Mascarillas, PCR, cuarentenas, número de alumnos por aula: las dudas sobre la vuelta al cole

El Ministerio de Educación ha convocado este jueves a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial de educación, la última reunión antes del inicio del curso. Al encuentro, además de la ministra Isabel Celaá, asistirán los titulares de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. El Gobierno quiere aprovechar la cita para tratar de unificar algunos elementos, especialmente el uso de la mascarilla.

La decisión final corresponderá a los Ejecutivos autonómicos, que tienen la competencia en materia de organización escolar y en estos momentos solo están limitados por la sucinta mención que el decreto de nueva normalidad convalidado por el Congreso dedica a los centros educativos. Pero en otros ámbitos, como la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otra persona, el Gobierno ha impulsado normativa común a través del consenso. La reunión educativa llega en un clima de preocupación por el aumento de los contagios -que ha llevado a Madrid a retrasar el inicio de las clases, a Cataluña a endurecer su plan de vuelta a las aulas y al conjunto de comunidades a mostrarse abiertas a revisiones de sus protocolos- que en este caso puede facilitar los acuerdos.

Estos son algunos de los puntos clave del nuevo curso.

Mascarillas. Todos los planes autonómicos establecen su uso obligatorio fuera del aula cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros. Dentro de las clases las regulaciones son diferentes. Su uso, en principio, no es necesario en los llamados grupos de convivencia estable o grupos burbuja (en los que los alumnos no se relacionan con estudiantes de otras clases). Pero algunas comunidades contemplan hacerla obligatoria también en ellos (Cataluña ya lo ha hecho, pero como norma general a partir de los 12 años).

En los grupos normales (no burbujas), las normativas autonómicas prevén que las mascarillas sean obligatorias dentro de clase cuando los alumnos estén sentados a menos de 1,5 metros. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó el martes a los viceconsejeros de Educación que Sanidad probablemente emitirá el jueves una recomendación al respecto.

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PCR. Galicia, Andalucía y Cataluña prevén hacer pruebas PCR masivas a los docentes o a toda la comunidad educativa como medida de prevención. El secretario de Estado de Educación explicó el martes a las comunidades que el Ministerio de Sanidad no lo ve especialmente útil, al constituir una foto fija: alumnos y profesores pueden contagiarse al día siguiente, y repetir regularmente los test masivos tendría un coste muy elevado (Cataluña tiene previsto hacer 500.000 entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre).

Termómetros. Sanidad tampoco ve particularmente útil tomar la temperatura a los alumnos a la llegada a los centros, según explicó el martes Tiana a los viceconsejeros de Educación en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de este jueves. El termómetro no detecta a los asintomáticos y puede provocar aglomeraciones a las puertas del centro o de las clases. Algunas comunidades sí prevén hacerlo, y en todo caso es una medida que pueden adoptar los propios centros. Lo ideal, ha afirmado este jueves la ministra Celaá es que las familias tomen la temperatura y examinen el estado general de los niños y adolescentes antes de salir de casa. Esa obligación figura en casi todos los protocolos autonómicos y algunos de ellos contemplan también la obligación de los padres de firmar una declaración responsable comprometiéndose a no llevarlos al centro si observan síntomas de enfermedad.

Alumnos por aula. La recomendación de los ministerios de Educación y Sanidad, recogida en la guía higiénico sanitaria que ha servido de base para los protocolos autonómicos, es que los más pequeños (en infantil y hasta cuarto de primaria) formen grupos de convivencia estable de hasta 15 alumnos o como mucho 20. A petición de las comunidades, la guía del ministerio añadió: “Las consejerías de Educación podrán flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de convivencia estable siempre que la autoridad sanitaria de salud pública de dicha comunidad autónoma así lo autorice”. Casi todos los territorios elevaron entonces el tope hasta la ratio legal en infantil y primaria, 25 alumnos (Asturias lo fijó en 21). Y Cataluña extendió los grupos burbuja hasta bachillerato y FP y su tamaño hasta los 30 alumnos.

En los grupos que no son burbuja (en la mayor parte de comunidades eso significa en los últimos cursos de primaria y etapas educativas superiores) rige el límite físico de que los alumnos deben sentarse a un metro y medio de distancia, a lo que varias autonomías han añadido otro parámetro: una superficie mínima de 2,25 metros cuadrados de superficie de aula por alumno (en clases de tamaño estándar eso significa que caben entre 15 y 20). La mayor parte de los protocolos deja abierta, sin embargo, la puerta a que los alumnos estén a una distancia inferior (y por tanto quepan más en clase) si llevan mascarilla.

Semipresencialidad. Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja establecen la semipresencialidad en sus protocolos a partir de segundo o tercero de la ESO, salvo en los centros donde ello no resulte necesario por tener un número reducido de alumnos. Y Murcia ha anunciado que adelantará la semipresencialidad a infantil y primaria (en los centros con más de 20 alumnos por clase). Sin embargo, en la práctica la docencia mixta presencial y online estará mucho más extendida, sobre todo a partir de secundaria, porque las comunidades dejan en manos de los centros la última palabra a la hora de organizar los grupos y por motivos de seguridad muchos institutos optarán por la semipresencialidad. Los protocolos establecen para ello jerarquías a la hora de elegir. La básica es la edad: los de los cursos inferiores tienen prioridad.

Cuarentenas. Pocas comunidades (Cataluña, Andalucía y La Rioja) establecen que toda una clase deba cumplir automáticamente cuarentena en el caso de que uno de sus integrantes se contagie. Casi todos los protocolos autonómicos dejan la decisión en manos del servicio de salud pública de su comunidad.

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