La nueva ley de enseñanzas artísticas endurecerá los requisitos para ser profesor y hará más homogéneas las pruebas de acceso del alumnado

La nueva ley de enseñanzas artísticas mantendrá, como adelantó hace unos días EL PAÍS, estos estudios fuera de la universidad, pero al mismo tiempo facilitará su conexión con ella y permitirá que diferentes centros puedan agruparse en un nuevo tipo de organismo que el Ministerio de Educación plantea llamar “campus de las artes”. Los en torno a 26.0000 alumnos de enseñanzas artísticas superiores, que engloban la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas, el diseño, la conservación y la restauración de bienes culturales, tendrán los mismos derechos que los estudiantes universitarios a la hora de acceder a becas y otro tipo de ayudas.

Los conservatorios, escuelas y otros centros de enseñanzas artísticas superiores gozarán de un mayor grado de autonomía, tanto de gestión como pedagógica, y podrán definir sus propios planes de estudio “en función de sus singularidades a nivel artístico y profesional”. También podrán “establecer fórmulas de colaboración” con museos, teatros, orquestas, compañías de danza y otro tipo de instituciones estatales y autonómicas sostenidas con fondos públicos para “enriquecer su oferta de enseñanzas”.

El profesorado (hay unos 22.000 docentes) verá reconocida su vertiente investigadora. El ministerio apuesta por que esta tarea no incluya solamente “hacer investigación sobre la práctica artística, sino, además, asumir que dicha práctica puede formar parte de la investigación, ampliando el concepto de investigación a la investigación performativa”. Todo ello figura en el texto del Documento base, claves para el diálogo, elaborado por el Ministerio de Educación como punto de partida para debatir la nueva ley, a la que ha tenido acceso este diario.

El Gobierno espera que la ley pueda iniciar su tramitación en el Congreso en el primer trimestre del año que viene. La norma completaría la reforma educativa abordada por el Ejecutivo esta legislatura, junto a las de Educación (Lomloe) y Formación Profesional, ya aprobadas, y la de Universidades, aún en tramitación.

Los cuerpos de profesorado de las enseñanzas artísticas, que presentan una gran diversidad debido al diferente origen y evolución de las diferentes ramas de estos estudios, también serán regulados. El documento se muestra especialmente cauto al respecto, pero sí anticipa de forma suave que se reforzarán los requisitos para ser docente, en el marco de la integración de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se establecerá la “formación inicial” requerida para convertirse en profesor, y se definirán las competencias que estos deben reunir, así como su régimen de dedicación. La complejidad del asunto, y el hecho de que la tramitación se inicie a las puertas de un nuevo ciclo electoral, lleva al ministerio a insistir en el documento que dicha regulación partirá del diálogo, se hará de forma gradual, contemplará “situaciones transitorias” y no perjudicará en ningún caso a los profesores que ya están dando clase ahora. Los elementos más espinosos quedarán para desarrollos reglamentarios tras ser negociados con los sindicatos docentes.

El ministerio, dentro del espíritu de la nueva ley de reforzar la consideración de las enseñanzas artísticas como estudios superiores, aunque independientes de la universidad, plantea la creación de “nuevos perfiles” docentes, como “el profesorado visitante, especialista o emérito”, cuyo régimen de contratación deberá regularse.

La norma, además, revisará los requisitos del alumnado para acceder a los estudios. El objetivo es crear un marco básico que tienda a homogeneizar las llamadas “pruebas específicas” de entrada a estas enseñanzas, dotándolas de una “mayor garantía y fiabilidad en sus resultados”. También podrán valorarse “otros elementos del itinerario formativo previo de los aspirantes”.

La ley plantea dar gradualmente más libertad a los centros superiores de enseñanzas artísticas para elaborar sus planes de estudios, con el horizonte final de equipararlos con las universidades, donde es muy amplia. De entrada, el ministerio apuesta, sin embargo, por mantener “al menos temporalmente” un catálogo concreto de enseñanzas artísticas. Un repertorio de enseñanzas definido por el Gobierno que será en todo caso revisado para ir adecuándolo “a las necesidades derivadas de los nuevos tiempos y a la evolución del sector artístico-productivo”, lo que permitiría crear por ejemplo nuevas especialidades.

El mayor margen de los centros a la hora de diseñar sus planes de estudios irá acompañado, señala el texto, de una definición de los “protocolos necesarios” para evaluarlos “conforme a los estándares internacionales de calidad, pudiendo considerarse en el debate el papel que pudieran jugar las agencias de acreditación de los estudios universitarios”. Es decir, que las entidades (como la Aneca, a escala estatal) que ahora revisan la calidad de los planes de estudios universitarios vean ampliadas sus funciones para controlar también los de las enseñanzas superiores. El documento plantea que puedan establecerse “estructuras curriculares específicas y de innovación docente, tales como programas de itinerario abierto o de simultaneidad de dobles grados o máster”.

La ley tratará de potenciar la internacionalización de los centros, su relación con centros con sede en otros países y la “incorporación de estudiantes extranjeros”. Y reforzará la participación del alumnado en la gestión de los centros, así como su movilidad “a través de programas de intercambio o estancias y de la formación dual con prácticas en entornos laborales”.

“Una deuda histórica del país”

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha afirmado durante la presentación del documento a la prensa, en la sede del Ministerio de Educación, que la futura ley vendrá a “saldar una deuda histórica que el país tiene con el sector de las enseñanzas artísticas”, que lleva décadas esperando una regulación específica. Mientras José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidad, ha afirmado a continuación que la nueva norma permitirá sinergias entre las facultades y los centros de enseñanzas artísticas superiores, por ejemplo, a través de programas de posgrado y doctorado conjuntos.

UGT, que como otros sindicatos envió al ministerio una propuesta con los puntos que consideraba claves en la reforma, ha destacado en un comunicado que varios de ellos han sido incluidos en el documento del Gobierno, especialmente su petición de mantener “la autonomía de las enseñanzas y su desarrollo en un espacio autónomo propio de educación superior”, es decir, fuera de la Universidad.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.