Más de 60 parques eólicos paralizados en Galicia: protestas sociales, sentencias polémicas y leyes controvertidas

Galicia, una de las comunidades con más viento de España, tiene más de 60 grandes proyectos eólicos paralizados por decisiones judiciales polémicas, mientras la Xunta de Galicia acaba de aprobar una normativa que ha soliviantado aún más al sector de esta energía renovable, que alerta de una interrupción casi total de las inversiones. Este freno a la energía limpia se produce en medio de una oposición vecinal y ecologista que protesta con ímpetu ante la instalación de aerogeneradores y denuncia decenas de proyectos, mientras una sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emite sentencias contrarias al criterio del resto de tribunales españoles.

“La comunidad gallega es referente a nivel nacional por potencia instalada, pero ahora mismo es un territorio complicado para nuevos proyectos”, resume Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector. “Se han juntado la oposición social de algunas plataformas, que han encontrado resquicios jurídicos para paralizar 2.700 megavatios (MW) en decenas proyectos —que se podrían haber construido en este año y el que viene— y un cambio de legislación de la Xunta muy cuestionado. Eso hace que el sector se paralice ante la incertidumbre regulatoria”, añade.

La primera parte de este puzle es la resistencia vecinal. “Aquí hay mucha oposición social porque somos un territorio donde la población está muy dispersa, así que cualquier proyecto tiene núcleos de población cerca. Pero se sigue tratando a Galicia como una zona de sacrificio para abastecer a otros territorios, sin que haya un retorno económico adecuado”, cuenta Belén Rodríguez, portavoz de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que ha convocado numerosas protestas en los últimos años por toda la comunidad. La entidad se integra en la Coordinadora Eólica Así Non, que aglutina a 200 plataformas ecologistas y vecinales que han denunciado alrededor de 30 proyectos.

Muchas de esas denuncias han llegado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG, que ha frenado decenas de proyectos que ya habían pasado un proceso de evaluación ambiental e incluso tenían autorización para iniciar la construcción. Según sus propios datos, el alto tribunal gallego “ha emitido 151 autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 67 parques eólicos, de los cuales 62 han sido suspendidos”. En general, la sala entiende “que la ejecución de los proyectos podría ocasionar daños irreversibles a valores ambientales sensibles”. La Xunta y el sector elevan los parques paralizados a más de 70, aunque pueden deberse a otras causas.

“Se puede parar un proyecto o incluso varios porque no reúnen las condiciones ambientales necesarias, pero hacerlo con más de 60 a la vez ya tiene un componente de prejuicio previo. El TSXG lleva una temporada poniendo palos en la rueda al desarrollo de los parques eólicos”, critica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, una entidad que impulsa el desarrollo de estas energías. De hecho, hasta el cine ha romantizado la oposición a estas instalaciones. “El caso real en el que está basada As Bestas no tenía nada que ver con un parque eólico, sino con tierras comunales, pero [el director Rodrigo] Sorogoyen nos hizo un roto cuando dijo en la gala de los Goya ‘Renovables sí, pero no así’. No creo que en Galicia haya más oposición que en otras zonas, pero sí hay un tribunal que ha decidido paralizar muchos proyectos”, prosigue.

El TSXG entiende que hay un fallo de forma en la tramitación de los proyectos, dado que cuando se sacan a información pública no solo hay que mostrar el estudio de impacto ambiental, sino también todos los informes técnicos y sectoriales asociados. Eso supondría impugnar la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, basada en una directiva europea, que no exige ese requisito.

“Esa conclusión tiene sentido, porque los informes de los organismos técnicos son vinculantes, no se sacan para que el ciudadano opine. Ningún proyecto con evaluación de impacto ambiental se ha tramitado así en España ni en Europa desde 2013″, apunta Márquez, de la patronal AEE. “Los tribunales superiores de otras comunidades, como Andalucía y Madrid, no han seguido esta interpretación, y tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo”, prosigue.

