ejecución de la Ley de Costas o, la penúltima incorporación a este particular hit parade, la paralización del plan de El Cabanyal por parte del Ministerio de Cultura.

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Y los populares valencianos, se ponen a rueda del discurso estatal de su partido, que quiere dar preeminencia a la inmigración en el debate político. Ejemplo de ello es que el PP ya ha anunciado que respaldará las restricciones al empadronamiento de los sin papeles. O, también, las palabras de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que ayer anunció que la inmigración será uno de los ejes principales de las autonómicas.

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