EE UU quiere que las grandes empresas paguen el cambio climático

Ahí sigue el carbón. Los escépticos temen que el plan estadounidense de recurrir a los mercados voluntarios de carbono para acelerar la transición energética en los países pobres no sea más que un lavado ecológico. Pero si se hace de la forma correcta, podría ayudar a los mercados en desarrollo a cerrar uno de los mayores emisores de carbono del mundo: las centrales eléctricas alimentadas por carbón. El plan, conocido como el Acelerador de la Transición Energética (ATE), fue presentado esta semana en la conferencia COP27 de Naciones Unidas por John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el clima, en colaboración con la Fundación Rockefeller y la Bezos Earth Fund.

El premio es considerable. Elizabeth Yee, de la Fundación Rockefeller, afirma que sus modelos muestran que se podrían movilizar hasta 130.000 millones de dólares de aquí a 2030. Según la Agencia Internacional de la Energía, las centrales eléctricas de carbón producen cada año la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, más que ninguna otra fuente.

Los mercados voluntarios de carbono, donde las empresas obtienen créditos de emisión a cambio de canalizar dinero a los países pobres que reducen su producción de carbono, con frecuencia han estado plagados de fraudes y doble contabilidad. Muchos detractores creen que los países ricos tendrían que desembolsar ellos mismos el dinero para cerrar las centrales de carbón, o gravar a las empresas de combustibles fósiles para obtener ese dinero.

Lamentablemente, conseguir dinero adicional, sobre todo de EE UU, es difícil, y lo será aún más después de las elecciones al Congreso de esta semana. Por eso también tiene sentido conseguir aportaciones voluntarias de las grandes empresas para ayudar a cerrar las centrales de carbón, pero solo si reducen sus propias emisiones lo más rápido posible. Bank of America, Microsoft y PepsiCo han mostrado su interés.

Los socios del ATE han aprendido la lección tras los errores anteriores. Prometen que el dinero se empleará en los países que establezcan planes generales para la transición de sus sectores energéticos. Este enfoque “jurisdiccional” está pensado para impedir que surjan nuevas centrales de carbón donde se hayan cerrado. Nigeria y Chile quieren participar. Pero persisten las dudas. Una de ellas es que el ATE no ha establecido sus criterios sobre qué se considera una compensación. ¿Por qué no adherirse a los elevados criterios que está desarrollando la Iniciativa de Integridad de los Mercados de Carbono Voluntarios?

Otro motivo de preocupación es que el ATE prevé usar el dinero no solo para cerrar centrales de carbón, sino también para potenciar las renovables. Los países necesitan dinero barato para acelerar el despliegue de la energía solar y eólica. Ahora bien, construir una planta solar no reduce las emisiones en la misma medida que cerrar una planta de carbón.

Los socios del ATE reconocen que su plan no está perfilado del todo. Eso es bueno. Si hacen caso a las críticas constructivas, su plan podría ayudar a hacer realidad la aspiración de eliminar totalmente el carbón que se planteó en la anterior COP26.

PARA MÁS INFORMACIÓN: BREAKINGVIEWS.REUTERS.COM. Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción es responsabilidad de EL PAÍS