Las autonomías utilizarán la inyección del Gobierno para contratar a profesores

Las autonomías lo estaban esperando. El domingo el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno destinará 2.000 millones de euros a fondo perdido –las comunidades no tendrán que devolverlo– para que las regiones puedan hacer frente a la reapertura de los centros educativos en septiembre con todas las modificaciones necesarias para cumplir con las nuevas medidas de seguridad. Dos de ellas, la bajada de la ratio a 15 alumnos por aula y la puesta en marcha de programas de refuerzo para los estudiantes con más dificultades, conllevarán la contratación de nuevos docentes y la ampliación de las infraestructuras educativas para habilitar más espacios. Solo hubo una voz discordante: la del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que pidió libertad para destinar esa partida educativa a otros fines.

“Para cumplir con los requisitos que marca Sanidad en cuanto a distancia social, va a hacer falta una reestructuración de las escuelas, con un aumento de los espacios o un mayor número de docentes, especialmente en Infantil y Primaria”, explica Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, que aclara que esas medidas serán “excepcionales” para el próximo curso y, por lo tanto, no permanecerán en el futuro. La compra de dispositivos digitales es otro de los asuntos más urgentes; Valencia ya ha distribuido casi 30.000 nuevas tabletas entre los alumnos con menos recursos. Consejeros de otras comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha o Aragón anunciaron objetivos en esa misma línea.

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Según los cálculos realizados por el sindicato CC OO, la adaptación de las escuelas al nuevo escenario de covid-19 requerirá una inversión de 7.385 millones, de los que 5.000 deberían destinarse a la contratación de 165.000 profesores nuevos, un 33% más de los que ya ejercen. “Solo así se podrán asegurar 15 alumnos por aula. Las comunidades también van a tener que poner dinero sobre la mesa para otras necesidades como la compra de dispositivos digitales, la modernización de las plataformas de aprendizaje online que usan los centros o las obras de acondicionamiento para habilitar nuevos espacios”, señala Francisco García, secretario general de Enseñanza del sindicato. Sobre el tipo de contratos que se hará a los nuevos profesores, temporales o indefinidos, prefiere no pronunciarse. “Lo ideal sería que una vez superado el coronavirus las ratios se mantuviesen bajas, en torno a los 21 alumnos en lugar de 25, pero es pronto para hablar de ello”.

Esos 2.000 millones extra suponen un 4% del presupuesto anual destinado a Educación –en 2018, ascendió a 50.807 millones– y supondrá unos 135 euros más de gasto por alumno. “Nadie tiene claro todavía cuánto dinero va a hacer falta para adaptar las escuelas a la pandemia; las autonomías todavía no tienen claras sus necesidades y tendrán que ir ajustándolas en función de cómo avance el virus”, apunta Lorenzo Serrano, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

“Todavía no sabemos qué cantidad vamos a recibir, pero si el reparto se hace en función del número de alumnos podemos salir perjudicados, ya que tenemos muchas escuelas rurales que, con menos estudiantes, cuestan mucho de mantener”, expone Amador Pastor, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha. En esos colegios, muchos de los docentes son itinerantes, se mueven de un pueblo a otro para impartir diferentes asignaturas y reciben una compensación en la nómina. “A ese extra en el salario se suma el mantenimiento de la red de transporte escolar, un gasto desproporcionado con respecto a grandes ciudades como Madrid o Barcelona que se debe tener en cuenta a la hora de hacer el reparto”, añade.

Los expertos creen que es necesario que antes de recibir la inyección de dinero, las autonomías presenten planes específicos de actuación y que esos fondos estén ligados a una rendición de cuentas posterior. “Europa nos está vigilando y es conveniente que se vea que cada euro está justificado, que cada paso que da el Gobierno es riguroso, eso daría más confianza a la hora de que destinen futuros fondos a España”, asegura Antonio Cabrales, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

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