Los aranceles europeos al carbono dan sus primeros pasos
Los importadores continentales de acero, aluminio, hierro y fertilizantes tienen que consignar los gases de efecto invernadero generados en origen
No aparece entre los sospechosos habituales, pero la fabricación de acero representa entre el 7% y el 9% de todos los gases de efecto invernadero del planeta, y el 22% de las emisiones industriales de la Unión Europea. Más que suficiente para merecer un papel protagonista en el CBAM, el arancel al carbono de la UE que comenzó en enero su difícil misión: luchar contra el calentamiento global sin dañar a la industria del bloque ni atentar contra las reglas del libre comercio.
El acero es el material que más productos tiene cubiertos por el CBAM (por las siglas en inglés del eufemismo Mecanismo de Ajuste en Frontera para el Carbono). El arancel se hará efectivo con la compra de certificados, de manera similar al mercado de derechos de emisión, y también gravará el carbono implícito en importaciones de aluminio, hierro, cemento, hidrógeno, fertilizantes y electricidad. Aunque está previsto que empiece a recaudar en 2026, este 31 de enero comenzó su primera fase con la exigencia a importadores de un registro midiendo el carbono aparejado a sus productos.
El objetivo inicial es nivelar el campo de juego para que los industriales europeos que pagan derechos de emisión por producir dentro del bloque no queden en desventaja con relación a los productos de fuera. La intención final es lograr un efecto dominó de forma que los países de fuera terminen poniéndole precio también ellos a sus emisiones de carbono y eviten así el CBAM, que solo grava el exceso de derechos de emisión pagados en la UE sobre los pagados fuera del bloque.
De acuerdo con una estimación de principios de 2023 publicada en la revista The Economist, solo un 23% del dióxido de carbono (equivalente) que se emite en todo el mundo está vinculado a derechos de emisión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido ante las Naciones Unidas y el G-20 que se fije un precio global para el carbono; y el Gobierno de Canadá, que analiza aplicar su propio arancel, lanzó en la COP26 de 2021 la iniciativa de llegar a 2030 con el 60% de las emisiones de carbono pagando un precio por contaminar.
Australia también considera la imposición de un arancel y el Reino Unido ya anunció el suyo, que entrará en vigor en 2027 para el hierro, el acero, la cerámica y el cemento, entre otros productos. Pero todos los ojos están puestos en Estados Unidos, donde senadores republicanos y demócratas por separado han propuesto en estos meses leyes incluyendo un arancel de este tipo. La particularidad de Estados Unidos es que no tiene su propio mercado de emisiones, por lo que aplicar un arancel al carbono podría dejarlo fuera de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (el argumento de la Comisión Europea para no entrar en conflicto con la OMC es que está exigiendo a los productos de fuera las mismas condiciones que a los de dentro).
El primer pero del CBAM es una mayor carga burocrática para los importadores que podrá crear cuellos de botella en la aduana, con un coste de administración de 27 millones de euros al año (según las estimaciones de la propia Comisión Europea). Como dice Giles Dickson, director de la patronal de productores de turbinas eólicas Wind Europe, “no es solo rellenar formularios y mandarlos a Bruselas, también hay que averiguar el contenido de CO2 de los productos que estás importando y profundizar en las conversaciones con socios de terceros países para obtener toda esa información”.
La vara de medir
No es la única fuente posible de conflicto. La diferencia en criterios y procesos para medir emisiones también preocupa a importantes socios de la UE como Japón, cuyos industriales ya se han quejado por el nivel de detalle exigido en el CBAM y las posibles multas en las que ya es posible incurrir.
“Esto es como la canción de ABBA The Winner Takes It All [el ganador se lo lleva todo], y es que el primero en fijar un estándar ampliamente aceptado va a ser el ganador”, dice el brasileño José Noldin, director general en la siderúrgica de acero de bajas emisiones GravitHy. “Europa está claramente por delante de los demás en esto y lo que tiene que hacer es insistir con los estándares altos”.
Desde la patronal europea del acero advierten de un posible efecto indeseado del CBAM, y es que todo quede en una redistribución del acero mundial y no tenga ningún efecto en las emisiones totales de CO2. Eso pasaría si, como dice Adolfo Aiello, vicedirector a cargo de clima y energía en Eurofer, el acero fabricado con pocas emisiones que hoy se vende en países sin grandes exigencias climáticas se redirigiese al mercado europeo, cuya demanda de acero importado no es tan grande en comparación con la de otros bloques y países. Claro que si efectivamente Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá adoptan aranceles similares, se reduce el riesgo de que una redistribución de ese tipo sea capaz de neutralizar el efecto reducción de emisiones previsto por el CBAM.
Eco de guerra comercial
A mediados de 2025 la Comisión Europea evaluará la información recolectada hasta entonces para medir el efecto del CBAM y analizar una posible (y probable) ampliación del arancel a otros sectores. Y es que de nada sirve proteger el acero europeo frente a importaciones que no sufren penalización por las emisiones de CO2 si no se protege también a todo lo que está aguas abajo en el proceso productivo. O sea, a los fabricantes europeos de productos que necesitan estos materiales.
“El CBAM nos impacta en materiales como el acero y el aluminio, que representan el 70% del peso de un coche de segmento C (sin batería), y eso puede generarnos un coste promedio de unos 300 euros por vehículo”, responden por correo electrónico desde Renault. Su propuesta es que entre 2026 y 2030 se extienda el alcance del CBAM para que las automotrices con fábrica en Europa no queden en desventaja frente a vehículos que se producen fuera del bloque.
“Quiero asegurar a las empresas extracomunitarias que nunca les pediremos más de lo que pedimos a los productores de la UE”, escribió el comisario europeo de Asuntos Económicos Paolo Gentiloni en el Financial Times del 28 de septiembre. Una columna de opinión que no parece haber tranquilizado a países productores como Brasil, Turquía, la India y China, que ya están expresando sus quejas. Pekín ha pedido hablar el tema en el seno de la OMC.
Una argumentación esperable es que el país asiático no debe ser penalizado por el CBAM porque ya tiene en vigor un sistema de precios al carbono. Pero como dijo a Financial Times el analista Chen Zhibin, del centro de estudios Adelphi, la diferencia con el precio europeo de 80 o 90 dólares por tonelada de CO2 emitido es abismal. Incluso si amplían el precio a las emisiones del acero y el cemento, dice, “sería muy optimista creer que pueda llegar a 20 euros por tonelada de CO2 en 2026″.
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