Las serias responsabilidades de la obstrucción climática

El cambio climático tiene costes económicos. El famoso economista Nicholas Stern calculó hace años que los costes del cambio climático reducirían el PIB global en un 20% a finales de siglo. Otro informe del año 2021 publicado en Environmental Research Letters aumentó esta pérdida hasta el 37% del PIB. Entre quienes trabajamos en sectores directamente implicados en la mitigación o adaptación climática esto es conocido hace años, pero en cierta manera representaba un coste difuso, de larga escala temporal y lejano. Es uno de los problemas básicos de la acción climática, que vemos las inconveniencias a corto plazo, pero no somos capaces de interiorizar bien el impacto, la externalidad que provocamos al ser esta global, intergeneracional y de proporciones enormes.

Para los valencianos, todo esto cambió el pasado 29 de octubre. Una dana como no se había visto nunca, incrementada en su virulencia y su probabilidad por el calentamiento de la tierra y, por extensión, del mar Mediterráneo, arrasó parte de la provincia de Valencia dejando un reguero de destrucción y muerte. Los daños económicos estimados son de 22.000 millones de euros, una cantidad enorme para una sola provincia.

Estimar qué parte de esta dana y de esta destrucción puede ser imputada al cambio climático no es tarea nada sencilla. Durante los próximos meses habrá estudios de atribución al cambio climático y tendremos datos más claros de cuánto más probable fue debido al calentamiento del planeta. Con eso, y no sin dificultad, se podrá intentar estimar qué parte del desastre puede imputarse al cambio climático producido por los seres humanos. Pero más allá del número hay una cosa que debe quedar clara: nuestras emisiones como sociedad están produciendo daños económicos y sociales, y no podemos ignorar lo que estamos provocando ni la responsabilidad social que eso conlleva. Es irresponsable y racionalmente imposible mirar imágenes de L’Horta Sud y no pensar que hay algo que no estamos haciendo de manera correcta.

Para hacer una estimación económica de cuánto daño producen nuestras emisiones existe lo que se llama el Coste Social del Carbono. Esta métrica intenta medir el impacto económico de los daños que causarán las emisiones de carbono, con un importe que supera con mucho los costes regulados de emitir CO₂ que marcan nuestras normativas (bien por tasa de carbono o por ETS). El Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, usa el “coste en la sombra” del carbono que le ayuda a internalizar esta externalidad para conceder financiación a proyectos de mitigación del cambio climático. El importe que usan es creciente, valoran este coste en 165 euros por tonelada de CO₂ emitido en 2025, aumentándolo a 250 euros por tonelada en 2030. También recientemente se publicó en la revista científica norteamericana PNAS un artículo que reevaluaba el coste social del carbono y lo fijaba en 270 euros por tonelada.

Esta es una herramienta muy interesante para ser conscientes de qué implica lo que estamos haciendo y de la responsabilidad que tenemos, aunque aquí debemos ser cautelosos. Debemos separar bien la responsabilidad de la culpa, en tanto y en cuanto hay responsabilidades que son sistémicas y estructurales y no podemos culpabilizar a quien las comete al final de una cadena de acontecimientos. Por ejemplo, aquella persona que se ve obligada a usar un coche de combustión para ir a su trabajo no puede ser culpabilizada por tener el trabajo donde lo tiene o no poder acceder a la tecnología que mitigaría su impacto.

Eso no quiere decir, no obstante, que no seamos responsables respecto a nuestras acciones. Y aquí creo que procede una reflexión de extrema seriedad. Los seres humanos no solo provocamos emisiones por nuestros consumos, también los provocamos con nuestras acciones sociales. Nuestras exigencias como ciudadanos cuentan, porque estas modelan leyes, normativas y, también, acciones de terceros. De hecho, hay una gran responsabilidad social en algo que hasta ahora no hemos sido capaces de explicar adecuadamente por miedo a no ser entendidos o a herir sensibilidades, pero que no podemos obviar: somos responsables de paralizar la acción climática a nuestro alrededor.

Déjenme que sea claro: hay gente que produce mucho más daño climático por lo que promueve que por sus acciones individuales. Y esto, gracias al coste social del carbono, podemos cuantificarlo. Imaginen a alguien que intenta evitar que un vecino se instale un cargador eléctrico en el garaje comunitario porque ha escuchado alguno de los típicos bulos sobre incendios de coches eléctricos. Esta acción obstructiva evitaría que el vecino se compre un coche eléctrico con el que realizaría 250.000 kilómetros sin emisiones. Al no poder hacerlo comprará un coche diésel, con el que emitirá 33 toneladas de CO₂ a lo largo de su vida útil. Con el coste social del carbono del artículo publicado en la revista PNAS, esta obstrucción sería directamente responsable de casi 9.000 euros de daños climáticos globales, que acabarán padeciendo habitantes de islas del Pacífico que verán inundadas sus casas, campesinos de Oriente Próximo que verán mermadas sus cosechas o nuestros vecinos de la zona mediterránea por otra gran riada.

El coste de parar un parque solar

Les pongo otro ejemplo más dramático. Imaginen uno de estos típicos casos de plataformas contra desarrollos renovables que consiguen paralizar un parque solar de 50 megavatios (MW), ¿qué efecto tiene eso? Siendo conservadores, durante los 30 años de funcionamiento, una planta como esa generaría unos 2,25 teravatios por hora que desplazarían a otros generados con ciclos combinados de gas. Por tanto, su no implantación provoca la emisión de 832.500 toneladas de CO₂. El coste social de este carbono es de casi 225 millones de euros. Cada año de retraso de la planta, serían 7,5 millones de euros en daños climáticos imputables al retraso.

Con ejercicios de este tipo podemos analizar qué supone cada una de las acciones obstructivas hacia la descarbonización que realizan distintos agentes y nos puede servir para hacer tangibles las externalidades invisibles que provocamos. ¿Cuál es el coste social de las paralizaciones de parques eólicos que ha llevado a cabo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)? Si, por ejemplo, se retrasasen 1.000 megavatios eólicos durante un año, hablaríamos de 250 millones de euros en costes sociales. Si el TSXG hubiese ponderado adecuadamente este daño, ¿se hubiese atrevido a las paralizaciones cautelares? Dejo la pregunta abierta a reflexión. El coste social nos permite también analizar los daños por no cumplir las leyes sobre cambio climático, por no implantar las zonas de bajas emisiones o por nuestras acciones para paralizar el carril bici que quieren hacer en nuestra calle y al que nos oponemos porque nos quita plazas de aparcamiento.

El coste social del carbono es una herramienta que nos ayuda a aterrizar algo que no podemos obviar más: todo lo que hagamos debe estar influenciado y condicionado por la perspectiva climática. Todo. El coste social del carbono no lo es todo, pero debe estar presente en todas las decisiones, individuales y colectivas, que tomemos. O nos tomamos esto en serio, y somos capaces de interiorizar bien las consecuencias de nuestras acciones, o seguiremos instalados en la comodidad de no cambiar nada, en la tendencia irresponsable a evitar cualquier conflicto ante la deslocalización geográfica y temporal de nuestros impactos, y en el cinismo climático de vender que somos adalides del clima porque vamos en bici mientras boicoteamos cambios con efectos descarbonizadores miles de veces superiores.