La red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella utilizaba más de mil sociedades

La policía española ha desarticulado una enorme red que blanqueaba dinero para el crimen organizado a escala internacional, con vinculaciones en los principales países europeos, además de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Los expertos no dudan de que se trata del mayor golpe dado en Europa a este tipo de delito. Los investigadores calculan que necesitarán más de un año de trabajo para descifrar todos los tentáculos de esta red, que conducen inevitablemente a municipios de la costa española. "Habrá un antes y un después de esta operación", comentaba una fuente policial. "Estamos ante un golpe cuyas repercusiones finales todavía no podemos calibrar", señaló una fuente del Ministerio del Interior. No hay una cifra sobre la cantidad de dinero que movía esta red, pero algunas fuentes señalan que podría superar los 600 millones de euros.

La policía se ha incautado de 251 inmuebles, entre ellos dos urbanizaciones enteras, además de 42 coches de lujo, dos aviones, un yate, obras de arte y joyas

En una de las notarías implicadas se constituían hasta siete empresas en una misma mañana a nombre de un empleado del bufete investigado

Una empresa holandesa reinvertía a su filial en la Costa del Sol "masivas" cantidades de dinero con origen en la empresa petrolera rusa Yukos

Dinero procedente de grupos dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas tenía su centro de operaciones en un despacho de abogados de Marbella, desde donde se canalizaba hacia el mercado inmobiliario grandes inversiones de dinero procedentes del exterior a través de una maraña de más de mil sociedades domiciliadas en la Costa del Sol y Gibraltar, entre otras localidades. Entre las sociedades involucradas había empresas relacionadas con la petrolera rusa Yukos, nacionalizada por el Gobierno ruso por sus actividades irregulares.

El valor de los bienes incautados sólo en España asciende a más de 250 millones de euros, "en una estimación muy prudente", según fuentes de la investigación.

A finales de septiembre de 2003, la policía francesa solicitó información a la española, mediante comisión rogatoria, sobre una empresa que operaba en España y que estaba vinculada a un narcotraficante. Del hilo de aquella comprobación aparentemente rutinaria la policía fue descubriendo una madeja de sociedades que tenían un denominador común: buena parte de ellas estaban domiciliadas en un despacho de abogados de Marbella, DVA (Del Valle Abogados), presidido por un letrado de origen chileno, Fernando del Valle. La técnica utilizada en la constitución de dichas sociedades no resultaba ninguna sorpresa para agentes experimentados en delitos económicos, ni siquiera el hecho de que el rastro de muchas de ellas terminara por perderse en Gibraltar, un lugar donde hay domiciliadas más sociedades (unas 80.000, según los últimos cálculos) que habitantes (alrededor de 30.000). Durante las primeras investigaciones, lo que más sorprendió a los agentes fue la intensa actividad de este despacho en determinadas notarías de Marbella, donde en el mismo día, y ante el mismo notario, llegaban a constituirse hasta siete sociedades distintas pero relacionadas. Las sospechas crecieron cuando, tras los primeros seguimientos, la policía advirtió entre los clientes del despacho a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.

Las empresas constituidas en el despacho Del Valle Abogados estaban a nombre de empleados del bufete, sobre todo abogadas pero también una telefonista. Alguna de estas personas constaba en los registros públicos como administrador único de más de 200 sociedades. Por otro lado, estas sociedades tenían como actividad la promoción inmobiliaria. Se producía también un mecanismo de ingeniería societaria mediante el cual una empresa llevaba a otra y así sucesivamente hasta que se perdía la pista en algún paraíso fiscal, fundamentalmente Gibraltar, y mecanismos de ingeniería financiera, puesto que se registraban transacciones económicas entre estas empresas, que se compraban y vendían inmuebles. "El problema para identificar a algunos de los propietarios de esas inversiones está en que acaban en un paraíso fiscal donde la propiedad de una última sociedad se pierde en unas acciones al portador. Esas acciones pertenecen a quien las tenga en su poder", declaró un experto de la policía. El volumen económico que eran capaces de mover algunas de estas sociedades era muy alto y queda determinado por el valor incautado de sus propiedades inmobiliarias en España: un total de 251 inmuebles, entre los que hay dos urbanizaciones enteras, una de ellas todavía con la mayoría de chalés puestos a la venta y algunos sin terminar de construir.