Por eso, el alto tribunal gallego ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si tiene razón en este punto, pero mientras llega la decisión —que puede tardar más de un año— esas decenas de parques seguirán paralizados. Tanto la Xunta de Galicia como el Ministerio para la Transición Ecológica se han personado ante el TJUE para defender lo contrario que el TSXG.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta lo explica así: “El desarrollo del sector eólico está paralizado de una manera singular en Galicia debido a esta marea de autos del TSXG, que no comparte la Xunta y que contraponen el criterio comunitario que propugna acelerar el desarrollo de proyectos de energías renovables en garantía del abastecimiento, la descarbonización y la lucha del cambio climático”. Y recuerda que “Europa calificó las renovables de energías de interés público superior frente a cualquier otro interés”.

Una norma polémica

Aunque el Ejecutivo de Alfonso Rueda (PP) quiere impulsar esta energía renovable en el territorio, acaba de aprobar una norma muy polémica para los parques existentes. Según una portavoz de la Consejería de Economía e Industria gallega, la nueva Ley de recursos naturales —aprobada en noviembre— obliga a los promotores a vender el 50% de la energía a consumidores gallegos y a repotenciar los parques eólicos con más de 25 años de antigüedad. Los primeros ejemplos en España muestran que sustituir aerogeneradores antiguos por otros nuevos permite reducir su número por seis (por ejemplo, de 139 a 22) y producir más energía. Sin embargo, es un proceso todavía caro y hasta ahora solo se está haciendo con ayudas europeas.

“Esta medida obligará a retirar de los montes gallegos de manera gradual unos 3.000 molinos, de los más de 4.000 que hay en la actualidad, para sustituirlos por otros nuevos de última generación, más potentes, lo que reducirá considerablemente el número de aerogeneradores”, explica la portavoz. Ya hay 25 instalaciones que superan esa edad, y otros 75 lo harán en los próximos cinco años.

“Esas dos medidas son una tropelía y van contra la libre competencia y el libre mercado de la electricidad”, critica Ferrando. “Destinar una parte de la electricidad a Galicia no tiene sentido en un mercado liberalizado. En cuanto a la repotenciación, lo que hay que hacer es incentivarla con un marco estable, establecer ayudas y acelerar los procesos administrativos, pero no obligar a repotenciar en todos los casos”. Márquez, de AEE, señala que la entidad recurrirá estas decisiones y recuerda que la repotenciación requiere de una nueva evaluación ambiental: “Algunos de los parques paralizados son repotenciaciones”.

El ejecutivo gallego ha evaluado 172 declaraciones de impacto ambiental desde 2020, y en 63 casos ha decidido que son negativas. Cristóbal López, de Ecologistas en Acción Galicia —integrada en la Coordinadora Eólica Así Non—, apunta: “La propia Xunta ha paralizado alrededor de un 30% de los proyectos, a veces porque eran un desastre ambiental y otras veces por la presión vecinal en contra. Ha habido ejemplos de mala praxis como la zona de Amil, donde se cargaron una zona de yacimientos y petroglifos, o en la zona de Serra de Outes, donde están haciendo parques encima de humedales, de alto valor natural. El problema es que en Galicia apenas el 11% del territorio está protegido con la figura de la Red Natura, cuando en Madrid es el 45%”.

Rodríguez, de Adega, tercia: “Se están promoviendo proyectos eólicos objeto de fragmentación fraudulenta, es decir, que forman parte de proyectos eólicos más grandes para evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta”. López, de Ecologistas en Acción, retoma: “Las renovables se deberían instalar haciendo la construcción de forma más cuidadosa, no destrozando el monte, y siempre con un criterio ambiental y social que beneficie a la población local”. Ferrando resume: “La peor publicidad para las renovables es que se desarrollen mal, y se han hecho tropelías en algunos entornos. Pero, en general, se han hecho cosas mejores que cosas peores. Y si no apostamos por las renovables, seguimos usando combustibles fósiles”.