Universidad y equivalencias

Anunciado en los medios de comunicación, en los últimos días se ha conocido la aprobación del anteproyecto de la ley orgánica de enseñanzas artísticas. En relación al tramo alto de esas enseñanzas —las superiores—, esa noticia nos trae a la memoria la frase de Jose María Cagigal, volcada en un artículo en esta misma tribuna hace 44 años: “No cabe otra opción seria que la conversión de los INEF en facultades (o su incorporación a las facultades de Ciencias de la Educación); en todo caso del acceso a la nítida titulación universitaria: licenciatura y doctorado; no las siempre equívocas ‘equivalencias”. Desde ese lejano 1979 y en un camino largo y tedioso, finalmente se produjo la incorporación a la universidad de las Ciencias del Deporte, como anteriormente las Bellas Artes o tantas otras disciplinas. Pero aún no se ha resuelto para otras: la Música, la Danza, el Diseño, el Arte Dramático o la Conservación-Restauración. Y la citada ley no parece ser sino un nueva dilación antes que una resolución de un proceso que, antes o después, se resolverá en la natural integración universitaria. Esa demanda de incorporación es la que deseamos plantear en este escrito, sin demasiada esperanza de solución tras largos años de tenaz insistencia.

Por brevemente que sea, antes de entrar en el anteproyecto de ley quizá sea pertinente clarificar algunas premisas. Primero, y aunque no es exclusivo, la universidad es el espacio natural y óptimo de la educación superior; segundo y muy singularmente, la universidad es alma mater también del conocimiento: no solo se transmite, sino que se genera a través de la actividad investigadora. Por último, la pertenencia a la universidad impone a las entidades académicas un esfuerzo contrastable por una exigible calidad, tanto docente como investigadora. La garantía de esa calidad fue regulada en el bien conocido Plan Bolonia, que exigía a los estudios y a las instituciones unas condiciones concretas, entre otras, la oferta de tres niveles académicos: grado, máster y doctorado. Y, muy específicamente, un proceso de evaluación externa de la calidad (acreditación) de las propuestas formativas por parte de una entidad independiente (ANECA, en el caso español).

Pese a todo lo anterior y con excepción de las Bellas Artes, las enseñanzas artísticas no han entrado a formar parte de los estudios universitarios, situación que se mantiene en la nueva ley. Ya sea a nivel estatal o autonómico y con independencia del color político, parece que la única coincidencia de la totalidad de gobiernos ha sido su negativa a resolver el problema de las enseñanzas artísticas superiores. Más que extraño, resulta injustificable comprobar las consecuencias de esa obstinación política, pues esta situación complica la movilidad internacional tanto del alumnado como de los egresados. El Plan Bolonia, que pretendía garantizar la compatibilidad de las titulaciones a nivel europeo, fue muy claro en este sentido: para formar parte del Espacio Europeo de la Educación Superior hay que ofertar el doctorado y acreditar las titulaciones ante una agencia externa de evaluación de la calidad. Ambas premisas han sido reiteradamente olvidadas en la normativa educativa española sobre las enseñanzas artísticas, y lo son de nuevo en la ley que se discute ahora. En consecuencia, el reconocimiento de los títulos españoles en el extranjero queda en entredicho y, por tanto y como decíamos, la movilidad internacional de estudiantes y titulados. En algunas disciplinas en las que existen titulaciones asimismo universitarias (el Diseño, la Conservación-Restauración), esta organización tiene efectos demoledores en la regulación de la actividad profesional en el propio ámbito español. En román paladino, se le están usurpando oportunidades a nuestro esforzado alumnado, pero también a las profesiones.

Desde hace algún tiempo numerosas comunidades educativas vienen demandando la resolución definitiva de esta situación, mediante un proceso regulado y cauteloso de integración en la universidad española. Pero estas solicitudes no han surtido efecto, probablemente por el esfuerzo en contrario de ciertos grupos de presión interesados en mantener su confortable estatus, pese al señalado perjuicio. Y llegados a este punto cabe preguntarse qué ofrece el anteproyecto de ley, qué novedades y ventajas aporta. Sin resultar excesivamente tediosos ni tampoco demasiado acres, el análisis sereno del anteproyecto nos deja fríos, pues no se percibe un deseo de adecuación a la realidad europea ni soluciones que de una u otra manera no estén ya consideradas en la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2020). Pone cierto orden, eso sí, sobre una amplia diversidad de asuntos pero sin desarrollarlos detalladamente; parece una suerte de miniLOE para contentar a los mediocres. Esa falta de reglamentación la vacía de contenido, la convierte en poco más que en un listado de deseos (sirva como ejemplo la reiteración de la forma verbal “podrán”, que aparece en 33 ocasiones). En fin, nada que no conozcamos sobradamente; un regalo para los que prefieren mantener la condición actual y seguir navegando en una trivialidad asumida, incluso deseada.

Mientras tanto, se consolida la injusticia para con el alumnado de estas enseñanzas; se apuntala un sistema que pretende ser “superior”, pero sin someterse a la exigencia de calidad universitaria. Se trata de un atajo equívoco, que generará —de nuevo— la oposición de la universidad, quizá por vía judicial. Todo eso lo hemos vivido; la derrota permanente de este modelo imposible, pero ¿qué más da?: solo afecta al estudiantado. Mientras tanto y ajenos a la realidad de un problema que parecen desconocer, los gobernantes se manifiestan encantados con el logro pues ya tienen una nueva ley que publicitar. Pero que quede claro en esta tribuna: como Cagigal, algunos ni entendemos ni deseamos seguir en esta inexplicable y siempre equívoca equivalencia. Las enseñanzas artísticas merecen estar en la universidad, no en ese espacio difuso y paternalista que se nos oferta de nuevo.

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