Endogamia y corrupción generalizada en la Universidad española: ¿seguimos mirando hacia otro lado?

La Universidad pública es altamente endogámica. Esta afirmación la avalan los datos del Ministerio de Universidades: el 73% del Personal Docente e Investigador (PDI) trabaja en la universidad en la que se doctoró. Obviamente, esto no significa que todo ese personal deba ser sospechoso de fraude, pero sí es llamativo ese alto porcentaje respecto a otros países de nuestro entorno. ¿El motivo? El principal determinante de la endogamia universitaria son “los sistemas de acumulación de poder”, concluye un reciente estudio sobre esta cuestión. Nos atrevemos a decir que lo que se esconde tras las cifras es, frecuentemente, una corrupción generalizada de nuestras universidades, que venden la internacionalización, la transversalidad, la movilidad y la meritocracia, pero valoran de puertas adentro el servilismo, la adscripción temprana y de por vida a un departamento y la omertà. A aquellos que desde una posición de (ir)responsabilidad institucional, política y sindical opinan, y así lo expresan en medios nacionales, que la cuestión de la endogamia es una “chorrada” y que “si buscamos escándalos en prensa sobre oposiciones a profesor universitario veremos la práctica ausencia de los mismos” quisiéramos indicarles algunas noticias recientes:

• En la Universidad Complutense de Madrid: presiones por whatsapp, documentos robados, méritos falsificados y un largo etcétera de anomalías denunciados en la adjudicación de una plaza de profesor ayudante doctor.
• En la Universidad de Oviedo: una candidata denuncia prevaricación en una plaza de profesorado. El juez lo confirma y obliga a la universidad a anular la concesión de la plaza. Ésta, ni corta ni perezosa, ignora deliberadamente la sentencia y mantiene a la otra profesora en su puesto porque es “el procedimiento habitual en las universidades”.
• En la Universidad de Cantabria: un profesor denuncia al rector y al vicerrector de Profesorado, de nuevo por presunta prevaricación en una plaza de profesor contratado doctor.
• En la Universidad de Salamanca: un juzgado ratifica la irregularidad de un baremo que no se molesta en disimular la endogamia al otorgar explícitamente puntos adicionales por tener el grado y/o premio extraordinario de grado o fin de máster de esa universidad.

Estos ejemplos dan una idea de la escabrosa forma en la que se adjudican muchas de las plazas de PDI. La prevaricación en la adjudicación es probablemente una manifestación de la gobernanza casi feudal de muchos centros. En este sentido, han salido a la luz diversos casos de acoso y otros abusos de poder. Además de ser exigibles responsabilidades individuales a los implicados, son exigibles responsabilidades institucionales. Así pues, dirigimos esta carta al ministro de Universidades y al presidente de la conferencia de rectores (CRUE) instándolos a que se posicionen sin ambigüedad del lado de las víctimas y de la transparencia.

Desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) queremos poner sobre la mesa varias ideas con intención constructiva, invitando a un debate necesario.

I. Facilitar la participación a las plazas de PDI.

Uno de los primeros motivos por los que se da la endogamia en el Sistema Universitario Español (SUE) es porque se desincentiva y se dificulta la participación de candidaturas “externas”. Proponemos:

1. Eliminar las tasas administrativas. Es un auténtico bochorno cuando se ha de explicar en Europa que para presentarte a una plaza de ayudante doctor o contratado doctor has de pagar 30 o 50 euros. Cobrar por concurrir es un freno obvio a la participación.
2. Establecer un calendario fijo de convocatorias y hacerlo público y accesible. Cada universidad convoca plazas cuando considera oportuno, sin previo aviso y con plazos para presentar solicitudes generalmente cortos. Muchas veces solo se enteran a tiempo las personas avisadas.
3. Obligar a las universidades a hacer claramente visibles las ofertas de empleo en su web principal. A menudo el “tablón de anuncios” relevante está en una dirección de difícil acceso, muestra de la nula voluntad de fomentar la participación.
4. Adoptar un modelo único de currículum para todas las convocatorias. Cuando se ha de dedicar varios días a cumplimentar un CV distinto para cada universidad, sumándole las tasas, es lógico que se acabe concurriendo a pocas plazas, posiblemente de su propia universidad donde se tiene más posibilidades.

II. Aumentar la transparencia y las garantías en los procesos selectivos.

Formalmente no se puede decir que la selección del profesorado universitario se realice de manera totalmente arbitraria y opaca: existen estatutos, normativas, baremos, plazos y procedimientos establecidos. Sin embargo, hay numerosos intangibles dentro de la decisión de los tribunales y falta transparencia. Dentro del límite de la autonomía universitaria se deberían fijar unas garantías mínimas comunes para el conjunto del SUE:

1. Publicar los baremos antes de la convocatoria y prohibir cualquier modificación (salvo errores formales en el baremo original). Es incomprensible que se convoquen plazas sin conocerse el baremo desglosado o peor, que se cambie después.
2. Publicar la evaluación detallada de todos los méritos de cada persona candidata. No es de recibo que se publiquen solo las puntuaciones finales, sin que las personas afectadas puedan conocer (e impugnar si es el caso) la evaluación desglosada.
3. Elegir los miembros de la comisión de evaluación por sorteo y externos al centro para minimizar el riesgo de conflicto de intereses. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) prevé un mínimo de 50% de miembros externos por sorteo. Esto sería un avance, pero no existen impedimentos para que la comisión sea 100% externa. Posiblemente el mayor argumento en contra sería el que defiende que es el departamento el que mejor conoce sus necesidades, pero tratándose de convocatorias públicas no nos parece convincente a la luz de la endogamia.

