El Gobierno incluirá por primera vez metas de reducción de pobreza y desigualdad en el cuadro macroeconómico
Economía elevará este martes al 2,9% la previsión de crecimiento para este año y presentará en sus previsiones un indicador de lucha contra la brecha de ingresos


La salud de la economía va mucho más allá de lo que refleja la tasa de crecimiento, el indicador más empleado para medir el vigor económico de los países. Consciente de que el dato resulta insuficiente para evaluar si el bienestar repercute en todas las capas de la población, el Gobierno va a incluir por primera vez indicadores de pobreza y desigualdad en el cuadro macroeconómico. Ese documento, que recoge las perspectivas de crecimiento, empleo y comportamiento de los precios en los próximos años, se actualizará este martes para incluir una revisión al alza del crecimiento económico de 2025 (del 2,7% previsto hasta ahora al 2,9%), pero también para incorporar un indicador de reducción de las desigualdades entre las metas macroeconómicas que establece el Ejecutivo.
La economía española crece más que la de los vecinos europeos y sus cimientos resultan más sólidos que hace unos años. El producto interior bruto (PIB) avanzó un 3,5% en 2024 y en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible, la mejora interanual fue del 2,8%, tras el 3,1% y el 3,0% del primer y segundo trimestre. Con esa evolución, el Ejecutivo calcula que resulta prudente pronosticar un avance interanual del 2,9% en la economía para el conjunto de este año, según explican a EL PAÍS fuentes gubernamentales, en línea con el experimentado en el acumulado de los tres primeros trimestres. La actualización oficial se hará un día después de que la Comisión Europea presente este lunes sus previsiones de otoño, que previsiblemente también mejorarán ese horizonte.
Más allá de esa mejora, en línea con las que ya han realizado diferentes casas de análisis en las últimas semanas, el Ejecutivo introducirá una novedad de calado en el cuadro macro. Porque esos datos esconden zonas de sombra. Algunos de los indicadores de pobreza y desigualdad más empleados por los investigadores no lucen tan favorables en los niveles de pobreza y desigualdad, a pesar de la mejora general del empleo y de los salarios en España. Desde este martes, cuando el Consejo de Ministros presente el nuevo cuadro macroeconómico con las previsiones más actualizadas hasta 2028, el Gobierno dispondrá de un nuevo indicador que en adelante tendrá en cuenta para elaborar sus políticas. Se trata de fijar unas ratios de desigualdad y pobreza que permitirán evaluar la evolución “de este objetivo prioritario para el Gobierno, que es que el fuerte crecimiento de la economía llegue a todos”, apuntan las fuentes consultadas.
El Ejecutivo está ultimando los datos que empleará para elaborar este indicador que permita fijar previsiones de pobreza y desigualdad a corto y medio plazo. A la espera de conocer los números del cuadro macro, los últimos datos publicados en ese ámbito no son del todo alentadores. La estadística más reciente de Eurostat sobre pobreza persistente revela que el 13,6% de la población la sufrió en 2024, lo que empeora en más de dos puntos el dato de 2023 (que era el mejor en 15 años), aunque sigue suponiendo un avance desde el 17,7% al que se disparó con la pandemia. Si se toman solo los trabajadores, el riesgo general de pobreza en España afectó al 11%, el tercer peor registro del club comunitario, pero el mejor dato español en más de una década, según la agencia estadística europea.
Algo más favorable, el índice Gini, que mide la distribución de la renta entre los habitantes con una metodología que otorga a cada país un valor entre cero y 100 —cero correspondería a una situación en la que todos los ciudadanos tuvieran los mismos ingresos y 100, si una sola persona aglutinase todas las rentas—, atribuye a España un valor de 31,2 en 2024, con mayor desequilibrio que la media de la zona euro y de la UE. Salvo una excepción en 2020, el indicador arroja pequeñas mejoras en España desde 2015.
Un análisis diferente, el de la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), también refleja una pequeña mejora en el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social: en 2024 se situó en el 25,8%, frente al 26,5% de 2023. Aun así, son porcentajes muy elevados que impulsan a adoptar medidas para reducir la brecha entre quienes no llegan a finales de mes y el porcentaje de población más rico. Y conviven con un incremento casi ininterrumpido en la renta media por hogar registrado desde 2016, lo que revela mejoras importantes en determinadas capas sociales que no se producen entre las más desfavorecidas.
Con esa remodelación del cuadro macro para incluir estos objetivos, el Gobierno pretende imponerse un mandato “de autodisciplina”, según argumentan las fuentes consultadas por este diario. La mayor precariedad que experimentan hoy colectivos de población que tienen empleo, pero con salarios bajos, y las crecientes dificultades para acceder a la vivienda sumen a algunos colectivos en la pobreza, mientras otros mejoran con fuerza. La combinación de ambas realidades arroja un crecimiento del PIB, pero el porcentaje en sí resulta limitado para medir el éxito de la política económica.
Al Ejecutivo le incomoda que estas estadísticas se interpreten en ocasiones como la evaluación más rigurosa de su labor en la lucha contra las desigualdades. Y reivindica medidas contundentes como la mejora del salario mínimo y la introducción del ingreso mínimo vital como elementos clave en la mejora de la situación de los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, el Gobierno es consciente del aumento de los desequilibrios de rentas y de la corriente internacional que alerta de la necesidad de dar prioridad a esta realidad e insta a crear indicadores fiables que la midan.
Con ese objetivo, un grupo de 500 economistas y expertos en desigualdad pidieron por carta el pasado viernes a los dirigentes mundiales que elaboren un indicador específico de desigualdad, inspirado en el panel intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que se usa como referencia en la lucha contra el calentamiento global. Los firmantes, entre los que figuran la exsecretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen y dos de los principales teóricos mundiales de la desigualdad (los franceses Thomas Piketty y Gabriel Zucman), abogan por dar rango institucional a ese combate contra los desequilibrios de ingresos para comprometer a los Estados. El documento se hacía eco de la recomendación del reciente informe del G-20 sobre desigualdad mundial, el primero específico sobre la materia que hace este grupo que aúna a las economías más ricas con las que están en desarrollo, y que elaboró el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
Más allá de los objetivos de pobreza y desigualdad, el cuadro macro, que sirve también como primera piedra para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, corregirá levemente al alza el dato de crecimiento económico previsto para este año, con más dudas respecto a los cambios para 2026. En septiembre, última actualización de este cuadro, se contemplaban unas cifras del 2,7% para 2025 y del 2,2% para el próximo año. Muchos expertos han proyectado ya subidas superiores, teniendo en cuenta que, aunque ha desacelerado respecto al trimestre anterior, la economía registra un avance del 2,8% hasta septiembre, a la espera de conocer el comportamiento en la recta final del año.
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