Los consejeros de vivienda de Cataluña y el País Vasco piden a Europa políticas estructurales y de financiación para VPO

Los consejeros de vivienda de los gobiernos catalán y vasco han presentado este martes en Barcelona un decálogo conjunto “por una política europea estructural de vivienda” que, entre otras cuestiones, pide que las inversiones en vivienda de protección oficial (VPO, sean de suelo, construcción o rehabilitación) estén fuera de las estrictas reglas de gasto que no permiten aumentar el déficit. El decálogo también reclama financiación a largo plazo y con bajo interés al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para construir o rehabilitar vivienda. La presentación de la iniciativa, han explicado Sílvia Paneque y Denis Itxaso, ambos socialistas, se enmarca en el periodo de consultas que mantiene abierto el primer comisario de vivienda que tiene la Comisión Europea, el danés Dan Jørgensen, en vistas a la redacción de un Plan Europeo de Vivienda que está previsto para 2026.

Generaliatat y Gobierno Vasco han destacado que la iniciativa es “inédita en el Estado Español por su ambición, su enfoque estructural y la confluencia de dos administraciones líderes en políticas públicas de vivienda”. La idea de una declaración conjunta está en la línea de la iniciativa Mayors for Housing, que impulsó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que agrupa a una quincena de ciudades europeas que exigen fondos directos para resolver el que, tanto en Cataluña como en la capital catalana, es el principal problema para los ciudadanos.

El espíritu del decálogo presentado comienza por el título, la palabra “estructural” que las dos administraciones exigen prácticamente en cada punto. Así, el documento insta a que las políticas de vivienda pública se sitúen en el centro de las políticas de bienestar, que Europa tenga criterios compartidos en indicadores y evaluación del sector, un marco flexible en urbanismo, suelo y vivienda, “fondos con un salto financiero relevante”, y que se priorice la función social de la vivienda, con regulación de prácticas que tienen impacto en las ciudades y la vida de sus vecinos. Entre otras, el decálogo también habla de luchar contra la despoblación de zonas rurales y de situar a la juventud en el centro de todas estas políticas.

Como anfitriona del encuentro entre los dos consejeros y de la presentación del decálogo, la consejera catalana, Sílvia Paneque, ha señalado que los problemas de acceso a la vivienda se producen en toda Europa, de ahí la necesidad de recetas comunes. “La dificultad de acceso a la vivienda se ha aprovechado por parte de movimientos populistas, es uno de los principales retos sociales que tenemos”, ha alertado. Denis Itxaso, a su turno, ha apuntado a la oportunidad de hacer llegar demandas al primer comisario de vivienda, y ha insistido mucho en que el planteamiento de las políticas de vivienda sea “estructural”, que se mantengan más allá de gobiernos. Itxaso ha recordado que ciudades que son faro por sus políticas de vivienda, como Viena (Austria), llevan décadas de inversión en su parque público.

Ambos han coincidido en resaltar que la vivienda es el principal vector de desigualdad en este momento y han apuntado a “la brecha entre colectivos vulnerables y sectores de la población que utilizan la vivienda como activo financiero”, o “entre inquilinos y propietarios”. De ahí la apuesta porque cualquier territorio aumente su parque de vivienda social y la petición de “equiparar la inversión en vivienda a otros recursos estratégicos” que no se ven “penalizados” por las rígidas reglas de gasto público.

En Cataluña, el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de 2024 se fija el objetivo de conseguir en 20 años que un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. Para ello, el president Salvador Illa presentó hace un año su plan para aumentar en 50.000 los pisos de alquiler protegido; y la semana pasada anunció un segundo plan para movilizar suelo e impulsar hasta 210.000 nuevos pisos, un 40% para políticas sociales.

En Euskadi, el Pacto Social para la Vivienda fija un horizonte con dos metas: alcanzar un parque público de alquiler asequible que alcance el 5% de las viviendas principales en 2036 (50.000 pisos) y consolidar una reserva de VPO permanente del 12% del parque principal (116.000).