La ONU reprende a España por obligar a un niño con síndrome de Down a estudiar en un centro específico de educación especial
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad concluye que la Administración violó el derecho a no ser discriminado de Rubén Calleja al sacarle de un colegio ordinario cuando tenía 11 años
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) ha concluido que España violó los derechos a una educación inclusiva y a no ser discriminado de Rubén Calleja, un joven con síndrome de Down que cuando tenía 11 años fue obligado, en contra del criterio de su familia, a abandonar la escuela pública ordinaria de León en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educación especial.
El dictamen llega con una reforma educativa en marcha en España que propone cambios a medio plazo en la escolarización de los niños con discapacidad. Y que ha sido criticada tanto por el sector de los centros de educación especial, que defiende su mantenimiento, como por organizaciones de personas con discapacidad, que reclaman la rápida desaparición de este tipo de escuelas, en línea con lo que propugna el comité de la ONU. Unos 35.000 alumnos, en torno al 17% del total de los estudiantes españoles con discapacidad, asisten ahora a centros especiales.
En su resolución sobre el caso de Rubén Calleja, que ahora tiene 21 años, el comité reprocha a España que "apenas haya avanzado en cuanto a la educación inclusiva”, y le insta a “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”, así como a eliminar “toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad”, tanto en centros de educación especial con en “unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias”.
Indemnización
El dictamen, que es de obligado cumplimiento, concluye que España debe proporcionar “una reparación efectiva” de los gastos en que incurrió la familia intentando que la Administración educativa de Castilla y León rectificara, y pagarle una indemnización ―que no cuantifica, por lo que probablemente deberán acabar determinándola los tribunales― "los daños emocionales y psicológicos” sufridos por Rubén y sus padres a lo largo del proceso.
Como ya hizo en 2018, cuando emitió un duro informe sobre el cumplimiento por parte del país de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por España en 2008, el comité urge al país a que los centros educativos realicen “los ajustes razonables” para que el alumnado con discapacidad pueda completar su formación en los colegios e institutos ordinarios sin tener que cambiar de centro.
Siete años de lucha
Alejandro Calleja, el padre del joven, celebraba este lunes la decisión del organismo de Naciones Unidas. “Hemos pasado siete años de lucha por los derechos y la dignidad de Rubén y hasta ahora todas nuestras peticiones ante las instancias judiciales habían sido desestimadas. Lo que no puede ser es que después de estar ocho años perfectamente escolarizado e integrado en un colegio público, el González de Lama de León, llegue un profesor y te diga que no quiere a tu hijo en su clase. Y que todo el trabajo que habíamos adelantado y todo lo que habíamos hecho el conjunto de la comunidad educativa se viniese abajo", afirma Calleja por teléfono.
Los padres, acusados
Según la reconstrucción que realiza el comité de la ONU de lo sucedido desde el año 2009, los problemas de Rubén y de su familia no se limitaron a su exclusión de la escuela ordinaria. Los padres denunciaron ante la fiscalía que su hijo había sufrido, supuestamente, malos tratos en el colegio por parte de dos docentes, pero el asunto fue archivado. Un tiempo después fue la Fiscalía de Menores de León quien denunció a los progenitores por presunto abandono familiar, el delito con el que se persigue el absentismo escolar. El motivo fue que los padres se negaron a llevar a su hijo al centro de educación especial que la Junta de Castilla y León les había asignado. Esta denuncia acabó en nada, después de que un juzgado de León no apreciara delito en 2015. Aquel proceso, afirma Calleja, supuso “un coste tremendo, económico pero sobre todo emocional”.
Después de un periodo de alegaciones en el que han participado, de un lado, la familia, que denunció el caso ante el comité en 2017, y del otro, la Abogacía del Estado, el organismo de Naciones Unidas llega a la conclusión de que la denuncia de malos tratos contra el niño formulada por los padres no fue suficientemente investigada, e insta a España a hacerlo. Y también exige al Estado que “vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones”.
La nueva ley
El proyecto de reforma de la ley educativa, la Lomloe, contempla en su disposición adicional cuarta que en un plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, de acuerdo con lo previsto en la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”. La norma no prevé la desaparición de los centros de educación especial, pero sí configura un modelo nuevo en el que estos, como ha sucedido en otros países, se limiten a acoger a aquellos “alumnos que requieran una atención muy especializada” (por ejemplo de carácter médico) y desempeñen a la vez “la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
La previsión ha generado el rechazo del sector de la educación especial, en el que conviven centros públicos, centros concertados ―promovidos en buena medida por familiares de personas con discapacidad y entidades sin ánimo de lucro―, y centros privados, que defienden la pervivencia del actual modelo. La norma que se tramita en el Congreso también ha recibido las críticas de entidades de personas con discapacidad, como Solcom, que fue la primera en denunciar a España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Estas, en el flanco opuesto, lamentan que el proyecto de ley plantee un horizonte de una década y mantenga mientras tanto una doble red que la ONU considera discriminatoria.
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