Un acuerdo histórico para el precio de la luz (con algunas sombras)

El pasado lunes, el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, cenó en Madrid con un centenar y medio de empresarios españoles y portugueses, miembros de instituciones y académicos. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Hispano Portuguesa y el Conselho da Diáspora Portuguesa, se celebró un día tan señalado como el 25 de abril, conmemoración de la Revolución de los Claveles. No se cantó Grândola, Vila Morena, pero los presentes escucharon a Rebelo de Sousa enfatizar la fraternidade entre los dos pueblos en materia social, cultural, económica y, sobre todo, energética.

Precisamente, mientras disertaba sobre ese asunto y otros de índole peninsular en un hotel de alto copete, los titulares de las carteras de Energía y Medio Ambiente de ambos países (Teresa Ribera, por España, y José Duarte Cordeiro, por Portugal) ultimaban en Bruselas la propuesta que iban a presentar el día siguiente a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para defender la “excepción ibérica” en el sistema de fijación de los precios de la electricidad. La península Ibérica sufre los perjuicios de la escasa conexión con el resto de Europa que la hace de facto ser una isla energética, motivo por el que los primeros ministros, Pedro Sánchez y António Costa, llevaron en marzo al Consejo Europeo la petición que ahora se ha convertido en acuerdo histórico y que Ribera y Duarte cerraron con Vestager.

En líneas gruesas consiste en limitar el precio del gas (y del carbón) en 50 euros de media por megavatio hora (MWh), empezando por 40 euros para luego subir progresivamente (en principio, Madrid y Lisboa proponían 30 euros de media) durante un año. Por otro lado, el precio peninsular será el mismo que se aplique a la energía que se produzca en la península y se exporte a Francia. De esta forma, se salva la posible discriminación de la que advirtieron los operadores del mercado ibérico, que subrayaron que se podía producir un riesgo regulatorio al establecerse dos subastas, una para el mercado interno y otra para la interconexión.

Los 50 euros de tope suponen que el precio medio diario de la electricidad no superará los 130/140 euros MWh (cada euro de gas supone unos 2,30 euros de electricidad por MWh). Es decir, para un hogar con tarifa regulada PVPC (10,5 millones de usuarios) y un consumo mensual de 292 kWh con 4,6 kW de potencia contratada, la factura se situaría en torno a los 85 euros al mes, frente a los 143 euros de marzo y los 100 de abril, aunque queda por encima de los 70 de abril de 2021, según la OCU.

Con esta medida se trata de poner freno al precio desbocado de la factura eléctrica y tranquilizar al consumidor ante la espiral inflacionista; pero el acuerdo arrastra polémicas y críticas. La asociación de consumidores, pese a que resalta el avance de la medida, la califica de parche que no ataja las disfunciones que crea el sistema marginalista utilizado en el sector eléctrico. Ante eso, esperan nuevas medidas estructurales. Por su parte, las compañías eléctricas, en lucha permanente desde que el Gobierno puso el ojo sobre ellas al recortar los beneficios extras obtenidos por vender al precio del gas la energía barata (renovable y nuclear), aseguran que crea inseguridad jurídica y se preguntan cómo se trasladará la rebaja a los consumidores. Para ello esperan a que se conozcan los detalles en el próximo Consejo de Ministros.

Habrá que aclarar algunos extremos. Ocurre que las centrales que usan gas seguirán pagando el precio del mercado, que ahora supera los 200 euros MWh, y tienen que seguir funcionando (hoy cubren entre el 20% y el 30% del mercado). Es decir, se produce un diferencial que alguien tendrá que cubrir. Fuentes del Gobierno aseguran que no irá vía Presupuestos y que se cargará al sistema. La pregunta es si eso quiere decir que se incluirá en la tarifa como un cargo más junto al transporte, el déficit de tarifa, los costes extrapeninsulares o las primas a renovables.

El Ejecutivo tendrá que explicar cómo se cubre. Según Ribera, lo pagarán los mismos consumidores que se benefician de la medida. “No queremos cargar el sistema con nuevos costes y debemos pagar lo que consumimos. Pagaremos los que nos beneficiamos del ajuste en función de la energía que consumimos, y aun así pagaremos menos. Incluso los consumidores con contratos a largo plazo sólo verán actualizado el precio cuando se produzca una revisión del contrato”, ha subrayado la vicepresidenta, cuya conclusión es que con lo que se reduce el precio es suficiente para pagar el ajuste y obtener un beneficio.