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Bruselas estrecha el cerco al lavado verde que tanto gusta a muchas empresas

La nueva directiva comunitaria exige más transparencia a las compañías sobre sus políticas medioambientales

Chimeneas de las plantas industriales en el puerto de Wismar (Alemania).
Chimeneas de las plantas industriales en el puerto de Wismar (Alemania).Jens Büttner (dpa/picture alliance via Getty I)

Europa se pone seria con las compañías. Bruselas cree que la gestión de la sostenibilidad por parte de las empresas tiene muchas sombras. Ante la mala calidad de la información no financiera de las corporaciones —esa que relata sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza—, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa, que exige mayores obligaciones y garantías, sobre todo, en datos relativos a emisiones contaminantes brutas.

Son numerosos los ejemplos de esa falta de transparencia en la información sostenible, calificada de “insuficiente y poco fiable” por la Comisión Europea en su página web. Es el caso del sector bancario según el último informe del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), La banca española y el reporte de cuestiones ambientales. Análisis de los Estados de Información No Financiera, que analiza el grado de cumplimiento de Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander. El estudio reconoce “más información ambiental” pero critica “la ausencia de indicadores clave —datos de emisiones de gases de efecto invernadero y daños en la biodiversidad y medio ambiente— atribuibles a sus productos financieros, para entender el impacto real de su actividad”.

Detalla, por ejemplo, que una gran parte de los datos que publican los bancos en los informes no financieros, se centran en la huella ambiental de sus propias oficinas, un impacto marginal en comparación con las emisiones de GEI que pueden producir las empresas que financian. Tampoco las empresas del Ibex 35 salen bien paradas en la foto. Otro estudio, este del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa titulado La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35, resume que la información que reportan sobre buen gobierno, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores, “está muy lejos” de alcanzar la calidad que pretende la directiva sobre información no financiera. El trabajo reconoce, no obstante, “una mejora” al pasar de 26,88 puntos sobre 100 en 2017 a 39,72 en 2020.

También la consultora Bain & Company en su estudio It will take visionary Pragmatism to Accelerate Descarbonization in the Downturn, revela que un 77% de las empresas se han comprometido a un proceso de descarbonización y cero emisiones, a pesar de que un tercio no ha cumplido con el reporte de información. La nueva directiva pretende así poner fin a estos incumplimientos y para ello “introduce estándares de reporte para que la información sea comparable, fiable, material y relevante”, sostiene Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio. En su opinión, esta información se equipara así a la financiera, “lo que beneficia al mercado y a las empresas, porque inversores y consumidores van a disponer de información fidedigna”.

1.200 puntos

“Hay un giro copernicano”, asegura Ramón Pueyo, socio responsable de sostenibilidad en KPMG. “Las compañías no van a poder escabullirse con unos requerimientos de información de 1.200 puntos, que combaten de lleno el maquillaje verde y mejoran en mucho la calidad de su información”. Y para que se pongan las pilas las miles de empresas cotizadas, el socio de la firma ETL Global, José Luis Suárez, les recomienda: elaborar un plan estratégico; incorporar profesionales con conocimientos en herramientas de gestión y ampliar la vigilancia y control a sus cadenas de suministro.

Entre las entidades medioambientales, hay quienes no son tan optimistas. “Sin sanciones, esta directiva es más de lo mismo”, apunta Miguel Ángel Soto, responsable en Greenpeace de relaciones con el sector corporativo. Y coincide con el socio de ETL Global al asegurar que “mientras no se unifique desde Europa la política sancionadora, continuará la desigualdad y la competencia desleal”. Soto aprovecha para reclamar a las empresas “cambios estructurales en la forma de producir, en el transporte y financiación” y las exhorta a “reducir emisiones brutas en lugar de compensar”.

Reconoce, sin embargo, que en el marco de la responsabilidad social corporativa “las empresas quieren hacer cosas” y subraya “el potencial del voluntariado y su valor pedagógico en educación medioambiental de cara a la sociedad”. Un valor que destaca el estudio Voluntare. Cómo será el voluntariado Corporativo en 2022 , según el cual el 70% de las compañías mantienen o aumentan presupuesto y número de participantes este año.

Por parte de Ecologistas en Acción, su coordinador Luis Rico señala ese incremento en la sensibilización de los trabajadores, “porque la degradación medioambiental es cada vez más evidente” y urge a las compañías a “implementar cambios en los modelos de producción y consumo” porque si no “llegará el colapso ecológico”. Desde WWF España, que colabora en actividades de voluntariado medioambiental con empresas como Sanitas, Correos y diferentes eléctricas, Mayte Villeta, responsable de alianzas corporativas, asegura que “son cada vez más las empresas que quieren involucrar a sus empleados en sus estrategias de sostenibilidad”. Y habla de “movimiento bidireccional” porque “los empleados empiezan a exigir que sus empleadores caminen hacia el Pacto Verde”.

Una demanda iniciada por inversores y clientes y que para el 56% de los trabajadores es tan importante como la inclusión o diversidad, según el informe HP Workforce Sustainability Survey. “Las compañías están haciendo un esfuerzo de sensibilización, pero también deben de responder a unos empleados que les piden coherencia y no contradicción en su manera de actuar. Algo que ya está impactando en la contratación de nuevo talento”, concluye Ramón Pueyo.

Regular los abusos

Representantes de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), que engloba a 530 organizaciones, han registrado recientemente una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella exigen la aprobación inmediata de la Ley de Debida Diligencia sobre empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esta ley en fase de anteproyecto, exige a las empresas prevenir, mitigar y/o remediar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales que acarreen sus actuaciones en España y el Tercer Mundo.
A pesar de ser un texto “redactado y listo” estas organizaciones se quejan de “la falta de avance en sus trámites”, lo que supone “una pérdida de oportunidad para que España, en el contexto europeo, lidere el proceso de negociación del borrador”. Así, han instado al gobierno a una tramitación “sin dilación” para que la ley pueda ser aprobada antes del fin de esta legislatura.


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