III. Facilitar la denuncia y sancionar de manera efectiva los casos de malas praxis.

Parafraseando una famosa canción, podríamos resumir este apartado en la máxima: “que ser valiente no salga tan caro, que ser corrupto no valga la pena”. En los casos de prevaricación a menudo tiene mucho más que perder quien denuncia que quien prevarica. Proponemos:

1. Crear un organismo estatal al que poder denunciar cualquier sospecha de prevaricación universitaria. La denuncia tendría que poder realizarse de manera fácil, rápida y gratuita. En la medida de lo posible se debería mantener el anonimato de la persona denunciante para protegerla. Un procedimiento más o menos análogo a la Inspección de Trabajo, pero focalizado en la prevaricación universitaria y que, por tanto, podría depender del Ministerio de Universidades.
2. Establecer sanciones administrativas desde la Universidad al margen de las sentencias judiciales. Los reglamentos de partidos políticos establecen que una persona investigada por la justicia debe abandonar sus cargos mientras dure la investigación, pero en el SUE no nos consta que ningún presidente de una comisión de selección haya sido sancionado, aún cuando existe una denuncia judicial. Ni tan siquiera cuando la justicia falla a favor del demandante suele haber consecuencias individuales. Como mucho, será la institución la que pague una indemnización (con dinero público). Existe pues una casi total impunidad a nivel individual. ¿Es el PDI funcionario intocable y superior a la ley?

IV. Otras medidas: revisar el modelo de gobernanza, políticas de evaluación y contratación y algunos conceptos jurídicos.

Si la endogamia y la corrupción son tan comunes es en gran parte porque se delega todo el poder de la contratación de PDI en los departamentos. El ministerio y la CRUE, en una dejación de funciones, aluden a la “autonomía universitaria” para relegar las responsabilidades a cada universidad. A su vez, estas defienden la independencia de sus departamentos. Finalmente, los departamentos y las comisiones de selección alegan “discrecionalidad técnica” para justificar sus decisiones. A las víctimas se les da a entender que es imposible luchar contra las injusticias porque el sistema defiende la arbitrariedad. Sin embargo, existen sentencias del Tribunal Supremo en sentido contrario declarando que “la motivación del órgano de selección [...] es insuficiente y no queda amparada por la llamada discrecionalidad técnica” (STS 211/2019). Planteamos:

1. Revisar y velar por la correcta aplicación de los conceptos de autonomía universitaria y discrecionalidad técnica. Sería recomendable incluir en estos procesos selectivos un recordatorio al artículo 9.3 de la Constitución: “La Constitución garantiza […] la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
2. Luchar contra la precariedad separando los procesos de estabilización interna de las convocatorias públicas y de atracción. En gran parte, la endogamia se debe al uso (fraudulento) de convocatorias supuestamente públicas como medidas de estabilización del PDI precario de la universidad. No es raro escuchar que tras años de contratos precarios a uno/a le van a sacar “su” plaza. La FJI apoya las medidas de estabilización, pero es intolerable que se haga tergiversando convocatorias públicas. Es necesario que existan procesos claramente distinguidos entre la estabilización interna y las convocatorias públicas de acceso libre.
3. Fomentar la “vía investigadora” y la certificación I3 o R3. Defendemos la estabilización del personal investigador en el SUE por medio de la certificación I3 (o la futura R3). Éste ha sido necesariamente valorado nacional o internacionalmente (y no por la universidad) previamente para obtener contratos competitivos (además de la certificación de la agencia de acreditación ANECA). Por eso pedimos que se aumente el porcentaje de reserva de plazas para ese personal del 15% al 25%, como en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs).
4. Separar la selección de las personas candidatas de su adscripción al centro. Merece la pena discutir un modelo en el que las personas candidatas competirían a nivel nacional en su área respectiva y solo en una segunda etapa (entre las personas ya seleccionadas) se vincularían a una universidad que haya ofertado una plaza en esa área. Así funciona, por ejemplo, el programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia. ¿Podrían atribuirse así las plazas de profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor, por ejemplo? Sí. Los centros podrían tener un poder mayor o menor para seleccionar los candidatos (previamente preseleccionados a nivel nacional) en función de sus necesidades. Sin embargo, tenemos que evitar el “perfilado” excesivo de las plazas. Se convocan muchas con un perfil tan cerrado que solo falta poner el nombre y apellido de la persona que se quiere contratar.

No queremos olvidar que la infrafinanciación en el SUE es un agravante para la endogamia, ya que la tendencia a asegurarse los bienes para sí mismo y “los suyos” se acentúa cuando hay escasez. Sin embargo, no podemos aceptar que sea excusa para justificar la prevaricación y la corrupción generalizada en las universidades públicas.

Por todo lo expuesto hasta aquí insistimos en apelar al Ministerio de Universidades y a la CRUE para que aborden el problema de la endogamia y la corrupción. Ignorar el problema o minimizarlo es un posicionamiento insostenible e intolerable, como también lo es que un Gobierno progresista opte en la nueva LOSU por delegar ampliamente éste y otros muchos temas como la gobernanza de las universidades o las tasas de temporalidad a los claustros y las comunidades autónomas en una clara dejación de funciones.

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