El auge de la vivienda protegida: se construyeron un 62% más de VPO en 2024 hasta alcanzar el máximo en 10 años

La construcción de vivienda protegida (VPO) ha experimentado en 2024 su mayor crecimiento en un decenio. Según los últimos datos oficiales, publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, el año pasado se terminaron en España 14.371 casas de esta tipología, lo que supone un incremento del 62% respecto a 2023, cuando se registraron 8.847. Es la cifra más alta desde 2014 y, sin embargo, sigue siendo insuficiente frente al déficit estructural que arrastra el país y frente al objetivo del Ejecutivo de hacer de este tipo de inmuebles uno de los pilares para garantizar alquileres asequibles. En un contexto de precios disparados y acceso limitado a una casa para amplias capas de la población, este avance, aunque relevante, es apenas un parche, según los analistas consultados. Además, solo un cuarto se ha dedicado al alquiler, pese a que ahí se concentra el problema de accesibilidad del mercado inmobiliario.

El repunte tiene varias lecturas. Por un lado, refleja el esfuerzo de las administraciones (Estado y comunidades autónomas) por reactivar la producción de vivienda protegida (se denominan así porque son construidas con recursos públicos y con un precio máximo de venta o alquiler fijado por la Administración), un tipo de promoción que en España cayó en picado tras la crisis financiera de 2008 ―en los años del boom inmobiliario se llegaron a construir cerca de 70.000 casas de este tipo― y que, salvo tímidos repuntes, se ha mantenido en niveles bajos desde entonces. Por otro, evidencia que la respuesta institucional llega con retraso frente a una demanda social cada vez más apremiante. El volumen de construcción de 2024, aunque notable en términos relativos, palidece frente a las necesidades del país, que necesita construir hasta 1,8 millones de viviendas sociales y asequibles para paliar el déficit actual y moderar las tensiones en el mercado inmobiliario, según estimaciones de think tanks nacionales. Además, el impulso de este tipo de construcciones no es homogéneo. Hay comunidades que cerraron el año sin edificar una sola casa de protección oficial; ese es el caso de La Rioja, Murcia y Cantabria. Por su parte, Galicia solo contabilizó cinco unidades.

Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Estudios Financieros de Funcas, reconoce que se trata de un “muy buen dato”, pero recuerda que el país parte de “niveles bajísimos” tras más de “un cuarto de siglo sin una política de vivienda real”. Esta falta de impulso por parte de las Administraciones es lo que ha ocasionado el déficit actual, y aunque en los últimos años “se ha tomado conciencia por parte de las administraciones, aún estamos lejos y harán falta muchos años de crecimiento sostenido para revertir la situación actual”, apunta. José García Montalvo, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, es más crítico con la cifra e insiste en que se ha “perdido la perspectiva” de lo que significa un buen ritmo de edificación. Recuerda que antes de 2014 el país construía más de 50.000 casas protegidas cada año, por lo que en una perspectiva histórica larga el volumen actual es mínimo. En cualquier caso, el lado positivo es que ambos consideran que no se trata de una mejora puntual, sino estructural, por lo que en los próximos años la cifra aumentará.

Más preocupante que la falta de oferta es la distribución interna de estas nuevas viviendas protegidas, según insisten los expertos. De las 14.371 unidades construidas, el 41% corresponde a promociones en régimen de propiedad (5.884 viviendas), mientras que solo un 26% (3.683 unidades) se destinaron a alquiler sin opción a compra. El 33% restante (4.771 viviendas) se repartió entre regímenes mixtos u otras fórmulas. Este desequilibrio revela una asignatura pendiente que España no logra aprobar: el fortalecimiento de un parque público en alquiler, que es la política por la que la mayoría de Administraciones y expertos apuestan para paliar los problemas de accesibilidad al mercado inmobiliario. Durante décadas, gobiernos de distinto signo han incentivado la cultura de la propiedad. Como consecuencia, muchas de las VPO que figuraban en el parque se vendieron a sus inquilinos tras periodos de calificación limitada, alimentando así la oferta privada en lugar de consolidar un parque público permanente.

“España está a la cola en Europa en accesibilidad a una vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque el parque social de este tipo es muy pequeño. No se entiende que el país siga promocionando la vivienda protegida en venta cuando se sabe que el problema no está ahí”, insiste Montalvo. El analista pone de ejemplo al País Vasco, donde hace años se tomó la decisión de volcar sus esfuerzos en ampliar el porcentaje de pisos oficiales en arrendamiento. Por su parte, Carbó considera que la apuesta por los inmuebles en propiedad se debe a que “las personas prefieren activos para su futuro, es decir, tener algo que al final sea suyo”. Pero la cuestión de fondo es que el modelo español sigue priorizando el modelo en propiedad, a diferencia de sus vecinos. Al respecto, un estudio de la Universitat Pompeu Fabra, publicado en 2022, indicaba que en “un país europeo estándar” el incremento desmedido del precio en los alquileres se aborda con más oferta pública. Sin embargo, en España solo el 2,5% de los hogares son de precio protegido, muy por debajo del 9,3% de media en la UE y aún más lejos del 20% de Dinamarca o el Reino Unido.

Las estadísticas de Vivienda arrojan que, el año pasado, solo hubo una comunidad autónoma que dedicó casi toda la totalidad de la vivienda pública construida al régimen de alquiler sin opción a compra: Islas Baleares, con un 83% sobre las 236 casas protegidas contabilizadas. Le siguió Navarra, con el 49% sobre el total de 277 VPO registradas. Cataluña, Madrid y el País Vasco rondaron la media nacional, con un 30%, 28% y 27%, respectivamente.