Educación secundaria

Andalucía vira para fomentar la enseñanza concertada en FP y Bachillerato

La Junta primará los acuerdos con las empresas para la educación secundaria frente a las plazas públicas

Un grupo de alumnos, en el recreo del colegio Alberto Durero de Sevilla.
Un grupo de alumnos, en el recreo del colegio Alberto Durero de Sevilla.

Andalucía dará un viraje a partir del próximo curso (2021-2022) para aumentar sus conciertos con la enseñanza privada en Formación Profesional y Bachillerato. La Junta (PP y Ciudadanos) sigue la estela de comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia o País Vasco, donde el peso del sector privado en la educación secundaria es relevante. “Este cambio de rumbo lo votaron los andaluces, venía en los programas políticos [de PP y Cs]. ¿Hay opción ideológica? Sí, la de apoyar a la concertada tanto como a la pública. ¿Es un ataque a la pública? No”, alega la viceconsejera de Educación andaluza, Carmen Castillo sobre el giro de timón. Dos años después del cambio de Gobierno, la Junta promueve la expansión de la educación concertada, una senda ya iniciada el pasado invierno con un decreto de escolarización.

La decisión ha sido avanzada por el Ejecutivo autonómico en un borrador de orden para los conciertos ―publicado esta semana― y la comunidad educativa se ha posicionado en contra para alertar de que los centros públicos resultarán perjudicados. La Junta arguye que de momento se centrará en aumentar la oferta de FP para reducir el fracaso escolar y que el crecimiento del concierto para Bachillerato ―hoy 8.289 alumnos, un 7% del total― no está de momento sobre la mesa.

Durante años, los Gobiernos socialistas ignoraron un dato clave que explica en parte el alto abandono escolar temprano en Andalucía, del 21,6%, cuatro puntos por encima de la media española: cada año 35.000 alumnos se quedaban fuera de la Formación Profesional por falta de plazas. Desde el cambio de Gobierno hace dos años, se han creado 13.000 plazas hasta llegar a las 133.000, pero la demanda sigue al alza y la Consejería de Educación alega que son necesarias otras 30.000 nuevas plazas con urgencia y no puede seguir el ritmo, por lo que debe apoyarse en la empresa privada para que oferte a los adolescentes ciclos con posibilidades de lograr contratos en el mercado laboral.

“Terminan rompiendo el equilibrio de tres décadas y la excusa es que no hay dinero para todos. Buscan un nuevo conflicto en la enseñanza pública, ya atacada con el decreto de escolarización”, avisa Diego Molina, del sindicato CC OO. “La solución no son los conciertos, sino crear unidades cuando hay necesidad, y no lo hacen. La Junta encontrará un fuerte rechazo, no descartamos movilizaciones”, añade Elena García, de CSIF. La confederación andaluza de asociaciones de padres y madres (Codapa) también ve la medida como un ataque a la educación pública: “El dinero público debe solventar los problemas y las carencias de la escuela pública, y la inversión en conciertos supone un ataque a una escuela pública, ya de por sí castigada a lo largo de los últimos años. Se deben crear las plazas públicas suficientes para que la educación no sea un negocio”, señala.

En la acera de enfrente, Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, recibe satisfecho el viraje de la Junta, pero reclama concreción: ““Les he pedido qué aclaren qué ciclos tienen alta empleabilidad y no me han dado respuesta desde la Junta”. Silvia Santos, secretaria general de la federación de sindicatos independientes de enseñanza, añade: “Nos lo negaron 38 años y esta Junta lo llevaba en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. Eso sí, hemos pedido la misma prioridad para Bachillerato que para FP”.

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha alegado que los recursos son limitados, y la Junta se ha gastado 620 millones en el plan de inversión ―7.000 nuevos docentes incluidos― previsto por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Educación destinará 700 millones a las comunidades de los fondos europeos durante los próximos tres años, y un pellizco importante de esos fondos finalistas corresponderá a Andalucía. “Cada comunidad dirá cuántas plazas puede crear”, aclaran fuentes del Ministerio de Educación sobre la cifra destinada a cada comunidad, pendiente de las peticiones de los Gobiernos autonómicos.

En la Comunidad de Madrid hay 330 centros que imparten FP, de los que 137 son públicos y 193 privados (de los que 90 están concertados por la Administración, el 39%). En Andalucía, de las 133.000 ofertadas para FP, 26.000 son concertadas, el 19% del total.

Segregación

En paralelo, Andalucía arrastra de fondo el problema de la segregación en las aulas, que habitualmente no suele reducir la educación concertada. “Tras Madrid y País Vasco, Andalucía encabeza la segregación por motivos socioeconómicos y en los barrios más vulnerables, los centros reciben menos recursos desde la Junta. Los centros concertados imponen cuotas ocultas que no son asumibles por familias de rentas bajas”, critica Javier Cuenca, responsable de la ONG Save the Children en esta región.

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, fue dueño de una red privada de academias que ofertaba cursos de FP antes de acceder al cargo. “No solo es feo, debería ser incompatible con la propia función de consejero. Puede haber un interés particular a través de conocidos, amigos o familiares”, censura Molina. Y Castillo replica: “No hay conflicto ético y él no va a hacer de la política su vida. Ha sido gestor, y es un grado, no un inconveniente”.

Queda un año para el arranque del curso escolar 2021-2022 y al borrador de orden se presentarán alegaciones. Está por ver si finalmente el 7% de las plazas concertadas en Bachillerato se mantiene, tal y como asegura ahora la Junta, y cuánto aumenta el porcentaje del 19% de las plazas concertadas en la FP respecto a la apuesta por los ciclos formativos públicos.

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