Todos los niños mayores de seis años llevarán mascarilla en clase aunque estén en un grupo burbuja

A partir de septiembre todos los alumnos mayores de seis años tendrán que llevar puesta la mascarilla en clase aunque formen parte de uno de los llamados grupos de convivencia estables o burbuja (cuyos integrantes no pueden mezclarse con miembros de otras clases). Así lo han acordado este jueves el Gobierno y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. La medida, que obligará a los niños a llevar la mascarilla durante toda la jornada escolar salvo a la hora del comedor y el almuerzo, constituye una respuesta de las autoridades educativas al escenario de aumento de contagios con el que arrancará el curso.

El pacto no fue unánime. Euskadi no rechazó la medida, pero se abstuvo en la votación, como ha hecho desde que empezó la epidemia en el mismo foro, al considerar que la enseñanza es una competencia exclusiva de su Ejecutivo. Su consejera, Cristina Uriarte, señaló que fijarán su postura este viernes.

El apoyo de Cataluña también fue ambiguo. Aunque el ministro de Sanidad y otras cuatro fuentes presentes en la reunión aseguraron que su consejero Josep Bargalló se mostró de acuerdo con la medida, el Departamento de Salud de la Generalitat matizó después que donde la incidencia de la epidemia sea baja, los alumnos catalanes solo llevarán mascarilla desde los 12, como contempla la normativa que presentaron el martes. “No hay que buscar discordancia con la Conferencia Sectorial. Nosotros proponemos esto. Por desgracia en casi todas las zonas la situación epidemiológica es de alto riesgo, así que también se llevará la mascarilla a partir de los seis años. Sí que hay zonas que están mejor, y la obligación será a partir de los 12 años”, declaró el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, informa Josep Catà. Otras comunidades, como Galicia, consideraron el acuerdo positivo aunque criticaron que llega tarde.

A pesar de ello, el pacto hizo más homogéneas las regulaciones autonómicas en el punto más sensible ante la epidemia, extendiendo la fórmula más estricta que ya contemplaban en sus protocolos La Rioja y Cantabria. Y representó un logro para la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuyo liderazgo ha sido cuestionado estos días desde múltiples frentes, y para el Gobierno, partidario de reforzar la seguridad, en el pulso que mantienen con las comunidades, que tienen la competencia de la organización escolar y deben aplicar las medidas en los centros, desde que empezó a prepararse el nuevo curso. “Hemos trabajado conjuntamente respetando las competencias de las comunidades autónomas, así entendemos la cogobernanza”, afirmó Celaá. “Si se cumplen bien las medidas acordadas, tendremos muy pocos brotes”, dijo Salvador Illa, que participó de forma extraordinaria en la conferencia de educación. Entre las cuestiones que continuaron sin resolverse destaca las respuestas que las Administraciones darán a las familias que lleven a sus hijos al colegio cuando tengan síntomas compatibles con la enfermedad o, en el extremo contrario, que no quieran llevarlos por miedo al contagio.

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El Gobierno y las comunidades alcanzaron en realidad dos acuerdos, que se recogieron en dos documentos distintos que, según dijeron, están “vivos”, abiertos a cambios en función de la evolución de la covid y suponen un “mínimo común denominador” que los territorios pueden ampliar en sus protocolos. Un documento regula cómo debe ser el día a día escolar mientras dure la epidemia, y el otro cómo deben reaccionar los centros cuando se detecte un contagio. Este último establece que si el alumno o profesor que da positivo pertenece a un grupo burbuja (en los que no hay que mantener la distancia de un metro y medio y están pensados fundamentalmente para infantil y los primeros cursos de primaria), todos sus integrantes tendrán que cumplir cuarentena. Si, por el contrario, el infectado pertenece a un grupo ordinario (en los que debe mantenerse la distancia interpersonal), realizarán cuarentena aquellas personas que sean consideradas contactos estrechos del enfermo por los responsables sanitarios.

El plan prevé que el cierre de todo el colegio solo se producirá cuando se alcance una “transmisión comunitaria no controlada” del virus, y este haya sido detectado en varias clases. “El cierre de las aulas es una decisión que compete a las comunidades autónomas. Y hay un consenso amplio de que medidas de este tipo serán el último recurso”, señaló Illa. En cada centro habrá una persona responsable de coordinar “los aspectos relacionados con la covid”.

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Declaración responsable

El documento que regula el día a día en el centro contiene 29 medidas. Las principales, además de la mascarilla, son el mantenimiento de 1,5 metros de distancia dentro del centro como norma general, salvo en las burbujas. El lavado frecuente de manos (al menos cinco veces). La mayor ventilación posible de aulas y estancias escolares, y la preferencia por que las clases se impartan con las ventanas y puertas abiertas. Y la toma de temperatura diaria de los alumnos: las comunidades decidirán si se encargan de ello las familias antes de salir de casa, en cuyo caso deberán firmar una declaración responsable (un documento comprometiéndose a ello) o al llegar al centro. Hay escuelas que han decidido aplicar ambas modalidades.

Los ministros no pudieron concretar qué consecuencias tendrá para los padres que lleven a sus hijos a la escuela pese a saber que tienen síntomas de covid. Illa mencionó que las comunidades han aprobado un régimen sancionador para hacer cumplir a los ciudadanos las medidas de prevención contra la epidemia. Pero la pregunta turbó al ministro, poco dado a acalorarse: “No concibo que esto suceda. No concibo que un padre lleve a un niño sabiendo que no está en condiciones de tener actividad escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de alumnos y personal que está trabajando. De todo hay, pero no lo concibo”, dijo.

Conciliación

Illa añadió que la acción le resultaba especialmente inconcebible cuando “hay una serie de medidas que permiten tomar las decisiones más adecuadas”, en una aparente referencia a alternativas de conciliación laboral previstas para los padres que tengan que quedarse en casa con sus hijos. Pero Celaá admitió que, a pocos días del inicio de curso, no hay nada decidido: “El documento que hemos acordado no recoge el tema de conciliación, pero pueden tener la plena seguridad de que este Gobierno siempre está, ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias acorde a las necesidades”. Celaá afirmó que la cuestión compete a Sanidad, Educación, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social, y añadió: “Todos estos ministerios pensaremos las respuestas acordes a las necesidades de las familias”. Poco antes, tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la de Trabajo, Yolanda Díaz, habían rebajado las expectativas sobre un permiso retribuido o baja para cuidar a un menor en aislamiento.

Persistió también la duda de qué pasará con los padres que no quieran llevar a los niños al colegio por temor a que se contagien. Celaá recordó a las familias que la educación “es un derecho fundamental de los alumnos”, no de los padres, y que por lo tanto deben llevarlos. Pero a la pregunta de qué consecuencias concretas tendrá dicho absentismo solo respondió que el Gobierno ha solicitado “un informe jurídico que será puesto a disposición de las comunidades autónomas”.

Fuera de los acuerdos ha quedado el número máximo de alumnos por aula —que las comunidades han decidido en base a su población escolar, espacios disponibles y profesorado—. Tampoco se incluyó la realización de pruebas PCR al profesorado (como han anunciado por ejemplo Galicia y Andalucía) o a toda la comunidad escolar (como piensa hacer Cataluña). Illa afirmó que se trata de una medida poco eficaz: “No hay ninguna indicación sobre la aplicación de PCR. Una acción indiscriminada no tendría mucho sentido. Sí puede tenerlo hacer cribados” selectivos.

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