Pablo Bustinduy, ministro de Consumo: “Es positivo que las empresas denuncien prácticas desleales”

El investigador, profesor universitario y desde hace cinco meses ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (Madrid, 41 años), quiere terminar con la impostura ambiental a través de una ley que espera que se tramite antes de final de año.

Pregunta. ¿Cree que los consumidores han normalizado la hipocresía que se despliega con el greenwashing?

Respuesta. Llevamos años de un bombardeo publicitario sobre el compromiso ambiental de las empresas, sobre productos que de manera genérica alegan producir menos emisiones o ser sostenibles, sin que esté muy claro qué quiere decir todo eso y con un claro propósito de construir imágenes de marca. Existe la conciencia de que estos mensajes tienen poca credibilidad, o son vagos, o en algunos casos engañosos. Necesitamos información precisa, consistencia en esos mensajes. Es lo que busca hacer la Ley de Consumo Sostenible, que abarca las dos patas: la del consumo, con la clarificación de la información, pero también la parte de la producción.

P. ¿Cómo se defiende un consumidor ahora mismo, mientras no entran en vigor normas europeas o la propia ley que ustedes impulsan?

R. Este es el problema fundamental: hasta ahora recae sobre los consumidores individuales la responsabilidad de informarse, contrastar esa información. Como si la transición hacia un modelo sostenible dependiera de la suma de decisiones individuales. No, es una cuestión política, que afecta a la sociedad en su conjunto. Tenemos que garantizar desde los poderes públicos una información que sea clara, accesible, contrastada. Respecto a las prácticas de las empresas que abusan de esos mensajes vagos o quieren obtener un beneficio ilícito con mensajes que no se corresponden con la realidad, es verdad que existe una regulación que permite perseguir prácticas comerciales desleales. Pero tenemos que avanzar definiendo claramente qué es el blanqueo ecológico.

P. La denuncia de Iberdrola contra Repsol ha introducido más ampliamente este debate. ¿No le parece que algo falla cuando son las empresas las que se tienen que demandar?

R. Es verdad que esta denuncia ha dado visibilidad pública a esta realidad, pero me gustaría aclarar que el origen está en la sociedad civil: está en el activismo climático, en organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, que tramitaron la denuncia ante el Ministerio de Consumo que estamos estudiando. También hay muchísima labor institucional en el ámbito europeo que lleva años denunciando estas prácticas. En 2021 [la UE] ya denunció que la mitad de las afirmaciones de las empresas no tenían fundamento. Creo que es positivo que las empresas pongan en conocimiento prácticas que puedan ser desleales. Es un tema que preocupa.

P. Con la ley quieren adelantarse al desarrollo de la normativa europea. ¿Cree que es una buena idea teniendo en cuenta que en España apenas ha habido sanciones por publicidad engañosa sobre este tipo de cuestiones?

R. Existe un régimen sancionador que se puede aplicar a estas prácticas en caso de que se consideren ilegales o que busquen tener un beneficio ilícito. Pero es muy importante esa labor de definición y clarificación que vamos a sacar adelante con la ley. Es un mensaje que lanzamos desde España: queremos abrir un camino que no solo busca garantizar información veraz para los consumidores, sino facilitar la transición de los modelos de producción, distribución y comercio. Creo que más países seguirán nuestra senda.

P. ¿Hará referencia la ley a algún cambio en la valoración de publicidad que deben hacer organismos como Autocontrol?

R. Autocontrol es una entidad privada, basa sus decisiones en códigos de autorregulación de publicidad. Esta es la situación que tenemos, requiere una intervención de los poderes públicos que definan las reglas de juego. Esa es la principal virtud de la ley, un marco normativo claro, garantista.

P. ¿Habrá sanciones para quienes practiquen el greenwashing?

R. Existe un régimen sancionador actualmente bastante vigoroso, con sanciones de hasta 100.000 euros por prácticas que se consideren ilegales. También se pueden penalizar con entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por estas prácticas. Ese régimen se aplica. Lo que no tenemos es la definición clara de blanqueo, hay que demostrar que es una práctica desleal.

P. Las empresas argumentan que cada vez son más las que prefieren callarse y no publicitar sus avances para no incurrir en lavado verde. ¿Qué opina de ello?

R. Si las empresas recurren a greenwashing es porque saben que les resulta beneficioso construir una imagen de marca en ese sentido. Debe haber un marco normativo que incentive las buenas prácticas. Eso es lo que va a hacer el índice de reparabilidad. Ayudará a los consumidores a elegir productos que tengan un menor impacto ambiental y va a orientar el cambio de modelo productivo para incentivar la durabilidad, la reparación de los productos frente a la obsolescencia programada.

P. NFRD, CSRD, Taxonomía, SFDR, ahora la directiva Green Claims y la de Diligencia Debida, además de los principios DNSH, indicadores PAI… ¿No cree que el soporte legislativo europeo para encaminar la economía hacia la sostenibilidad y que el consumidor pueda tomar decisiones de forma responsable resulta muy complejo?

R. Esto es un ámbito en desarrollo, esa complejidad es una muestra de que está despegando. Por eso es tan importante la labor de simplificación.

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