El juez acusa a los tres notarios detenidos de cooperación en el lavado de capitales

Los 41 detenidos en la operación contra el lavado de dinero negro desarrollada en la Costa del Sol han pasado a disposición judicial, según fuentes de la investigación. Los tres notarios detenidos quedaron anoche en libertad con los cargos de cooperación en el blanqueo de capitales, tras declarar ante el juez y pagar una fianza de 50.000 euros cada uno. El fiscal antimafia de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que asistió a sus declaraciones, aseguró a los periodistas antes de entrar en el juzgado que "lo peor" del caso de la "macrorred" de blanqueo "está por llegar".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, que se encontraba ayer de guardia, comenzó a tomar declaración a los notarios detenidos en la llamada Operación Ballena Blanca por la tarde. La primera fue A. B. M., que ejerce en Marbella desde hace 22 años. A continuación, declaró su compañero de despacho, J. C. C., y después, A. R. E., que actualmente ejerce en Granada, aunque trabajó hasta 2001 en Marbella.

Pasadas las once de la noche, los tres quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el juez y abonar una fianza de 50.000 euros. Torres no admitió avales, y exigió el pago en metálico, por lo que familiares y amigos de los notarios "tuvieron que hacer una colecta" para reunir la cantidad, según dijo el abogado de A. B. M., Ramón Pelayo. El letrado, que anunció que la semana próxima recurrirá el auto del juez, opinó que los cargos contra su clienta están basados en "afirmaciones voluntaristas", pero "sin indicios ni pruebas".

Una de ellas, explicó, es que la notaria hizo constituciones de sociedades que debieron haberle resultado sospechosas, por lo que debía haber dado cuenta al servicio de blanqueo de capitales, obligación que, según el letrado, tienen también los bancos y el Registro Mercantil, pero no se ha ido contra ellos. También criticó la "indefensión" que supone el secreto sumarial, ya que no le es posible estudiar los documentos que según el auto son irregulares. Aseguró que los tres notarios estaban "absolutamente alucinados" con su situación.

Tras los interrogatorios de los notarios, comenzaron a declarar, ya entrada la noche, ocho trabajadoras de Del Valle Abogados, que se preveía serían puestas en libertad. El bufete cuenta en sus sedes de Marbella y San Pedro de Alcántara con unos 22 trabajadores, todas mujeres, excepto su director, Fernando del Valle. Durante la tarde y la noche del viernes, al menos 12 de las empleadas -secretarias y administrativas- fueron puestas en libertad con cargos tras declarar ante la policía, ya que, según fuentes de la investigación, eran conscientes de muchas de las actividades que se desarrollaban en el despacho.

La mayoría de los detenidos fueron trasladados ayer desde la Comisaría Provincial de Málaga, donde se encontraban desde el jueves, a la de Marbella. La policía llevó a los notarios a los juzgados hacia las cuatro de la tarde por la puerta de atrás, para evitar a los periodistas. Dos horas después, un furgón policial trasladó a ocho empleadas del bufete, que ocultaron sus rostros, también por la puerta trasera. Está previsto que Del Valle declare hoy.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que asumió recientemente la competencia en esta causa, asistió a las declaraciones. El fiscal indicó a los periodistas que las actuaciones ante el juez Torres durarán, por lo menos, hasta el lunes.

El Colegio de Abogados acordó ayer por unanimidad abrir diligencias informativas en relación con el caso, ya que entre los detenidos hay siete letrados. El Colegio criticó que no se aceptara la participación de su decano, Nielson Sánchez Stewart, en la entrada y registro del despacho el jueves, durante la que se intervinieron numerosos documentos y material informático.