Innovación verde y regulación
Sería más eficiente fomentar políticas globales que apoyen a los países con leyes ambientales más laxas
La innovación en tecnologías que reducen los costes de mitigación, comúnmente conocida como “innovación verde”, es un pilar esencial para frenar el cambio climático. Este tipo de innovación no solo reduce las emisiones de las industrias contaminantes, sino que también fomenta la cooperación internacional en la carrera hacia la descarbonización. Para innovar es necesario hacer inversiones a largo plazo. Un incentivo para ello puede venir de la mano de regulaciones medioambientales más estrictas, como las que se han venido implementando en la Unión Europea en el marco del Pacto Verde. Ante esta realidad, surge una pregunta clave: ¿en qué condiciones las políticas medioambientales más estrictas pueden impulsar la innovación verde?
En España, las empresas del Ibex 35 están integrando cada vez más sus estrategias de innovación y calidad medioambiental. También el Gobierno acaba de presentar la actualización de la estrategia de descarbonización a largo plazo, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y abierta ahora a consulta pública. Sin embargo, en Alemania, país que ha sido pionero en la defensa del medio ambiente pero que ahora está en recesión económica, el canciller Olaf Scholz ha pedido a la Comisión Europea relajar las normativas ambientales y aumentar los subsidios a las industrias para fortalecer su competitividad global. En este contexto, se plantea una segunda pregunta, si más regulación medioambiental fomenta la innovación sin dañar la competitividad de las empresas.
Las teorías económicas recientes indican que aunque las regulaciones medioambientales aumentan los costes de producción de las empresas, también pueden promover su competitividad. Dichas regulaciones incentivan a las empresas a invertir en procesos de producción y tecnologías menos contaminantes y esto lleva a que sus productos sean más competitivos en los mercados exteriores. Especialmente, cuando en dichos mercados también se adoptan medidas medioambientales más estrictas. La Hipótesis de Porter sugiere que las regulaciones medioambientales aumentan la competitividad al promover mejoras que eliminan los costes normativos y generan innovación. En contraste con esta hipótesis, la teoría de los paraísos de contaminación sostiene que las empresas sujetas a regulaciones más estrictas perderán competitividad frente a aquellas que operan en entornos con menos restricciones. Como resultado, podrían trasladar sus operaciones a regiones con normativas ambientales menos exigentes evitando los costes de cumplir con regulaciones más rigurosas.
La evidencia empírica indica que es importante tener en cuenta el marco temporal y el tipo de regulación al evaluar su impacto. Aunque la regulación medioambiental afecta negativamente a la competitividad de las empresas en el corto plazo, favorece la innovación verde y mejora la competitividad a medio plazo. No solo mitiga las emisiones, sino que también contribuye al bienestar económico.
En una investigación reciente con dos coautoras canadienses encontramos que la innovación verde aumenta con la regulación medioambiental pero solo cuando la regulación no es excesiva, pasando a partir de cierto nivel regulatorio a contraerse. El estudio considera el papel que juegan las transferencias tecnológicas y los flujos de comercio internacionales. La transferencia de tecnología verde, impulsada por acuerdos internacionales, es indispensable para mitigar las emisiones globales. Por otro lado, el comercio internacional influye en los incentivos de las empresas para invertir en tecnologías verdes. De hecho, las regulaciones medioambientales más estrictas pueden aumentar las importaciones de bienes contaminantes desde regiones con políticas más laxas, donde las empresas no tienen el coste regulatorio, y así frenar los incentivos a innovar.
Los resultados del estudio sugieren que los países de la OCDE no deberían enfocarse en endurecer unilateralmente sus regulaciones ambientales, ya que esto podría desincentivar la innovación en tecnologías verdes. En cambio, sería más eficiente fomentar políticas globales que apoyen a los países con regulaciones más laxas mediante transferencias tecnológicas y cooperación internacional. Asimismo, las políticas de mercado, como impuestos a las emisiones o mercados de derechos de emisión, son más efectivas en los países emergentes (BRICS), mientras que, en los países de la OCDE, las regulaciones directas como los límites de emisiones podrían desempeñar un papel más relevante.
Volviendo a la petición del canciller alemán, el problema de pérdida de competitividad de las empresas alemanas es multifactorial y no lo causa una regulación medioambiental excesiva. El avance hacia un futuro más sostenible requiere una combinación de políticas medioambientales flexibles, incentivos para la innovación y un enfoque global que facilite la transferencia tecnológica. La colaboración internacional es esencial para limar las diferencias regulatorias y maximizar los beneficios globales en la lucha contra la contaminación. El sector privado ya lo está entendiendo con una creciente internacionalización de la innovación verde.
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