La investigación se fue complicando en cuanto las sociedades operaban con otras domiciliadas en países extranjeros. Las redes de estas sociedades llevaban en algunos casos a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Rusia, entre otros países. "Hemos sido muy prudentes en la valoración de los bienes incautados", manifestó una fuente policial, "pero hemos llegado a bloquear hasta más de 30 millones de euros en cuentas corrientes domiciliadas en bancos españoles y a requisar 410.000 euros en efectivo, lo cual no es muy normal en este tipo de operaciones y nos da una idea de la gran cantidad de dinero que manejaban". La nota de Interior destaca que se han incautado 42 vehículos de alta gama (de las marcas Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes...). "Y eso que no hemos contado los vehículos normales", declaró uno de los investigadores. "En la caja fuerte del despacho de uno de los abogados encontramos hasta 21 llaves de automóviles, eso sin contar bienes que no hemos podido valorar todavía, como son joyas y gran cantidad de obras de arte". La nota policial destacó también la incautación de un yate en Puerto Banús y dos aviones en el aeropuerto de Málaga (una tipo EC-DDL y otra King Air C90), valorados cada uno de 1.200.000 euros. "Esa es una valoración que hemos hecho apresuradamente, buscando el precio de esos modelos por Internet", comentó una fuente de Interior.

El despacho de abogados canalizaba parte de su actividad en tres notarías de Marbella, casi la mitad de las existentes en la localidad. La detención de estos tres notarios ha tenido una gran repercusión pública, pero no ha resultado una sorpresa en Málaga, donde, según fuentes judiciales, se habían producido en los últimos tiempos un número desproporcionado de condenas, tanto de notarios como de corredores de comercio, todas ellas por delitos de falsedad documental. Uno de los notarios detenidos cambió recientemente su actividad a la provincia de Granada.

Con el tiempo, la policía se dio cuenta de la importancia de la investigación. Entre los clientes del bufete estaban ciudadanos involucrados en actividades propias del crimen organizado, asentados en la Costa del Sol, donde hacían, en algunos casos, labor de delegados de estas organizaciones. Se trataba de clientes relacionados con actividades como el narcotráfico y la prostitución o delitos como extorsión, secuestros, homicidios y ajustes de cuentas. También había clientes relacionados con estafas, evasión de impuestos y fraudes bursátiles. La policía tenía definido el perfil de esta clientela y la actividad del despacho, considerado como mercantil y cuyos abogados apenas tenían actividad en los juzgados. La nota emitida por el Ministerio del Interior destaca que se ha podido constatar "el descubrimiento de al menos nueve organizaciones delictivas que utilizaban el despacho como centro de lavado de sus ganancias ilícitas, obtenidas tanto en España como en el extranjero". Entre los 41 detenidos hay ciudadanos marroquíes, franceses (algunos de origen argelino), finlandeses, rusos y ucranios.

En la investigación salió a relucir la actividad de empresas holandesas relacionadas con otras de la Costa del Sol y que canalizaban fondos con origen en la petrolera rusa Yukos. La nota de Interior especifica, en este caso, que "se ha llegado a determinar el posible destino final de importantes flujos de dinero procedente de una detracción ilegal y masiva de fondos con origen en la petrolera Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España". La nota señala que ese hecho "motivó el interés por el caso de las autoridades políticas y judiciales rusas".

La Operación Ballena Blanca, en la que han participado más de cien policías, ha necesitado casi un año y medio de investigación, actividad en la que han intervenido diferentes departamentos policiales coordinados por la Comisaría General de Policía Judicial. La investigación ha estado centralizada por la UDYCO de la Costa del Sol, con intervención de la Unidad de Delitos Económicos y apoyo de especialistas de la Agencia Tributaria. También se incorporó a estas tareas el nuevo Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), recientemente creado para dar apoyo a las zonas más castigadas por las mafias. Precisamente, el grupo situado en la Costa del Sol fue el primero en ponerse en marcha, en paralelo con el nombramiento del primer fiscal antimafia en la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero. "Seguiremos aumentando los recursos de estos cuerpos y formando más especialistas para hacer frente a una situación que también preocupa a nuestros socios de la UE", declaró José Antonio Alonso, ministro del Interior.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni mayores repercusiones pero defienden la rigurosidad de la operación. "Está muy bien documentada y las primeras impresiones constatan todo lo que ya se sabía. Estas operaciones son muy largas en el tiempo, pero, precisamente por eso, son muy difíciles de echar atrás en los tribunales. Y ahora tenemos un camión lleno de documentos".