Las comunidades, salvo Madrid, esperan mantener la fecha de inicio del curso

Madrid y Cataluña, dos de las comunidades que más críticas han recibido por la forma de organizar la vuelta al colegio —sobre todo la primera, donde los sindicatos de profesores han convocado una huelga— han presentado este martes cambios de calado a menos de una semana del comienzo formal del curso, el 1 de septiembre. Madrid ha anunciado que retrasará el inicio de las clases en varios niveles educativos de primaria y la ESO, y que a partir del segundo curso de secundaria la docencia será semipresencial. Cataluña, uno de los territorios que más laxos se había mostrado con el uso de la mascarilla, ha comunicado que los alumnos deberán llevarla de forma obligatoria al menos a partir de los 12 años, incluso si forman parte de un grupo de convivencia estable (cuyos integrantes no se mezclan con estudiantes de otras clases), una fórmula que en principio las excluía.

Más información

Estas son las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para detener la expansión del virus

Casi a la misma hora, la gran mayoría de comunidades han reafirmado en una reunión con el Ministerio de Educación su intención de mantener el calendario de arranque del curso como tenían previsto (entre el 4 y el 15 de septiembre para los más pequeños). Si bien preguntadas después por este periódico, varias consejerías de Educación (las de Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia) han añadido un precavido “de momento”. Todo dependerá, admiten sus portavoces, de la evolución de la epidemia en sus territorios. Las autonomías han reiterado su compromiso de garantizar el mayor grado de presencialidad posible, sobre todo en infantil y primaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hablado del comienzo del curso al término del Consejo de Ministros después de que diversas voces —este martes lo han hecho su socio en el Ejecutivo, Podemos; el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo— hayan reclamado un mayor liderazgo del Ministerio de Educación en la preparación del nuevo curso. Sánchez ha subrayado que la organización escolar es una competencia de las autonomías, ha asegurado que los ministerios de Educación y Sanidad llevan meses trabajando con las comunidades en su diseño y ha expresado su confianza en que, pese a los últimos datos de contagios, las clases podrán comenzar “con normalidad”.

“El mensaje fundamental que deben tener los alumnos y las alumnas, lo digo como padre, no solamente como presidente del Gobierno, y la comunidad educativa en su conjunto, trabajadores y Ampas [asociaciones de madres y padres], es que vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de covid. Nuestros hijos e hijas van a estar más seguros en los centros educativos que en otros muchos entornos en los que han estado en este periodo estival”, ha afirmado Sánchez.

El presidente ha recordado que el Gobierno va a aportar a las comunidades 2.000 millones de euros para que adapten sus sistemas educativos al contexto de epidemia, y que Educación y Sanidad elaboraron en junio una guía que ha servido de base para los protocolos sanitarios autonómicos. Y se ha mostrado esperanzado en que este jueves se alcance un nuevo acuerdo en la Conferencia Sectorial de Educación, que reunirá a las comunidades con la ministra Isabel Celaá y, de forma excepcional, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. La Conferencia de Presidentes, prevista en principio para finales de agosto para abordar el inicio de las clases, ha sido pospuesta en principio para septiembre, ha indicado.

Toma de temperatura

La cita del jueves ha tenido este martes una reunión preparatoria en la que participaron el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros o directores generales de Educación autonómicos. En ella, según fuentes presentes en el encuentro, Tiana ha adelantado a las comunidades que el Ministerio de Sanidad no ve especial utilidad en hacer PCR masivas a los docentes al inicio de las clases, porque el test es una foto fija y no garantiza que el profesorado no se contagie días después, lo que puede provocar una sensación de falsa seguridad. Para que fueran efectivas, las pruebas tendrían que hacerse regularmente a toda la plantilla y tendría un coste económico y logístico inasumible, ha explicado. Las autonomías han estado, en general, de acuerdo, aunque varias han anunciado que sí las harán. Cataluña ha confirmado que quiere hacer 500.000 a todos los miembros de la comunidad educativa en dos meses.

Tampoco ha generado discusión, en una reunión que según las mismas fuentes ha sido tranquila, el hecho de que Sanidad también considere fútil implantar la toma de temperatura a los alumnos al entrar en clase. Entre otros motivos porque no serviría para detectar a los asintomáticos. Algunos territorios sí planean hacerlo, o han dejado la decisión en manos de los centros.

El elemento que más discrepancias ha provocado ha sido la mascarilla. Las comunidades prevén su uso desde edades distintas. Y varias, además de Cataluña, barajan hacerla obligatoria en los grupos de convivencia estable, también llamados grupos burbuja. Según ha trasladado Educación a las comunidades, Sanidad podría dar el jueves una indicación al respecto.

Aviso a las familias que no quieren volver a la escuela

Ante la pregunta de cómo va a reaccionar la Administración ante la negativa adelantada por un sector de padres de llevar a sus hijos a clase por temor a los contagios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que los centros “serán lugares seguros”. El Ministerio de Educación y las comunidades también han parecido ponerse de acuerdo (en la reunión celebrada este martes no se vota, ni todas las autonomías se han pronunciado sobre cada punto) en redactar una declaración que recuerde a las familias que llevar a los hijos al colegio es una obligación legal con el inicio de la enseñanza primaria (seis años).

El texto, que en principio se aprobará el jueves en la Conferencia Sectorial de Educación, subrayará que la educación es un derecho fundamental de los niños. Y quizá advierta de las consecuencias (en materia de patria potestad e incluso penales) de dicha acción, si bien el fenómeno se quiere abordar con sensibilidad mayor a la habitual en casos de absentismo. Alguna comunidad ha propuesto pedir un informe al respecto a la Abogacía del Estado, pero el ministerio no ha parecido muy receptivo a la idea.

Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook

Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS