El juez ordena prisión preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte español
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales de España, ha decretado hoy el ingreso en prisión preventiva de cuatro de los 41 detenidos en la Operación Ballena Blanca.
Fuentes cercanas a la defensa de dos de los arrestados informaron de que una de las personas contra las que se dirige la orden de encarcelamiento es un ciudadano ruso y otra es una ucrania con pasaporte español, mientras que no precisó la nacionalidad de los otros dos ni las identidades de ninguno.
Estas cuatro personas contra las que se decretó prisión salieron del juzgado, adonde acudieron a declarar hoy, en sendos vehículos de la policía hacia las nueve de la noche y estas son las primeras órdenes de encarcelamiento conocidas de este caso, en el que fueron detenidos españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranios.
Declaración ante el juez
El dueño del despacho de abogados, Fernando del Valle, que continúa incomunicado, declarará mañana ante el juez, según ha podido saber el diario EL PAÍS. La Policía constató "numerosas conexiones" entre el despacho y "grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en España o el extranjero en actividades delictivas graves". Los agentes realizaron 15 arrestos el jueves en la oficina marbellí del bufete, y otros tres en San Pedro Alcántara (Málaga). Ayer fueron puestos en libertad 12 de los empleados detenidos, y tres notarios acusados de cooperar con la trama criminal.
Javier Núñez, abogado de los empleados del bufete, ha denunciado hoy que las informaciones aparecidas en la prensa revelan contenidos del sumario. Así, ha dicho que "el Ministerio del Interior está revelando datos del sumario, lo cual denuncio a los efectos que proceda". Según las primeras investigaciones, el despacho era utilizado para canalizar "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. Entre las actividades ilegales a las que se dedicaba la red criminal destaca el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles entre otras.
La Fiscalía Anticorrupción, que conoce de esta causa, cifró este blanqueo en 250 millones de euros (unos 41.596 millones de las antiguas pesetas). Sin embargo, otras fuentes elevan a más de 600 millones la cantidad blanqueada. El fiscal antimafia de la Costa del Sol aseguró ayer que "lo peor está por llegar".
Vulneración de las garantías constitucionales
El defensor de uno de los notarios implicados en la trama, Hipólito Marín Hortelano, ha asegurado que todas las garantías constitucionales del procedimiento penal se están vulnerando. El letrado, que defiende al notario que corresponde a las iniciales A.R.E., ha añadido que, "en especial, de forma muy grave, la del principio acusatorio". Marín mantiene que, hasta el momento, a los notarios "no se les imputa ningún hecho, ni ningún acto concreto", sino que hay "impresiones difusas sobre lo que es la función notarial".
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