Alemania torpedea la ley europea que exige a las empresas mayor respeto a derechos humanos y medio ambiente

Alemania ha torpedeado la ratificación por parte de los Veintisiete de la directiva europea acordada a finales del año pasado para exigir una mayor responsabilidad a las grandes empresas en materia de respeto de los derechos humanos, especialmente en explotación infantil, y de medio ambiente. Tras constatarse que Berlín no iba a apoyar la medida pese a su respaldo inicial, lo que ponía en riesgo la mayoría cualificada necesaria para su aprobación, la presidencia belga de turno del Consejo de la UE ha decidido posponer a la semana que viene la votación prevista inicialmente para este viernes, según fuentes diplomáticas.

La maniobra germana no es una sorpresa, puesto que los ministros de Finanzas, Christian Lindner, y de Justicia, Marco Buschmann, ambos del partido liberal FDP que forma parte de la coalición de gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, ya habían manifestado su malestar en las últimas semanas con la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). La normativa establece una serie de obligaciones para las grandes compañías respecto a impactos “actuales y potencialmente adversos” en materia de derechos humanos y medio ambiente de sus propias operaciones, pero también de sus subsidiarias y de las realizadas por sus socios empresariales, y prevé multas de hasta un valor no menor del 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora.

Pese a que no se opusieron al acuerdo provisional junto con la Eurocámara el pasado diciembre, ambos ministros han manifestado ahora su rechazo a la normativa europea, al considerar que va más allá de la propia ley de responsabilidad corporativa que rige en Alemania desde 2023 y que añade más cargas burocráticas a las empresas. La amenaza de abstención germana este viernes ponía en riesgo una mayoría cualificada, ya de por sí muy justa, por lo que la presidencia belga prefirió no someter la directiva a voto, pese a que ello puede poner en riesgo su aprobación final, ya que también tiene que ser ratificada todavía por un Parlamento Europeo que celebrará en abril su último pleno antes de las elecciones europeas de junio.

Más allá del riesgo de éxito de la directiva en sí, que busca mejorar la protección medioambiental y de derechos humanos “en la UE y globalmente”, el bloqueo alemán pone en evidencia las fuertes tensiones en el seno de la alianza de Gobierno de Scholz. El rechazo del FDP ha provocado un gran malestar entre los otros socios de coalición en Berlín, verdes y socialdemócratas, que han advertido de la imagen de poca fiabilidad que está provocando en Bruselas. Porque no es la primera vez que el Gobierno de Scholz provoca un parón a una normativa europea ya acordada: hace justo casi un año, ya sucedió con el acuerdo para frenar la venta de coches de combustión en 2035 que casi hace fracasar la decisión de los Veintisiete al respecto. Ahí, una vez más, se hallaba la mano del FDP detrás del viraje germano.

El eurodiputado socialdemócrata alemán Tiemo Wölken ha advertido de que el FDP “amenaza la credibilidad alemana” en Europa. Su colega en Bruselas de los Verdes Anna Cavazzini, también ha denunciado que “el FDP mantiene a Europa rehén en materia de la directiva de responsabilidad corporativa”. Y ha lamentado que los dos ministros liberales “no solo se han ocupado de que Alemania se abstenga, sino que han intentado que otros Estados se vuelvan contra la normativa”. Extremo que, según varias fuentes diplomáticas, parecen haber logrado, otra de las razones de retrasar el voto hasta el miércoles, aunque, señalan, tampoco hay garantías de que se logre sacar adelante la directiva en esa ocasión.

Las maniobras del FDP han sido denunciadas también por organizaciones no gubernamentales que esperaban una ratificación rápida de la directiva. “Los asaltos de última hora a la ley de diligencia debida parecen estar motivados por maniobras miopes y populistas basadas en razonamientos erróneos, incapaces de reconocer el valor de esta ley para las empresas, la gente y el planeta”, ha lamentado el responsable de WWF en políticas de finanzas sostenibles, Uku Lilleväli.

La CSDDD obliga a las corporaciones a “identificar, evaluar, prevenir, mitigar y acabar y reparar el impacto negativo de sus actividades en las personas y el planeta”. La directiva afectará, si acaba siendo ratificada, a las grandes corporaciones, con un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados, así como a otras más pequeñas -con 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones- si al menos la mitad de ese volumen de negocios se genera en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o la construcción. Las normas también deberán ser cumplidas por aquellas empresas no europeas y sus matrices con un volumen de negocios de 300 millones de euros en la UE, aunque solo se les aplicará la directiva tres años después de su entrada en vigor.

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