El coste de dar un paso atrás en la transición ecológica

En un universo que tiende naturalmente al desorden, la vida emerge como una fuerza que crea orden. Los seres humanos, al igual que toda forma de vida, utilizamos la energía concentrada en la tierra para transformar nuestro entorno y crear aquello que necesitamos para sobrevivir y prosperar.

El proceso productivo humano, así, no es más que una extensión amplificada de esta lucha fundamental por mantener el orden local en un universo que inevitablemente tiende hacia el desorden. Sin embargo, en nuestra búsqueda incesante de progreso, hemos logrado algo extraordinario y a la vez perturbador: superar muchas de las barreras que la naturaleza y las leyes físicas habían impuesto durante millones de años de evolución.

Esta victoria aparente sobre los límites naturales ha tenido un coste energético monumental. Los combustibles fósiles, que representaban un almacén estable de energía ordenada, han sido liberados abruptamente en un festín energético sin precedentes, generando una dispersión masiva y acelerada de energía que los sistemas naturales no pueden procesar al mismo ritmo. Este desequilibrio en los patrones naturales de flujo energético se manifiesta en forma de contaminación atmosférica y alteraciones climáticas que amenazan la estabilidad de los sistemas que sostienen la vida tal como la conocemos. La transición energética, por lo tanto, no es una simple opción tecnológica o económica, sino una necesidad vital para reequilibrar nuestra relación con los sistemas naturales que nos sostienen.

Este querer ir más lejos que lo que la naturaleza definió para la vida en la tierra es una victoria, pero a un coste que tratamos de evaluar. Entre otras muchas valoraciones, desde hace un tiempo se publican cifras bajo lo que llamamos coste social del carbono (CSC), indicador que representa el valor presente de todos los daños futuros causados por una tonelada adicional de emisiones de CO2 derivada de este proceso de transformación energética necesario para mantener nuestro bienestar. Es lo que llamamos el coste de contaminación por CO2.

Sin embargo, como toda estimación (no medición) esta depende de cómo midamos y qué supuestos adoptemos. Así, según un estudio reciente de la Universidad de California en Davis y de Hamburgo entre otras existe una amplia variación en las estimaciones publicadas del CSC, aunque con una media de 132 dólares por tonelada de CO2 para 2020, Este estudio, que sintetiza 1823 estimaciones de 147 trabajos académicos, revela la importancia no solo de los parámetros tradicionales como la tasa de descuento, sino también de elementos estructurales clave como la representación del sistema terrestre y la inclusión de impactos climáticos persistentes en la economía. Esta estimación es sustancialmente mayor que la mayoría de los valores utilizados actualmente en el análisis de políticas gubernamentales, incluyendo la reciente actualización de 2023 de la EPA estadounidense.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), adoptando enfoques diferentes, también lleva a cabo un análisis y medición que es necesario para evaluar los costes y beneficios de toda intervención a favor de la transición (o por la falta de esta). En su caso, el BEI eleva esta estimación a valores de 250 euros por tonelada para 2030 y 800 euros por tonelada para 2050.

Lo que estas cifras nos cuentan es que, frente a lo que llamamos el coste de la transición energética y medioambiental, existe un coste muy relevante si ésta no existiera. La transición hacia las energías renovables emerge, así, no solo como un imperativo medioambiental (de importancia extrema), sino además como una necesidad de eficiencia económica cuando consideramos los verdaderos costes del carbono. Con cualesquiera de las estimaciones del CSC obtenidas, mantener un sistema energético basado en combustibles fósiles supone aceptar una ineficiencia económica masiva, donde los costes reales de producción son muy superiores a los precios de mercado. Este coste excesivo generará una distorsión en la asignación de recursos no solo en pérdidas de bienestar social en el presente, sino que compromete la capacidad de desarrollo económico futuro al degradar los sistemas naturales que sostienen la actividad productiva. Cualquiera que critique que una deuda contraída hoy es una carga para generaciones futuras deberá coincidir que cualquier paso atrás en la transición hoy generará una carga similar o mayor para dichas generaciones que nos relevarán.

Por tanto, la transición energética debe entenderse como un proceso de optimización económica que busca minimizar los costes totales de producción, incluyendo las externalidades, para favorecer el bienestar de las generaciones no solo presentes sino también futuras. El desarrollo acelerado de las energías renovables, con costes marginales cercanos a cero una vez instaladas y sin externalidades negativas significativas, representa una solución más eficiente desde el punto de vista económico.

La caída dramática en los costes de la energía solar y eólica durante la última década, junto con los avances en tecnologías de almacenamiento, hace que esta transición no solo sea deseable desde una perspectiva de sostenibilidad, sino también desde una lógica puramente económica de minimización de costes sociales totales. En este contexto, las políticas que aceleran la transición energética no deberían verse como restricciones al crecimiento económico, sino como correcciones necesarias de fallos de mercado que permiten una asignación más eficiente de los recursos.