El gas enfrenta a Greenpeace con el Gobierno rumano

El inminente comienzo de la explotación de un yacimiento de gas natural situado en el bloque marino Neptun Deep en el mar Negro, el mayor de la parte rumana, ha puesto en pie de guerra a la organización ecologista Greenpeace contra las autoridades locales. La Agencia de Protección del Medio Ambiente rumana concedió en junio el consentimiento medioambiental para iniciar el proyecto, que supondrá extraer durante 20 años unos 100.000 millones de metros cúbicos de este hidrocarburo a partir de 2027 —el equivalente al consumo del país en nueve años—, pese al plan europeo de eliminar en las próximas décadas los combustibles fósiles del sistema energético.

Se trata del paso previo para la concesión definitiva. “Rumania no debe depender de otros países porque Rusia sería la que más se alegraría, ya que nos veríamos obligados a importar gas natural también de ellos; al contrario, debemos garantizar la independencia energética del país, que puede convertirse no sólo en un Estado que utilice sus propios yacimientos, sino en un exportador también”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Mircea Fechet, a principios de julio. La explotación del campo de gas en el perímetro Neptun Deep conllevaría fijar un precio a los hogares, la descarbonización y, sobre todo, la sustitución del suministro procedente de Rusia, justifica el Gobierno rumano. Su aprobación final permitirá al consorcio gasístico austro-rumano OMV Petrom y su compañía asociada Romgaz desarrollar la extracción de gas natural con una inversión estimada de unos 4.000 millones de euros en los próximos tres años.

Pero el camino no está siendo fácil. Ambas empresas, que planean comenzar a perforar el yacimiento el próximo año y que esté operativo en 2027, sostienen que la explotación no tendrá un impacto negativo en el ecosistema, como alega Greenpeace, que ha demandado tanto a las autoridades como a las dos sociedades al argumentar que el proyecto pondrá en peligro a varias especies marinas y podría aumentar los efectos del cambio climático. “Las autoridades deberían proteger el medio ambiente y los intereses de los ciudadanos; en cambio, conceden permisos para servir a los intereses de las empresas, sin evaluar el impacto sobre la salud de las personas y el ecosistema”, señaló Vlad Catuna, coordinador de las campañas sobre el clima y la energía de Greenpeace Rumania.

Duelo de argumentos

OMV Petrom y Romgaz reiteran que el proyecto Neptun Deep tendrá una huella de carbono negativa porque los gases extraídos del mar Negro sustituirán al carbón extraído. “El proyecto se basa en prácticas y tecnologías internacionales utilizadas en aguas profundas en todo el mundo”, indica Romgaz, que precisa que “la intensidad de las emisiones de carbono directa estimada están significativamente por debajo del promedio de la industria”. Sin embargo, Greenpeace revela que las emisiones de dióxido de carbono superarán los 2.000 millones de toneladas, según un estudio propio. Además, la organización ecologista ha demandado a la agencia medioambiental porque se niega a indicar el nivel de toxicidad del agua que se añadirá al mar. “Creemos que más de cinco millones de metros cúbicos de aguas residuales, cuya composición química se desconoce hasta el momento, se verterán en el mar Negro en los dos primeros años de funcionamiento”, explica Catuna.

Otro problema está relacionado con las minas marinas que flotan en el mar Negro como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Las autoridades no han evaluado el riesgo. En la documentación del proyecto no figura ninguna medida”, apunta el activista. El siguiente paso tras el acuerdo medioambiental será obtener el permiso de construcción, que ambas empresas deberán obtener del Ministerio de Energía. Recientemente, el ministro de Energía, Sebastián Burduja, también se pronunció sobre este proyecto afirmando que, a partir de 2027, Rumania será el primer productor de gas de Europa gracias a Neptun Deep. “Creo que el proyecto está en un camino sin retorno, dadas las inversiones ya realizadas y casi el 90% de los contratos ya firmados”, zanja Burduja.

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