Litigios medioambientales y desastres climáticos

Las dos semanas pasadas se han reunido los representantes de más de 200 países para discutir acciones globales ante la emergencia climática. Las Conferencias anuales de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) son el único foro multilateral de toma de decisiones sobre el cambio climático. La COP29 ha concluido con un acuerdo de mínimos. Esta vez se ha pactado la financiación para el clima que debe fluir del norte al sur global. Sin embargo, la cifra de 300.000 millones de euros anuales a partir de 2035 ha sido tachada de insuficiente por los países más pobres y vulnerables, los cuales carecen de recursos para financiar su descarbonización.

A estas alturas, está claro que las acciones de los gobiernos y de las empresas son insuficientes para evitar que el calentamiento global sobrepase los 1,5-2 grados por encima de los niveles preindustriales fijados en el Acuerdo de París en 2015. Esto implicaría un pico de emisiones antes de 2025 y una reducción del 45% por debajo de los niveles de 2010 en este decenio. Estos objetivos no son realistas con la actual trayectoria de emisiones de los países que más contaminan. Como consecuencia de la falta de acción, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos sigue aumentando. El alcance y consecuencias socioeconómicas negativas de estos desastres climáticos no sólo se limitan a la generación actual, sino que afectarán a las generaciones futuras.

Es cierto que tras el Acuerdo de París se ha observado un aumento de las acciones por el clima de gobiernos y empresas. En la última década, el número de regulaciones relacionadas con el cambio climático se ha más que duplicado, pero muchas de ellas no son vinculantes, no se acatan o implican a pocos países. Asimismo, las grandes empresas han presentado planes de sostenibilidad y descarbonización. Lamentablemente, dichos planes no siempre se materializan y se habla de blanqueo ecológico. La pregunta crucial es qué podemos hacer los ciudadanos para evitar lo inevitable, o, al menos, para contribuir a evitar el desastre climático.

Los litigios sobre el cambio climático ofrecen a la sociedad civil una posible vía para hacer frente a las respuestas inadecuadas de los gobiernos y del sector privado a la crisis climática. Llevando a juicio a un Gobierno o a una empresa que infringe los acuerdos o las leyes, los demandantes pueden obligar a los sectores público y privado a alcanzar objetivos de mitigación y adaptación más ambiciosos. Para ello pueden utilizarse diversas estrategias jurídicas. Pero, ¿son los litigios una vía efectiva para reducir el calentamiento? Evaluar los litigios relacionados con el cambio climático es tan importante como evaluar la efectividad de las leyes y políticas aprobadas por los órganos ejecutivos y legislativos o los planes de sostenibilidad de las empresas.

En una investigación reciente analizamos si los litigios climáticos pueden contribuir a la reducción de las emisiones. Desde un punto de vista teórico, basamos el análisis en el modelo IPAT, que explica el impacto ambiental con factores como la población, la afluencia y la tecnología. Ampliamos el modelo con las leyes y los litigios relacionados con el clima para evaluar el papel complementario de los tribunales en la reducción de emisiones. Los resultados indican que cuando los litigios se resuelven a favor del demandante las emisiones del país implicado se reducen significativamente. El impacto reductor de los litigios es más significativo en los países ricos. Aunque dicho efecto es menor que el estimado para el Protocolo de Kioto o las legislaciones sobre emisiones, los litigios climáticos han visto su despegue sobre todo a partir de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. Entre las demandas recientes, algunas desafían la falta de acción ante catástrofes naturales, como son los casos de deforestación en Brasil, o en Uganda por inacción ante los deslizamientos de tierra.

Los litigios, aunque costosos, podrían ser efectivos y sentar las bases para que las nuevas regulaciones sean vinculantes y se tomen en serio por todos los agentes, contribuyendo así a la descarbonización y a estar mejor preparados ante los desastres climáticos.