La UE acuerda reforzar la responsabilidad corporativa de las grandes empresas en derechos humanos y medio ambiente

La Unión Europea ha acordado las normas para reforzar la responsabilidad corporativa en materia de medio ambiente y respeto de los derechos humanos, especialmente en materia de explotación laboral infantil, y que prevén sanciones para aquellas grandes empresas que no cumplan unos estándares mínimos en diligencia debida. El Consejo (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo han llegado este jueves a un acuerdo provisional (que aún deben ratificar las dos partes) que busca mejorar la protección medioambiental y de derechos humanos “en la UE y globalmente”.

Se hará mediante una normativa, la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), que establece una serie de obligaciones para las grandes compañías respecto a impactos “actuales y potencialmente adversos” en materia de derechos humanos y medio ambiente de sus propias operaciones, pero también de sus subsidiarias y de las realizadas por sus socios empresariales. La exclusión del sector financiero de la normativa ha recibido, sin embargo, inmediatas críticas de las organizaciones civiles, que también lamentan una rebaja en materia de estándares de derechos humanos.

Las empresas afectadas son aquellas que tienen un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados. Pero también otras más pequeñas, aquellas con 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones, si al menos la mitad de este se genera en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o construcción.

Las normas también deberán ser cumplidas por aquellas empresas no europeas y sus matrices con un volumen de negocios de 300 millones de euros en la UE, aunque solo se les aplicará la directiva tres años después de su entrada en vigor. La Comisión Europea deberá publicar la lista de empresas no europeas que se verán afectadas por la directiva, según ha señalado el Consejo en un comunicado.

Todas estas compañías deberán “identificar, evaluar, prevenir, mitigar y acabar y reparar el impacto negativo de sus actividades en las personas y el planeta”, ha destacado el Parlamento Europeo. Para ello, agrega, deberán realizar “inversiones, buscar garantías contractuales de sus socios, mejorar sus planes de negocio o proporcionar apoyo a las medianas y pequeñas empresas con que trabajan”.

Las corporaciones que no cumplan los requisitos, podrán ser sometidas a sanciones que van desde el naming and shaming, la denuncia pública que puede manchar el crédito de una compañía, hasta multas por un valor no menor del 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora. Además, el cumplimiento de las normas será un criterio a considerar a la hora de adjudicar concesiones y contratos públicos en la UE, tal como reclamaba la Eurocámara —que generalmente busca imponer condiciones más estrictas que los Estados en materia de defensa de derechos. Los eurodiputados también han celebrado que el texto legal consensuado prevé que las empresas infractoras deban compensar a las víctimas por los daños sufridos, para lo cual se establece un mecanismo de reclamaciones y un procedimiento de monitorización regular para garantizar el cumplimiento de las normas.

“Esta legislación innovadora establecerá estándares europeos y globales para cadenas de valor más sostenibles en las grandes compañías”, ha celebrado el comisario de Justicia, Didier Reynders, responsable también del Estado de derecho y derechos de los consumidores en el Ejecutivo europeo.

Con este acuerdo, las empresas “serán responsables ahora de abusos potenciales en su cadena de valores”, ha coincidido la eurodiputada Lara Wolters, responsable de las negociaciones en los denominados trílogos con los Estados y la Comisión Europea. “Diez años después de la tragedia de Rana Plaza, este acuerdo será un tributo a las víctimas de ese desastre y un punto de partida para configurar la economía del futuro, una economía que anteponga el bienestar de la gente y el planeta antes de los beneficios y el cortoplacismo”, ha celebrado la socialdemócrata holandesa en referencia al colapso hace una década del complejo fabril en las afueras de Dhaka (Bangladesh) que dejó 1.130 muertos y másd e 2.500 heridos y provocó un revulsivo internacional sobre las condiciones laborales sobre todo en la industria textil.

Que la UE llegue a un acuerdo para obligar a las grandes corporaciones y a aquellas empresas menores pero que operan en sectores especialmente sensibles a violaciones de derechos humanos y medioambientales ha sido bien recibido, en líneas generales, por las organizaciones civiles que llevan años reclamando una mayor responsabilidad corporativa. Pero algunas, como la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), han advertido de que la ley acordada no bastará para “acabar con la impunidad corporativa”. En este sentido, lamentan sobre todo que los servicios financieros hayan acabado fuera de la normativa y consideran que las obligaciones medioambientales “siguen siendo insuficientes y han sido excluidas del espectro de la responsabilidad civil”.

“El acuerdo es un hito, pero el camino para combatir la impunidad corporativa no ha acabado (…) al excluir la responsabilidad climática y a poderosos actores financieros, la UE está haciendo la vista gorda ante la catástrofe climática global”, ha dicho la directora de ECJJ, Nele Meyer.

El acuerdo tampoco acaba de convencer a WWF, para quien la directiva pactada no logra resolver de manera “significativa” los abusos corporativos en materia de medio ambiente.

“El acuerdo es un insulto a las personas y comunidades que sufren los graves daños a los que contribuyen globalmente los financieros europeos, ya que la normativa ignora completamente las finanzas como una fuerza clave de la economía”, ha denunciado el responsable de política financiera sostenible de WFF, Uku Lilleväli, en un comunicado.

Según el Consejo de la UE, el sector financiero ha sido “temporalmente excluido” debido a una evaluación de impacto “insuficiente”, pero no se excluye su inclusión en el futuro. Para ello, señala, se establecerá una “cláusula de revisión” en la normativa.

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